Por Néstor
Jiménez.
Gran
parte de los problemas de viviendas abandonadas y en malas condiciones en el
país se generaron porque en administraciones pasadas, principalmente entre los
años 2000 y 2010 –durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe
Calderón–, los objetivos del Infonavit fueron colocar el mayor número de
créditos sin importar la calidad de las viviendas, sostuvo su director general,
Carlos Martínez Velázquez.
En
entrevista con La Jornada, Martínez Velázquez explicó que en dicho periodo
se aprobaron desarrollos en sitios que eran lagunas o que carecían de servicios
básicos como energía eléctrica, drenaje o agua potable suficiente.
Luego de
mostrar una gráfica en la que se compara la entrega de casas con el número de
las que están en abandono, explicó que la mayor cantidad se dio en la década de
2000 a 2010.
Antes
tenías un modelo expansivo de vivienda, donde el Infonavit llegaba a colocar
hasta medio millón de créditos hipotecarios al año, y hay un alto porcentaje de
casas abandonadas que tenemos hoy respecto al año en que se vendieron. Tenemos
4 a 6 por ciento de viviendas totales de ese año, hoy están abandonadas, pero a
partir de 2013 empezaron medidas de contención, eso ha hecho que menor número
de ellas entren (a derecho de crédito), indicó.
El
diagnóstico del Infonavit apunta a que casi medio millón de casas
abandonadas (480 mil) no se pueden rescatar, ya que hacerlo sería actualmente
un delito por poner en riesgo a quienes las habitarían. De las 650 mil
propiedades adquiridas con crédito del Infonavit que calcula están abandonadas
(sin haber números exactos, pues podría haber más), 170 mil son factibles de
recuperación.
Desde agosto
de 2019, para la aprobación de un crédito hipotecario en este instituto se
debe contar con planos georreferenciados, que tengan servicios completos, y se
estableció que no se pueden vender viviendas para trabajadores con salarios de
menos de 7 mil 395 pesos fuera de los polígonos urbanos, ya que antes había ventas
en espacios que no contaban con transporte público hacia las zonas urbanas.
Según cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), agregó el
funcionario, en México hay más de 5 millones de casas no habitadas
adquiridas por medio de préstamos del Infonavit, Fovissste, créditos bancarios
o de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.
-Construcción en zonas inviables-
En muchos de
dichos desarrollos fueron las autoridades municipales las que incurrieron en
irregularidades al otorgar permisos de construcción en zonas no viables, o no
concluyeron las obras de infraestructura como alcantarillado.
Uno de los
ejemplos de dichas irregularidades es El Barrial, en el sur de Ciudad Juárez, donde
se construyó en una parte que eran antes lagunas, y que es considerado una zona
lagunal inundable; está catalogado ahora en el Atlas Nacional de Riesgos como
zona de inundación. Ahí ya no podemos recuperar nada, porque hacerlo sería un
delito, de acuerdo con la Ley de Protección Civil, y se pone en riesgo a la
población. O se hace una obra de infraestructura hidráulica enorme o se tendría
que recomendar la reubicación de las familias.
En esta
misma ciudad, una inmobiliaria en quiebra dejó colonias con 90 por ciento de
construcción, mientras en ciudades como Mexicali hay desarrollos donde sólo
siguen habitadas casas que tienen salidas viales y cuentan con electrificación.
En diversos
actos públicos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el
gobierno está limpiando la corrupción en el Infonavit. Al respecto, Martínez
Velázquez explicó que ello se debe a que, además de las irregularidades que
hubo en el desarrollo de vivienda, detectaron un modus operandi, principalmente
de pequeños negocios dedicados a la venta de material de construcción, que
incurrían en irregularidades.
Como
parte del programa Mejoravit, con el cual los derechohabientes pueden solicitar
créditos para mejorar, remodelar o ampliar sus viviendas, el instituto otorga
dichos apoyos por medio de una tarjeta bancaria para que los beneficiarios la
usen directamente en distintos negocios.
Después de
varias auditorías al programa, se detectó que en más de 400 negocios se
compraban dichas tarjetas con efectivo, pero las pagaban a 80 por ciento de su
valor total. Con ello, los propietarios usaban las tarjetas para adquirir
material que luego revendían y tener utilidades por el 20 por ciento restante
de los recursos otorgados mediante Mejoravit.
Las
empresas o negocios que incurrieron en ello fueron dados de baja del programa
hace dos semanas, sin detectarse casos de grandes cadenas dedicadas a la venta
de material para remodelación de hogares.
A la par, explicó
que desde el año pasado las tres principales instituciones de recaudación
(IMSS, Infonavit y SAT) iniciaron un proceso de fiscalización coordinado que no
existía. A raíz de ello, aumentó la recaudación, de 38 millones a 662 millones
de pesos, por multas a distintas empresas que incurrieron en irregularidades en
sus pagos de cuotas a los trabajadores.
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