Julio Astillero.
La
estrategia del presidente López Obrador respecto al coronavirus entró a partir
de ayer a la fase de la comprobación práctica, entre enojos de sus adversarios
partidistas y empresariales (a quienes han parecido tardías e insuficientes las
medidas anunciadas en la conferencia mañanera de prensa y luego publicadas en
el Diario Oficial de la Federación), y reacciones sociales divididas entre
quienes coinciden con el diagnóstico crítico de los opositores al obradorismo y
quienes, por su parte, defienden con ahínco el plan gubernamental federal,
tanto en tiempos de aplicación como en capacidad técnica operativa.
El
presidente de la República pronunció, en la parte final de su alocución
informativa matutina, una especie de llamado a la nación en el que incluyó una
natural defensa de lo que hasta ahora su administración ha hecho, más una
exhortación al núcleo familiar para atender a los adultos mayores (en especial,
en un fragmento que causó polémica, a las mujeres que, por ser menos
desprendidas de la vida familiar que los varones, estarían más avocadas a
prestar tales cuidados) y una especial reiteración de su condición física
saludable y de la vigencia de sus compromisos políticos.
El acuerdo
que formaliza el plan presidencial fue firmado por el secretario de Salud,
Jorge Carlos Alcocer Varela , cuya presencia mediática nunca ha sido destacada,
pero ahora está francamente desplazada por el activismo declarativo del vocero
oficial sobre el tema del coronavirus, el subsecretario Hugo López-Gatell. En especial
destaca la protección a personas de la tercera edad o en condiciones de
vulnerabilidad a causa de afecciones previas. Mediante este Acuerdo se trazan
las grandes líneas de inmovilidad social en los sectores público, social y
privado, aunque tales líneas gruesas requieren precisiones y detalles para que
su aplicación concreta no las convierta en letra propicia para simulaciones o
incluso posteriores injusticias laborales.
La esencia
de la estrategia obradorista de las semanas recientes y para el futuro
inmediato está consignada en el cuarto párrafo del artículo primero del citado
Acuerdo, en el que se establece como objetivo el distanciamiento social para la
mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (Covid-19),
disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y, por ende, el de
propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables,
permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en
unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el
acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves.
Lo que se ha
buscado –sin que este señalamiento se entienda aquí como una crítica
anticipada, pues lo que suceda en las próximas semanas definirá si tal política
fue positiva o negativa– es el retardamiento de la concentración de casos (la
carga de enfermedad esperada) a ser atendidos en el sistema público de salud.
Si no hay tal concentración en unidades de tiempo reducidas se podrá garantizar
atención adecuada para los casos graves (https://bit.ly/2y27EVb )./
En otra
parte de su temprana conferencia de prensa, el presidente López Obrador manejó
datos y cifras sobre una conveniente disponibilidad de recursos para enfrentar
la crisis del coronavirus. Además, aseguró que se tendrá dinero suficiente para
continuar con algunos de sus proyectos más importantes, como el Tren Maya, la
refinería de Dos Bocas y otros a desarrollarse en el Istmo de Tehuantepec.
El
mantenimiento de estos proyectos dio pie a opositores a las políticas
andresinas para asegurar que la recesión económica mundial pegará más fuerte a
México y que AMLO no está actuando a la altura de las circunstancias. En el
fondo, esos opositores están tratando de convertir la crisis económica y de
salud pública en una plataforma electoral para 2021.
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