Por Dulce
Olvera.
Una persona
con discapacidad se acercó al Presidente Andrés Manuel López Obrador durante su
visita a Guadalajara, Jalisco, para la entrega de Programas Integrales de
Bienestar.
–Ayúdenme,
mire cómo estoy– le comentó.
–¿Ya te
censaron? –le cuestionó el mandatario, a quien, es sus palabras, la escena “le
partió el alma”.
–Sí, ya me
censaron, pero ¿cuándo va a llegar la ayuda? –le cuestionó.
El
Presidente jaló al delegado en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, ex candidato a
la gubernatura del estado por Morena. El Gobierno federal estableció a 32
delegados que coordinan los programas federales con los gobiernos locales y
encabezan un “minigabinete” de subdelegados de seguridad, economía,
comunicaciones y transportes, y de bienestar en cada entidad.
–Ven y
escucha esto. En vez de estar diciendo que en Jalisco, en Puebla, en Tabasco o
en Chiapas hay pleitos y platicándome de la politiquería, en vez de eso, lo que
me importa es que se termine el censo, lo que me importa es que pronto se
resuelva el apoyo a la gente –le dijo López Obrador, de acuerdo con lo que el mismo
Presidente narró al día siguiente en el mitin de Puebla celebrado también para
la entrega de apoyos sociales.
Frente a los
asistentes al mitin, el Presidente dirigió un mensaje a los delegados: “Aquí
hay que trabajar 16 horas diarias por el pueblo, para que entre más pronto
podamos implementar todos los programas, más beneficios para la gente”.
En diciembre
López Obrador ya había reprendido también al delegado de Nayarit Manuel
Peraza Segovia por no tener listo el censo de los afectados por el huracán
Willa.
SANCIONES,
NEPOTISMO, CHAPULINES…
La Secretaría
de la Función Pública investiga al delegado de Jalisco Carlos Lomelí. El
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes pasado que si está
implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado e incluso expulsado del
Gobierno federal.
La
organización Mexicanos contra la Corrupción reveló que familiares y
colaboradores de Lomelí Bolaños forman parte de una red de empresas que venden
medicamentos a gobiernos. Esas compañías, algunas denunciadas por vender
medicamento falso y por sobreprecios, ya han recibido contratos de la actual
administración federal por un monto de más de 164 millones de pesos.
Además, en
2008 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubicó a su empresa Lomedic
por presuntos vínculos con el ex cártel de los Amezcua Contreras. En 2017, la
misma dependencia registró a otra de sus empresas, Servicios Educativos y de
Negocios, por estar presuntamente relacionada con la organización criminal
operada por Raúl Flores Hernández, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
El diario
Reforma también informó que Lomelí ha obtenido en 13 años contratos por
siete mil millones de pesos en 17 estados a través de 21 compañías, y sus
familiares-socios que están en esta red empresarial también ocupan cargos de
elección popular, sobre todo en Jalisco.
Guillermo
Novelo Solís es delegado en Durango, a pesar de que en 2018 la Comisión de
Honestidad de Morena lo sancionó por dos años porque simuló un proceso de
elección interna en 2015, además de manipular actas del partido. Esta Comisión
interna también sancionó por medio año al delegado en San Luis Potosí Gabino
Morales Mendoza por violencia de género contra una funcionaria pública.
Cuando era
dirigente de Morena Hidalgo en 2018, el ahora delegado Abraham Mendoza
Zenteno fue señalado por consejeros morenistas de permitir entrar al partido a
Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo La Sosa Nostra, que controla a la
Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH).
Además, hay
chapulines que brincaron del PRI, PRD o PAN y cinco que en elecciones pasadas
de 2015, 2017 o 2018 intentaron ser Gobernadores del estado que ahora coordinan
por parte del gobierno federal: Víctor Manuel Cosío en Baja California Sur;
Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México; Miguel Ángel Navarro Quintero en
Nayarit; Joaquín Díaz Mena en Yucatán; y Pablo Sandoval Ballesteros en
Guerrero, hermano de la Secretaria de la Función Pública Irma Sandoval.
Otros
familiares de la “4T” es el delegado en Puebla, Rodrigo Abdalá Dartigues,
sobrino del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett
Díaz; y la delegada en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, cuñada del coordinador
de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.
Y el ex
delegado y recién candidato ganador a la gubernatura de Baja California, el
empresario Jaime Bonilla Valdez, es acusado de gestionar a favor de una
compañía.
Después de
ser uno de los cinco directores de Agua de Otay, en San Diego, California, y
Diputado del Partido del Trabajo en 2012, Consolidated Water Company pudo
lucrar con agua potable de Baja California, de acuerdo con el periodista
Ricardo Ravelo que cita una investigación de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
CRÍTICA
CONTRA SUPERDELEGADOS.
Desde su
anuncio, la figura de los “superdelegados” del Gobierno federal ha estado
sujeta a cuestionamientos de la oposición y del sector empresarial por sus
posibles “fines político-electorales”, implicar “un retroceso” contra el
federalismo y la división de poderes, además de ser blanco de recursos de inconstitucionalidad
por su posible injerencia en la administración de los gobiernos estatales.
Antes de
tomar el cargo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió el sábado
11 de agosto con los 32 delegados del Gobierno federal, dirigidos por Gabriel
García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo,
dependiente a la Oficina de Presidencia, a quienes encargó la entrega directa
con una tarjeta bancaria de pensiones, becas y otros apoyos económicos.
El
levantamiento del Censo de Bienestar arrancó en octubre por 20 mil “servidores
de la nación” que casa por casa preguntaron las necesidades de los mexicanos
para designarles un programa social. Quedó listo en mayo, luego de cuatro meses
de retraso.
Desde
noviembre el Congreso aprobó la minuta para reformar la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Bienestar, y la
figura de un coordinador estatal para sustituir a los delegados estatales que
existían por cada Secretaría de Estado.
El dictamen
legislativo documentó que operaban 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y
oficinas de representación de las diversas dependencias y entidades de la
administración pública federal. Pero en el marco de la austeridad, detalló el
Presidente, como había “hasta 30 o 40 delegados en las Secretarías del Gobierno
federal” hubo una reestructura que generó cientos de despidos a empleados de
confianza y un ahorro por 15 mil millones de pesos.
Quedó por
estado un solo coordinador y cuatro subcoordinadores para el Gabinete de
Seguridad y Gobierno, el Gabinete de Hacienda y Desarrollo Económico, el
Gabinete de Energía y Comunicaciones y Transportes, y el Gabinete de Bienestar:
266 coordinaciones para las regiones y municipios, y ocho mil Centros
Integradores de Servicio para acercar los apoyos a las cabeceras municipales
particularmente retiradas.
“La
designación de Coordinadores Estatales supondría una involución en la solidez
del sistema federal, debilitando los equilibrios y los contrapesos en la
relación de los gobiernos estatales y municipales con la Federación. Es
irrefutable que el país necesita de gobiernos locales y municipales fuertes,
pues en esos órdenes de gobierno es donde pueden potenciarse las capacidades
para identificar las necesidades de la población y contar con las mejores
aptitudes para atenderlas a través de la tarea de gobierno”, cuestionó la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Previo a la
jornada electoral del domingo pasado, el presidente de Acción Nacional, Marko
Cortés, informó que se presentó una demanda ante la Fiscalía Especializada para
la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y una queja ante el Instituto
Nacional Electoral (INE) contra la Secretaria del Bienestar, María Luisa
Albores, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el partido
Morena y quien resulte responsable, por la entrega discrecional de tarjetas del
Bienestar por parte de delegados en los seis estados donde hubo elecciones.
“Se están
usando los recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena. En el
caso de Baja California, un delegado de Financiera Rural fue captado en un
video junto con el candidato a Gobernador ofreciendo programas federales a
cambio del apoyo del candidato. Tanto fue así que tuvo que renunciar de
delegado”, aseguró desde Aguascalientes, entidad blanquiazul.
“Nadie
ignora que nosotros nos enfrentamos a un Presidente de la República cuya
prioridad es construir un aparato electoral en lugar de resolver los problemas
que vive México”, agregó en rueda de prensa.
Respecto
a la responsabilidad de los delegados en seguridad pública, en noviembre doce
gobernadores encabezados por el de Chihuahua, Javier Corral Jurado,
manifestaron en una carta que la colaboración con el Gobierno federal no
implica “sometimiento” de las autoridades locales legítimamente elegidas por la
ciudadanía ni imposiciones desde el centro del poder.
“La colaboración en materia de seguridad debe
ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla contra
componentes y fines político-electorales”, expuso la misiva firmada por los
gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
Tamaulipas y Yucatán.
“Nos
sorprende la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a la figura de
los llamados ‘Coordinadores estatales’ del Gobierno federal y colocar a los
gobernadores y fiscales como meros invitados. Ese desdén es inaceptable para
nosotros”.
El 4 de
diciembre ya como Presidente de la República, López Obrador sostuvo una reunión
con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), respecto a las
facultades de seguridad a los delegados. Pero siguen contando con un
subcoordinador de Seguridad.
En enero
legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento
Ciudadano (MC) promovieron recursos de inconstitucionalidad contra esta Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal por los super-delegados y en
febrero, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo, también presentó
una controversia contra esa figura.
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