El costo criminal de la austeridad.

Raymundo Riva Palacio.

El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo galvanizó la zozobra en la Ciudad de México por los altos índices de criminalidad. Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, ha dicho que las cifras crecientes de violencia se magnifican porque en la anterior administración se habían “maquillado”, y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a arroparla el martes, convirtiéndola en víctima de “grandulones abusivos” –que no identificó–, mientras la sociedad seguía llorando a Norberto. Algo está muy mal en esta díada de la retórica contra realidad, el eterno dilema de la cuarta transformación. Los datos, sin embargo, son alarmantes.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el secuestro, el detonante de la inquietud en la capital federal, bastión de López Obrador, se elevó 271 por ciento en el primer cuatrimestre de este año, superando casi 10 veces el promedio nacional. Vivimos el peor momento desde 2009, al haber subido los secuestros de 1.5 por mes en el primer cuatrimestre de 2018, a 6.5 en el mismo periodo de 2019. Lamentablemente no es el único delito descontrolado.

En la edición de Eje Central que circula a partir de hoy, se registra que de diciembre del año pasado a abril de 2019, las mayores tasas de crecimiento delictivo son robos a transporte público, transporte individual, robos a casas, a negocios y a transeúntes, considerados como robos patrimoniales. Pero en homicidios dolosos, como en secuestros, las tasas son inverosímiles. Las tres alcaldías que más altos índices tienen son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde el incremento de ese tipo de homicidios fue de 165, 162 y 157 por ciento. En el resto de la capital el aumento fue de 100 por ciento, en promedio.

Sheinbaum tiene un problema con su equipo de seguridad y se anticipan cambios para la próxima semana. Sin embargo, hay otros factores ajenos al fenómeno de la violencia que inciden en la inseguridad. Por un lado, el recorte presupuestal draconiano que impuso el gobierno de López Obrador. Los fondos para seguridad pública en la Ciudad de México se redujeron 53 por ciento, y las alcaldías con mayor disminución, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, son donde mayor número de secuestros se ha registrado. Por el otro, la coincidencia en el crecimiento de la incidencia delictiva con el nivel de desempleo creciente (5.3 por ciento de diciembre a marzo) y la pérdida de poder adquisitivo, ante la disminución de salarios en la administración pública y los despidos.

Se puede plantear como hipótesis de trabajo que la externalidad de la austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador, ha tenido un alto costo en materia de seguridad y los crecientes índices delictivos. No puede ser asumido como el único factor, porque también existe la larga curva de aprendizaje del equipo de seguridad de Sheinbaum, que llevó a decisiones estratégicas fallidas, como la disminución de patrullajes en la Ciudad de México, la cancelación de unidades móviles de policía –internamente le dijeron a los policías que no servían para nada– y al despido masivo de jefes policiales, bajo la concepción, imbuida desde la Presidencia, que todo el pasado era corrupto y había que erradicarlo.

En cualquier caso el tipo de delito que ha subido exponencialmente es el patrimonial, o secuestros como el del joven Ronquillo, que tiene una tipología que imita el método de un secuestro exprés, que siempre se ha asociado con necesidades económicas en la sociedad. La desaceleración general de la economía ha provocado que las actividades productivas tengan un atorón, por lo que las empresas han tenido que recortar sus costos laborales, añadiendo presión a la tasa de desempleo, al no absorber personal despedido del gobierno central. En el caso de la Ciudad de México, decisiones de la jefa de Gobierno, como parar la industria de la construcción, no sólo impactaron en todo el conjunto de la economía capitalina, sino que provocó desempleo en estados colindantes de la capital.

Luchar contra la corrupción y los excesos es una política necesaria como principio, pero a la luz de los resultados su instrumentación ha sido un desastre. Reducir a rajatabla los presupuestos en materia de seguridad trasciende a la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda recortó 3.8 por ciento el presupuesto dedicado a la seguridad pública en el país, que incluso ya había sido aprobado. La necesidad de ajustar el gasto por todos lados para transferir recursos al plan de rescate financiero de Pemex, sin afectar los programas prioritarios del Presidente –tren maya, Santa Lucía y Dos Bocas–, han llevado al gobierno a una contradicción de la cual no se ve cómo va a salir. Presiones adicionales tendrá en los próximos 45 días al tratar de reducir significativamente el flujo migratorio, con el respaldo de seis mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.

Si en estos momentos esa fuerza significa el 40 por ciento del total de elementos de la Guardia Nacional, ¿qué sucederá en el territorio que vigilaban previamente? Los índices de violencia y crimen seguirán subiendo. La Ciudad de México es el microcosmos que tiene que ver el presidente López Obrador para convencerse de que su política de austeridad sin matices, aunque correcta en concepto y visión, tiene costos muy altos al carecer de una planeación estratégica, lo que ha llevado a la deshidratación del gobierno.

El problema, como se aprecia en la capital federal, es que su intransigencia está costando más vidas, más violencia, más inseguridad, más incertidumbre y más miedo. El camino es equivocado en su diseño y debe modificarlo porque ni él ni el país irán así a ningún lado.