Julio Astillero.
Doce
palabras pronunció el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú: Dijo el Presidente por la mañana eso, yo no estoy de acuerdo.
Se refería el afamado ingeniero y universitario a la postulación andresina de
que son corruptos quienes promueven amparos del Poder Judicial federal contra
las obras aeroportuarias que se pretenden realizar en la base militar de Santa Lucía.
No es un asunto menor que el titular de la SCT disienta de quien lo puso en el
cargo, pues en ese punto, el de los corruptos que aspiraban a ser beneficiarios
del proyecto original en Texcoco, ha descansado buena parte del discurso
defensivo y ofensivo del político tabasqueño.
No es la
primera ocasión en que un miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador
se manifiesta contra la posición de su jefe: la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, dijo en su momento que estaba en contra de la reducción de
salarios y prestaciones a los miembros del Poder Judicial de la Federación (al
que pertenece, como ministra en retiro), reducción que categóricamente
demandaba el Presidente de México.
Sin embargo,
la dimensión del diferendo es mayor en el caso aéreo que en el judicial. La
profusión de solicitudes de amparo respecto a los casos Santa Lucía (para que
no se inicien los trabajos de construcción) y Texcoco (para que no se ahogue en
agua lo estructuralmente avanzado en cuanto a un nuevo aeropuerto) entraña una
calculada pretensión de entrampar el curso del gobierno obradorista y someterlo
a un multiplicable freno jurídico en cuanto tema les parezca impugnable a las
fuerzas políticas y económicas que no han encontrado una vía política y electoral
para enfrentar ese obradorismo aún sumamente fuerte en términos de aceptación
popular.
En términos
formales es indiscutible que asiste a cualquier ciudadano el legítimo derecho
de inconformarse frente a actos de poder que le parezcan lesivos a su interés
particular o al social. Ese derecho puede ejercerse hasta la saciedad e incluso
en términos que puedan parecer excesivos. La ley indica y reconoce ese derecho
y lo regula para que se cumpla a través de las vías judiciales establecidas,
que pueden aceptar o rechazar las pretensiones de los demandantes. Aunque
fueran mal intencionadas o políticamente sesgadas o tendenciosas las
recurrencias de, por ejemplo, los ciudadanos Claudio X. González (directivo y
mecenas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y Gustavo de Hoyos
(presidente de Coparmex y flagrante 3P: presunto precandidato presidencial
2024), tienen pleno derecho a solicitar amparos y a generar cuantas incidencias
judiciales crean adecuadas a su parecer.
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