A prueba.

Javier Risco.

Hace varios meses, cuando Andrés Manuel López Obrador presentó la figura de los superdelegados, empezaron las especulaciones. Para muchos era un maquiavélico plan para enfilar a los próximos gobernadores; estas figuras estarían por encima de la figura del gobernador y, concentradores de presupuesto, se convertirían en cajeros automáticos capaces de operar obras de infraestructura y programas sociales. Se escribió mucho de los tentáculos de poder del Presidente en cada uno de los estados.

En la primera Conferencia Nacional de Gobernadores pusieron el grito en el cielo, protestaron sobre esta figura, incluso dijeron que no era posible que se encargaran de la seguridad estatal, que no les correspondía; López Obrador dijo que no se preocuparan, que ellos, los gobernadores, seguirían coordinando las tareas de seguridad. En aquel entonces todos lo vieron como la primera gran victoria de los gobernadores sobre el Ejecutivo. Nada más alejado.

Por aquellos meses hablé con una fuente que conoce a López Obrador como la palma de su mano. Cercano a él desde hace décadas, me dijo que la prensa y la oposición estaban “teorizando de más sobre la figura presidencial”; argumentaba que Andrés tenía decisiones mucho más sencillas que las que varios sesudos columnistas plantean en sus espacios. Para él, la figura de los superdelegados se reducía “a una lista de personajes intrascendentes en los cuales López Obrador confiaba y donde podía delegar tareas específicas de presupuesto”, nada más. No se trataba de próximos gobernadores, sino de peones con dinero; me pidió que subrayara de la lista de superdelegados a figuras trascendentes de la política nacional, en aquel entonces detecté menos de cinco.

Hasta el momento, los superdelegados no han sido noticia, en realidad han pasado como funcionarios que cinco meses después poco han operado, pero independientemente de su poder práctico o como “peones con dinero”, lo publicado ayer en Mexicanos Contra la Corrupción nos muestra una fotografía nítida de que tal vez el Ejecutivo no hizo su tarea al elegir a ciudadanos con un historial impecable en materia de transparencia.

De acuerdo con un reportaje publicado por las periodistas Valeria Durán y Laura Sánchez, Carlos Lomelí Bolaños, superdelegado de Morena en Jalisco, es el centro de un imperio de farmacéuticas: “Familiares y colaboradores de Carlos Lomelí Bolaños, forman parte de una red de empresas que venden medicamentos a gobiernos. Esas compañías ya han recibido contratos de la actual administración federal por un monto de más de 164 millones de pesos. Y quienes han fungido como socios y apoderados de las mismas, han participado también, incluso simultáneamente, en las farmacéuticas que Lomelí reconoce como suyas. Además, las compañías han competido entre sí en al menos una licitación, han sido denunciadas por vender medicamento falso y por sobreprecios. Esta red comparte otra cosa con las factorías del funcionario: según documentos oficiales, varias están ubicadas en predios que pertenecen al morenista”. El reportaje también destaca que de las nueve compañías, sólo cuatro fueron reconocidas por el superdelegado en su declaración tres de tres.

La historia otra vez nos cuenta cómo alguien cercano al Presidente, con la responsabilidad de ser los ojos del Ejecutivo en Jalisco, se beneficia del gobierno en el que trabaja. Cuesta trabajo creer que el Presidente no conocía los alcances de este empresario farmacéutico. Hoy queda expuesto gracias al buen periodismo, y una vez más López Obrador está a prueba para saber si al menos investigará lo señalado por Mexicanos Contra la Corrupción o, como ha pasado en otras ocasiones, señalará a los periodistas como parte de la mafia del poder.