Por Arturo Ángel.
Un año
después de que una jueza en Veracruz girara una orden de aprehensión contra
Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, el gobierno de México
entregó a Guatemala la solicitud formal para que dicho gobierno autorice la
ejecución de esa orden, y así proceder penalmente contra el exgobernador
veracruzano por este delito catalogado como de lesa humanidad.
El
permiso de Guatemala es forzoso para que el caso avance ya que cuando Duarte
fue extraditado desde ese país a México, fue solo por hechos de corrupción y
lavado de dinero. El
tratado de extradición entre ambos países establece que si, a la postre, se
quiere proceder en contra de un extraditado por un nuevo delito, se tiene
que pedir permiso al país que lo mandó.
La orden
de arresto por desaparición forzada se giró desde el 6 de junio de 2018 a
petición de la Fiscalía de Veracruz, pero el proceso se demoró varios meses por
problemas para integrar el documento, informó oficialmente a Animal Político la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Fiscalía General de la
República (FGR).
En agosto de
ese año, la entonces PGR presentó a petición de la Fiscalía de Veracruz la
solicitud a la SRE para iniciar el trámite diplomático ante Guatemala y
proceder penalmente en contra del exgobernador. Pero la SRE devolvió el
documento advirtiendo que faltaban varios datos para iniciar el procedimiento.
A partir
de ahí transcurrieron varios meses sin mayor avance. La causa, según lo
indicado por la FGR, es que se estaba reuniendo junto con la Fiscalía estatal
la información requerida.
Fue hasta
el pasado 20 de mayo cuando la FGR volvió a remitir ante Relaciones Exteriores
la nueva solicitud con los datos requeridos y corregidos y de ahí fue remitida
a la Embajada de Guatemala. El 17 de junio, la Embajada de México en aquel país
informó que ya había hecho entrega formal de la nota diplomática al gobierno
guatemalteco.
Posteriormente,
en un oficio fechado el 28 de junio, la SRE informó que el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó ampliar el requerimiento de la
petición presentada por México. De acuerdo con la FGR, justo este martes se
entregaron los datos extras solicitados a la Cancillería para que los remita a
Guatemala.
De acuerdo
con las autoridades consultadas, se espera que sea a más tardar el próximo
mes cuando se reciba la respuesta oficial de Guatemala.
De
declararse procedente la ejecución de la orden, la misma sería cumplimentada de
forma protocolaria en el Reclusorio Norte donde ya se encuentra recluido Javier
Duarte, cumpliendo una sentencia de nueve años de prisión por lavado de dinero
y asociación delictuosa.
El paso
siguiente sería su traslado a Veracruz para que comparezca ante un juez en
audiencia inicial, o que sea un juez de la Ciudad de México el que en auxilio
del de Veracruz lleve a cabo la audiencia, como ya ocurrió antes en dos
procesos locales promovidos contra Duarte por la Fiscalía de aquella entidad.
Cabe
señalar que el delito de desaparición forzada de personas puede alcanzar una
pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el artículo 318Bis del Código Penal de
Veracruz.
La acusación
y el amparo perdido.
De acuerdo
con las investigaciones de la fiscalía estatal que encabeza Jorge Winckler, durante
la administración de Javier Duarte (2011 a 2016) se implementó en la entidad
una política ilegal de desaparición sistemática de personas, todo ello a manos
de mandos y elementos de la policía estatal.
La
fiscalía documentó por lo menos 13 casos de jóvenes desaparecidos ocurridos en
2013, que previamente fueron detenidos por policías en retenes. El 8 de febrero
de 2018, en el marco de un operativo denominado “Tiro de Gracia”, se ejecutaron
órdenes de arresto en contra de 19 exmandos de la policía estatal en la gestión
de Duarte, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
Las
indagatorias continuaron y días después la Fiscalía procedió también en contra
del exfiscal del estado Luis Ángel Bravo, quien actualmente sigue su proceso en
libertad.
El 6 de
junio del mismo 2018 este medio publicó que una jueza de la entidad había
girado una nueva orden de arresto en contra de Javier Duarte. Ello luego de que
los fiscales le presentaron indicios, entre ellos la declaración del propio
Bermúdez, que apuntaban a un presunto encubrimiento y petición de Duarte para
que se ocultara la información sobre varias desapariciones.
No
obstante fue apenas en junio pasado cuando se presentó formalmente ante
Guatemala el requerimiento para ejecutar dicha orden.
Mientras
este tiempo transcurría el equipo de abogados defensores de Javier Duarte
promovió una demanda de amparo en contra de la orden de aprehensión. Su
argumento se centró en que el caso estaba débilmente integrado, pues se
centraba en un solo testimonio, y que no se les había permitido presentar a
ellos elementos para desvirtuarla.
Pero en
junio pasado el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia de Amparo
Penal determinó negarle a Duarte la concesión del amparo, bajo el argumento de
que la orden de aprehensión girada en su contra era constitucionalmente válida,
y que la solidez o no del caso tenía que dilucidarse en las audiencias que se
lleven a cabo cuando el proceso penal inicie.
La
defensa aún contaba con la posibilidad de inconformarse en contra de dicha
determinación para que un tribunal la revise, una ruta que ya han seguido en
otras demandas de amparo que también han promovido en contra de las demás
órdenes de arresto que la Fiscalía estatal obtuvo por presuntos hechos de
corrupción.
Originalmente
la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó clasificar toda la información
relacionada con el trámite ante Guatemala para poder ejecutar la orden de
aprehensión en contra de Javier Duarte por desaparición forzada, procedimiento
que técnicamente se denomina “excepción al principio de especialidad”.
Lo anterior
luego de que Animal Político interpuso desde febrero pasado una solicitud de
información para conocer el avance en el procedimiento. Tras la negativa de
respuesta se promovió un recurso de queja ante el Instituto Nacional de Acceso
a la Información (INAI) el cual determinó que este era un tema de interés
público y debía transparentarse.
En la
resolución elaborada por la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos y
aprobada de forma unánime por el pleno, se estableció en primera instancia que
la SRE tenía razón en señalar que la divulgación del proceso de extradición
podía afectar la “honra” de la persona aludida, en este caso, Javier Duarte.
Sin embargo,
la resolución subraya que dado que se trata de un tema que involucra a quien
fue un servidor público, y a que es un tema de derechos humanos donde debe
prevalecer la rendición de cuentas de las autoridades que investiga, se vuelve
un asunto de “interés público” que es necesario transparentar.
“En este
caso el interés de proteger la información en cuestión se ve superado por la
necesidad imperiosa de que la sociedad pueda conocer si la autoridad ha actuado
con legalidad, y en este sentido, si se han llevado a cabo todas las
diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y por
ende, a una efectiva impartición de justicia” señala la resolución.
En respuesta
a dicha instrucción del INAI, la SRE transparentó el avance que hasta
mediados de mayo se tenía del procedimiento explicando que le había regresado a
la PGR la primera solicitud porque le faltaban datos, y sin que hasta ese
momento hubiera recibido nuevamente la petición de parte de la Fiscalía.
Con esa
información Animal Político preguntó a la Fiscalía por qué no se había
avanzado en presentar de nuevo la solicitud, y la respuesta es que ya se había
realizado y se proporcionaron las fechas.
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