Por Juan
Mayorga.
Activistas,
científicos y organismos internacionales han advertido durante décadas sobre el
avance y gravedad de la obesidad en México, causadas en buena medida por la
falta de políticas integrales que mejoren el panorama alimentario del país y su
consecuente mala alimentación. Sin embargo, la letalidad del COVID-19 entre personas con
enfermedades crónicas reaviva el debate y vuelve urgentes las acciones para
atender el problema, coinciden especialistas de distintos sectores.
“Este es
un momento en el que tenemos que reflexionar sobre la seriedad que se le tiene
que dar a resolver las enfermedades crónicas, porque hay muchas cosas que ya
sabemos que podemos hacer”, dijo Simón Barquera, experto en alimentación y
director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP).
La clave
en la letalidad de esta pandemia entre las personas que padecen obesidad es la
inflamación crónica que genera esta condición en el cuerpo, que puede afectar
el sistema inmune y la función pulmonar, ambos fundamentales en la lucha contra
el COVID-19, expone un resumen de la investigación médica difundido por la
Alianza por la Salud Alimentaria.
La
inflamación, que normalmente funciona como mecanismo de defensa del organismo
para evitar daños en tejidos ante amenazas biológicas o físicas, en las
personas con obesidad y enfermedades crónicas se convierte en una condición
constante que genera una hiperactividad en las células del sistema inmune, lo
cual daña a las defensas naturales del cuerpo y le impide defenderse
efectivamente ante enfermedades como el coronavirus.
Desde los
primeros días de la pandemia, el gabinete médico del Gobierno mexicano ha
resaltado que la prevalencia de enfermedades como sobrepeso/obesidad, diabetes,
hipertensión, insuficiencia renal y cardiovasculares son derivadas de la mala
alimentación y han facilitado más del 40 por ciento de las muertes de mexicanas
y mexicanos por COVID-19.
“La magnitud
de la epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes […] literalmente nos pesa
poblacionalmente. Y hoy enfrentamos una epidemia de COVID-19 con estos estragos
prolongados de la mala alimentación”, aseguró el sábado 4 de abril pasado en
conferencia de prensa el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien lidera
la respuesta a la pandemia en el país.
El zar
anti-COVID de México explicó que es equivocado responsabilizar al individuo
sobre cómo se alimenta, pues la “causa raíz” son los alimentos que se
encuentran disponibles, lo que otros expertos han llamado “entornos
alimentarios” o, en el caso de barrios o pueblos con una oferta de comida poco
nutritiva, “desiertos alimentarios”.
“En México
tenemos una monstruosa y monumental sobreoferta de alimentos industrializados
de muy bajo valor nutricional y altísimo poder calórico en forma de bebidas o
en forma de productos sólidos”, añadió López-Gatell.
Para
dimensionar el problema, el funcionario detalló que la mitad de las muertes
registradas anualmente en México, unas 300 mil según el promedio de la última
década, “están relacionadas con una mala alimentación” basada en excesos de
sal, grasa, azúcar y/o calorías totales.
MÉXICO SIGUE
LOS PASOS DE EU
Dado el
carácter global de la pandemia de obesidad y diabetes, las complicaciones en
pacientes de COVID-19 no son algo exclusivo de México y comienzan a observarse
en distintas latitudes del mundo, de manera sobresaliente en Estados Unidos,
que comparte con el país los mayores índices de sobrepeso y obesidad.
En lo que ya
es considerado el mayor estudio entre personas afectadas por COVID-19 en
Estados Unidos, un grupo de investigadores liderados por Christopher M.
Petrilli identificaron a la obesidad como la condición crónica con la mayor
asociación a padecimiento crónico por coronavirus y como uno de los principales
factores de hospitalización entre 4 mil 103 casos analizados en Nueva York
entre el 1 de marzo y el 2 de abril. El 71.9 por ciento de estos casos presentó
al menos una enfermedad crónica.
Aunque el
estudio aún debe ser revisado por científicos pares, sus conclusiones resuenan
con lo que han observado otros investigadores en los últimos días.
“La enorme
carga de obesidad y otras condiciones críticas entre los estadounidenses nos
ponen directamente en riesgo”, señalaron los doctores David S. Ludwig y Richard
Malley, del Hospital Infantil de Boston, al New York Times a fines de marzo.
“De hecho, con tasas de obesidad en Estados Unidos mucho más altas que en
países afectados como Corea del Sur y China, nuestros resultados económicos y
de salud podrían ser mucho peores”.
De acuerdo
con datos oficiales, el 71.6 por ciento de los estadounidenses de 20 o más años
padece sobrepeso u obesidad, una estadística que se ensaña con afroamericanos,
hispanos y personas con menor educación.
“Si
comparamos a México con países de América Latina, encontramos que México es el
principal consumidor de productos ultraprocesados. Esto quizá tenga más que ver
con la cercanía cultural y física, geográfica, que tenemos con Estados Unidos”,
explicó la nutrióloga Ana Larrañaga, directora de la organización Salud
Crítica. “Nos llegan con mucha mayor fuerza los impactos publicitarios y las
corrientes de la vida cotidiana de Estados Unidos y eso impacta la forma en la que
consumimos los alimentos”.
SOFREOFERTA
DE CHATARRA
La
sobreoferta monstruosa de comida chatarra a la que se refirió Hugo López Gatell
es una consecuencia de políticas de apertura y desregulación comercial típicas
del neoliberalismo, y acentuadamente por el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), revelan numerosas investigaciones que incluyen el
libro Eating NAFTA: Trade, Food, Policies and the Destruction of Mexico,
editado por la Universidad de California.
Como ejemplo
de estos procesos, la importación de fructuosa desde Estados Unidos creció 500
por ciento y el consumo de cereales azucarados se triplicó. El mercado mexicano
fue inundado de aceite de aceite de soya y jarabe de maíz de alta fructuosa,
reseñaba el experto en políticas alimentarias Braulio Torres Terán en un texto
publicado por la revista Nexos en 2018.
“México
necesita una política nacional de alimentación que articule programas y
sectores, con el objetivo final de mejorar nuestro sistema de comida. Esto
significa producir, procesar, distribuir, querer consumir, saber consumir y
tener acceso a consumir comida más balanceada, donde comamos una mayor
proporción de legumbres, semillas, nueces, verduras. La meta de una política
nacional de alimentación debe ser que haya más disponibilidad, acceso y consumo
de comida variada, sana, de lenta digestión”, escribió Torres.
Tras la
revelación de los datos que comprueban la letalidad del COVID-19 ante la
comorbilidad por enfermedades crónicas, la sobreoferta de alimentos
ultraprocesados y sus efectos en la salud ha vuelto a la conversación pública,
pero ni la evidencia científica disponible ha podido convencer a segmentos
críticos de la población, incluyendo a periodistas y líderes de opinión. Muchos
de ellos continúan abordando el tema con filtros ideológicos..
En diciembre
de 2018, en su discurso de toma de protesta, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador advertía que a causa de las políticas neoliberales “tenemos el doble de
enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina”, una cifra
que en realidad corresponde a la mortalidad por diabetes. Minutos después la
analista económica Valeria Moy tuiteó: “Qué grueso que todos se traguen el
cuento de que el neoliberalismo (que además no se ha implementado) tiene la
culpa de absolutamente todos los males del país, hasta de la diabetes”.
La
resistencia más reciente a las reformas al sistema agroalimentario ocurrió ante
la iniciativa de Ley de etiquetado frontal, una medida obligatoria que haría
más fácil entender cuando un producto alimentario exceda los límites
recomendados de azúcares, grasas o sodio. A fines de marzo, en plena pandemia
por, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra)
solicitó en una carta pública al Gobierno federal que no se publicara el
etiquetado frontal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de manera que
no entrara en vigor. El argumento de la gremial alimentaria era que la medida
les causaría gastos imposibles de pagar en medio de la crisis, ocasionando “un
impacto económico negativo” a la industria.
Estos
argumentos fueron respaldados por personajes en medios de comunicación nacional,
como Sergio Sarmiento o Paco Calderón. En sendas publicaciones para el diario
Reforma, el primero descalificó el etiquetado como una medida de “activistas
dentro y fuera del gobierno” para “atacar a los capitalistas que producen
alimentos procesados”, mientras que el segundo aseguró que lo que se busca con
la iniciativa “no es proteger al consumidor, sino destruir las marcas”. En
tanto, este tipo de etiquetado ha mostrado su eficiencia en países como Chile y
Perú, y ha sido recomendado por organizaciones como la Unicef y la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El impuesto
a las bebidas azucaradas, otra medida cuestionada por comentaristas como
Sarmiento, fue reconocida a fines de 2018 por un comité de la prestigiada
revista científica The Lancet por la forma en que fue impulsada desde la
sociedad civil en México.
“Nos hemos
enfrentado a todo tipo de críticas, hasta algunas que caen en lo ridículo como
decir que es una política con intereses socialistas”, aseguró Ana Larrañaga,
una de las muchas expertas que impulsaron el etiquetado frontal en el Congreso
de la Unión. “Esto es realmente una política de salud que se ha estado tratando
de impulsar por muchos años y apenas en este momento encontramos una Secretaría
de Salud y un Congreso más receptivo a esta propuesta”, agregó la directora de
Salud Crítica.
ANTOJITOS NO
SON COMIDA CHATARRA
Un argumento
común entre los críticos de regulaciones más astringentes para los alimentos
ultraprocesados es que estas medidas no alcanzan a la comida de la economía
informal, la que se vende en los puestos de tacos, tamales, quesadillas, tortas
o cualquier otra del variado repertorio popular mexicano. La “verdadera” causa
de obesidad y enfermedades crónicas es la “fritanga” que come el grueso de la
población, señalan incluso en cartones.
Se trata de
un error común, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición (Ensanut) 2018, pues la comida rápida y los antojitos mexicanos se
encuentran en el penúltimo lugar de consumo de alimentos no recomendables. En
cambio, en los primeros lugares de consumo están las bebidas azucaradas,
botanas, panecillos, cereales y bebidas lácteas (yogurts) ultraprocesados.
La
omnipresencia de la comida chatarra en México y su desplazamiento de la comida
tradicional es tal, que a fines de 2018 la subdirectora de salud pública de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) la describió como “inaceptable”.
“Cada vez
que voy a la Ciudad de México me da mucha tristeza ver que es muy difícil
comprar una fruta o algo que no tenga un aditivo o azúcar”, aseguró la Doctora
María Neira. “Es muy difícil sentarse a comer en la mesa de un amigo mexicano y
que no ponga una bebida carbonatada en la mesa. Que te ofrezcan agua se ha
vuelto algo difícil. Es algo inaceptable en un país como México, que tiene una
cocina tradicional tan importante”.
Clasificar
los antojitos mexicanos como no alimento recomendable y ponerla junto a la
comida rápida es un error que no permite identificar distintos niveles de
calidad en el vasto universo de la comida tradicional mexicana, el cual la
Ensanut podría corregir desagregando mejor sus datos, recomendó la nutrióloga
Ana Larrañaga.
“Si hay algo
que yo criticaría de esta encuesta es que hayan puesto esos dos indicadores en
el mismo (nivel), porque sí hay antojitos mexicanos que pueden ser grasosos,
pero también hay muchísimos que pueden ser extremadamente saludables”, afirmó.
Como
ejemplo, Larrañaga refirió a los tlacoyos, uno de los tantos productos
disponibles en puestos callejeros de México. Tradicionalmente hechos con maíz
nixtamalizado azul, queso, frijoles o habas, y cocidos en comal, los tlacoyos
son ricos en proteínas, fibra, antioxidantes y compuestos que regulan el
colesterol y los niveles de glucosa en la sangre. Valores nutricionales
similares pueden hallarse en sopes, tacos, tlayudas, tetelas, corundas y tantos
otros antojitos tradicionales, en su mayoría elaborados con los ingredientes
típicos de la gastronomía mexicana.
“Si la
comida mexicana fuera la raíz del problema hubiéramos visto el incremento en
las cifras de obesidad muchísimo antes que la llegada de los productos
ultraprocesados y no es así”, aseguró Larrañaga. “Vimos el incremento desde que
comenzaron a aumentar en México los puestos de comida rápida, desde que se
empezaron a llenar las escuelas de papitas, helados, refrescos y todos estos
productos”.
En distintos
lugares del mundo la crisis por COVID-19 está llevando a repensar el sistema
agroalimentario. Por ejemplo, en Estados Unidos los inmigrantes que trabajan
como jornaleros fueron designados trabajadores esenciales, mientras que en
Inglaterra los episodios de escasez de algunos productos detonaron una nueva
conversación sobre el sector que fue respaldada por el diario The Guardian en
una editorial.
En México
hay más de seis tipos de políticas que se podrían aplicar con suficiente
efectividad en relación a su costo para reformar el sistema agroalimentario,
varias de las cuales se han impulsado por años ante la resistencia de la
industria, explicó Simón Barquera, reciente ganador del premio Gerado Varela,
el máximo Galardón del gobierno mexicano en el área de salud pública.
“Como que se
va postergando, cuesta trabajo lograr voluntad política y hay una gran
interferencia de la industria. Este tipo de eventos [la pandemia] nos deben de
hacer reflexionar muy fuerte que no vamos a salir como país de la pobreza y no
vamos a lograr un desarrollo adecuado con salud y bienestar si no abordamos la
alimentación de la manera más seria”, insistió Barquera.
Uno de los
compendios más minuciosos de los cambios necesarios para contrarrestar la
epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas en el país fue
publicado en 2018 bajo el título “La obesidad en México”, un esfuerzo conjunto
entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP) y la Academia Nacional de Medicina (ANM). Con la
participación de más de 75 científicos de áreas tan variadas como la
epidemiología y la economía, el libro ofrece 10 recomendaciones de política
pública para atajar el problema:
1.
Actualizar y fortalecer el marco legal para la implementación de las políticas
y programas de prevención y control de obesidad, y para evitar conflictos de
interés.
2. Promover
un sistema alimentario que favorezca el consumo de dietas saludables y que
minimice los impactos ambientales.
3. Incluir y
reforzar las intervenciones para la prevención de la obesidad en etapas
tempranas de la vida.
4.
Implementar intervenciones para garantizar entornos alimentarios saludables,
espacios recreativos seguros y educación alimentaria en las escuelas.
5.
Fortalecer la regulación de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas
dirigidas a niñas y niños.
6. Modificar
el actual etiquetado frontal de alimentos con base en las recomendaciones de
expertos en nutrición y salud. (Ya aprobado)
7. Mantener
y fortalecer las medidas fiscales (impuestos/subsidios) para aumentar el costo
de alimentos y bebidas no saludables y reducir el costo de alimentos
saludables.
8. Facilitar
y promover estilos de vida activos y mejorar los espacios públicos y el
transporte para fomentar la actividad física.
9. Aumentar
la detección y mejorar la calidad de la atención del paciente con obesidad y
sus comorbilidades.
10.
Desarrollar un plan de comunicación basado en evidencia para el cambio de
comportamientos relacionados con sobrepeso y obesidad, con enfoque en el curso
de vida y con alcance nacional.
Los
científicos que sustentan estas propuestas suscribieron un posicionamiento
sobre la importancia de atajar el problema, en el que afirman:
“El Estado
debe implementar una política pública con intervenciones que promuevan el
consumo de dietas saludable y sostenibles y la adopción de estilos de vida
activos, a través de cambios en el sistema alimentario, y en los entornos
alimentario y construido, para que la alimentación saludable y la vida activa
se conviertan en las opciones predeterminadas (a menos que, voluntariamente,
los individuos elijan otras opciones), y que sean las más viables y cómodas de
elegir”.
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