Los partidos políticos que vienen (o vuelven)

Jorge Javier Romero Vadillo.

El Instituto Nacional Electoral ha dado a conocer el reporte final de las organizaciones de ciudadanos con pretensiones de convertirse en nuevos partidos políticos que lograron hacer al menos una asamblea con todos los requisitos de la ley. De más de cincuenta que fueron aceptadas para el proceso por el órgano electoral, quince lograron hacer al menos una asamblea distrital con 300 asistentes o una estatal con tres mil. Solo cuatro parecen haber completado las exigencias cuantitativas de asistencia a las asambleas –se debe movilizar al menos a 60 mil personas mayores de edad con credencial para votar del distrito o la entidad en la que se realiza la reunión– y de afiliación, que debe corresponder al .26 por ciento del padrón electoral, por lo que la meta de inscripciones que cada grupo debió alcanzar fue, en esta ronda, de 233, 945 personas afiliadas con credencial para votar.

De acuerdo con el reporte, las organizaciones que han completado esta etapa y cuya documentación está ya en proceso de revisión para que finalmente en julio de este año el INE dictamine si cumplieron con todos los requisitos y se convierten en nuevos partidos políticos son Encuentro Solidario –nueva versión del extinto Partido Encuentro Social, de matriz evangélica, aliado en las elecciones pasadas a la candidatura de López Obrador y que cuenta con bancada parlamentaria a pesar de haber perdido el registro en las elecciones de 2018–, el Grupo Social Promotor –construido sobre los escombros del Partido Nueva Alianza, que en su tiempo promovió con bases magisteriales Elba Esther Gordillo y que ahora de nuevo ha echado mano de las redes clientelares del SNTE para conseguir sus afiliaciones y realizar sus asambleas– las Redes Sociales Progresistas –encabezadas por familiares y allegados de la propia maestra Gordillo y también articuladas en torno a redes de clientelas magisteriales– y el grupo llamado Libertad y Responsabilidad Democrática –que pretende constituirse como Partido México Libre, promovido por la pareja Zavala–Calderón con base en redes anteriormente panistas. Una organización, el Foro Demócrata vía de Cambio, logró superar el total de afiliados requeridos, pero solo pudo completar cuatro asambleas estatales de las veinte necesarias.

A pesar de que seguramente cada uno de estos partidos en ciernes reclama una identidad propia, el hecho es que tiene un elemento en común: se trata de organizaciones que pudieron llevar a cabo sus asambleas gracias a que pudieron movilizar a grupos que responden no a un compromiso programático o ideológico con los supuestos postulados del grupo, sino a relaciones de reciprocidad con sus organizadores. Esto es evidente en tres de los cuatro casos: Encuentro Solidario responde a las redes de asociaciones evangélicas en las cuáles el vínculo original es religioso, mientras que el Grupo Social Promotor y las Redes Sociales Progresistas lograron la ingente movilización requerida por la ley gracias a las clientelas magisteriales cautivas de los líderes sindicales, de quienes depende en buena medida la promoción en la carrera de las profesoras y profesores asistentes y afiliados, más después de la contrarreforma educativa impulsada por este gobierno.

El caso del que probablemente será el Partido México Libre es menos claro. Puede ser que haya logrado la movilización con base en redes previamente organizadas en el PAN, pero después de haber participado en dos procesos de registro de partido, estoy seguro que ninguna de sus asambleas se basó por completo en la participación espontánea de ciudadanos convencidos o atraídos por el extraordinario carisma de Margarita Zavala o Felipe Calderón y que para completar las 231 reuniones con más de trescientos participantes que les reconoce el INE tuvieron que echar mano de cantidades ingentes de recursos para acarrearlos, aunque por supuesto que estoy dispuesto a reconocer evidencias en contrario.

El problema de este sistema de registro de partidos no es tanto quiénes pueden cumplir con los requisitos, sino a quiénes excluye. El sistema de asambleas con participaciones masivas es una barrera de entrada que beneficia a los grupos con clientelas cautivas, pero impide la creación de auténticos partidos de militantes reunidos en torno a un programa y a unas candidaturas, que someten su propuesta al electorado. Una y otra vez hemos visto “partidos” que reúnen los ingentes requisitos de afiliaciones y asambleas, pero que luego no consiguen ni siquiera un número equivalente de votos en distritos o estados donde realizaron asambleas. Ello muestra cómo se puede simular una fuerza que después no se refleja en las urnas, pero permite usufructuar los generosos recursos del financiamiento público durante el tiempo en que se ostenta el registro.

Mientras, la puerta se cierra para propuestas que no pretenden movilizar masas sino atraer votantes. La vía de las candidaturas independientes ya ha mostrado ser una puerta falsa para abrir la competencia a la ciudadanía sin pertenencia a redes clientelistas. Por otra parte, una organización que logra participar en una elección y que no consigue alcanzar el umbral de votación se ve obligada a disolverse y, en todo caso, como el PES, a volver a empezar. Solo con grandes cantidades de recursos, como los que seguramente cuentan los grupos evangélicos, es sostenible una empresa de esas características.

El sistema de partidos basado en asambleas es una herencia institucional del sistema electoral proteccionista de la época clásica del régimen del PRI. Si en realidad quisiéramos ampliar los causes democráticos en México, deberíamos rescatar el mecanismo de registro condicionado de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977, de manera que pudieran participar en los comicios partidos que demostraren su existencia con sus documentos básicos y una actividad política previa, sin necesidad de probar grandes militancias, casi siempre ficticias. Desde luego, esas organizaciones tendrían acceso solo a prerrogativas en especie, como acceso al paquete de tiempos en medios electrónicos, y no a recursos en efectivo y, de no obtener representación, no tendrían que ser obligadas a disolverse, sino que podrían volver a pedir el voto en elecciones subsecuentes. Mientras el acceso a la organización política se reserve a las redes de clientelas cautivas o a los grupos con recursos suficientes para comprar la movilización, la democracia mexicana estará trunca y seguiremos viviendo en el proteccionismo electoral.