Por Israel
Rodríguez J.
El procurador fiscal de la Federación, Carlos
Romero Aranda, reveló que ya recibió los expedientes de algunas de las 15
empresas que inicialmente tenían adeudos tributarios totales hasta por 50 mil
millones de pesos. Sin especificar cuántos casos, expresó: “A mí me han dado
vista de algunos.
En el
grupo que está coordinando el Presidente hay asuntos muy relevantes. Me han
dado vista y estoy en ese equipo.
Agregó: Hay
abogados de diferentes especialidades y áreas. Son de Consejería, Servicio de
Administración Tributaria y Procuraduría Fiscal de la Federación.
En
entrevista, manifestó: El Presidente es quien nos está dando instrucciones
en esos asuntos y vamos con todo.
El
abogado fiscal de la nación detalló: Estamos analizando si presentamos querella
o no ante la Fiscalía General de la República.
Es
importante señalar que si la Procuraduría Fiscal de la Federación considera que
hay delito interpone una querella ante la Fiscalía General de la República y
coadyuva en la investigación.
Estamos
siendo muy críticos en la forma de analizarlos. Hay todo un equipo de abogados
que como siempre, los tenemos en la Procuraduría (Fiscal de la Federación),
están atentos a estos asuntos, pero sobre todo porque son asuntos relevantes.
Romero
Aranda aseguró: Vamos con todo. En los asuntos en que tengamos conocimiento
de hechos vamos a ir contra los abogados o contadores que hicieron la
planeación fiscal que llevó a cabo la defraudación.
El
procurador resaltó que hay temas novedosos en los que ahora el Código Fiscal
de la Federación, después de las modificaciones, permite ir contra las personas
morales que incurren en esos ilícitos.
Explicó: Sean
empresas chicas o grandes, en cualquier caso, donde haya defraudación fiscal,
tanto nuestra instrucción como el propio Código Fiscal de la Federación nos
permite actuar. Hablo aquí de temas novedosos. Uno, no sólo estamos yendo
contra funcionarios de empresas, es decir, contra los que cometieron delitos,
sino también contra personas morales, que es la que cometió el ilícito.
Expuso
que ello podría dar lugar en una sentencia a declarar culpables. El juez podría
ordenar la suspensión de actividades de esa sociedad e incluso en un caso
extremo a la disolución o liquidación de la misma, además de la reparación del
daño, obviamente.
Aclaró
que los funcionarios de las empresas son los que integran los consejos de
administraciones de éstas o, en su caso, los que tengan la firma electrónica
(ante el Servicio de Administración Tributaria).
Contundente,
aseveró: No podemos permitir que se siga defraudando al fisco federal.
Por otro
lado, destacó que la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene un grado de
efectividad muy alto, con un promedio de sentencias condenatorias y órdenes de
aprehensión que ahorita, con la contingencia por el Covid-19, es de una persona
aprehendida por defraudación fiscal cada cinco días. Cada captura significaba
alrededor de 11 o 12 millones de pesos.
En la
conversación, recordó que ya entró en vigor –el primero de enero– la nueva
reforma penal fiscal y con esa vamos a poder aprehender ya, con la tipificación
de delito grave, a quienes ameriten prisión preventiva oficiosa. Con la
modificación se va contra empresas fantasmas y delitos contra la seguridad
nacional, concluyó.
La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció recientemente ante la Fiscalía
General de la República a Rafael y Teófilo Zag Tawil por un presunto fraude al
fisco superior a MIL 82 millones de pesos. Las carpetas de investigación
tienen los folios FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000474/2020 y
FED/SEIDF/UEIFF-CDMX/0000473/2020.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.