Darío Celis.
Walmart
es un expediente que requiere toda la atención ya. Desde enero los focos rojos
se prendieron en el área legal.
Mediante la
asesoría de avezados fiscalistas, el gigante fundado por Sam Walton históricamente
ha pagado un porcentaje muy bajo de impuestos contra lo que vende en México.
No sería
extraño que sea a la que se refirió hace unos días Andrés Manuel López Obrador,
cuando en la mañanera montó en cólera por la respuesta que una gran empresa dio
a los auditores del SAT.
Ese
todavía misterioso contribuyente mandó decir que solo pagarían 300 millones de
pesos, y que si no se los tomaban se irían al litigio. Háganle como quieran,
palabras más, palabras menos, contestó.
Francia
Alarcón es la directora de impuestos de esta minorista. Hasta hace año y medio
la multinacional que preside Guilherme Loureiro tenía al despacho Chevez Ruiz
Zamarripa como principal asesor fiscal.
Pero cambió
a Basham Ringe Correa. Tanto la firma que capitanea Fernando Ruiz como la que
comanda Juan José López de Silanes, son muy agresivas en el diseño de
estrategias fiscales para sus clientes.
Frente al
choque de trenes que se ve venir, el corporativo de Bentonville, Arkansas,
mandó por delante a su principal peso pesado a negociar directamente con el
SAT.
Hablamos
de Alberto Sepúlveda, el vicepresidente legal, que primero trató de tender
puentes con Margarita Ríos-Farjat y que ahora tendrá la dura tarea de contener
las acciones legales que Raquel Buenrostro y el procurador fiscal, Carlos
Romero, preparan.
Pero habría
otra agravante más para las huestes de Walmart de México. En la Fiscalía
General de la República los sabuesos de Alejandro Gertz Manero le buscan hasta
por debajo de las piedras.
Se conoce
que Juan Ramos López, titular de la Sub-fiscalía Especializada en
Investigación de Delitos Federales, sigue la línea de corrupción en la filial
de la multinacional que preside Mike Duke.
El
objetivo es encontrar supuestos actos ilegales, aunque otras voces refieren que
las diferencias tienen que ver con el particular estilo de operar de este
funcionario que llegó a esa posición hace casi un año.
También en
el frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, que lleva el protagónico
Ricardo Sheffield, la 4T ya dictó una clara línea al guanajuatense.
La
instrucción a la Profeco fue hacer marcaje personal, entrada la fase 3 de la
pandemia, en la venta de bienes de consumo esenciales a la población para
evitar acaparamiento y elevación de precios.
Y es que el
grupo posee en México 2 mil 572 tiendas de las que 2 mil 36 son Bodegas
Aurrerá, 280 hipermercados Walmart, 93 supermercados tipo Superama y 163 clubes
de precio Sam´s.
Solo el
año pasado, uno de
los más rentables en su historia, abrió 134 puntos de venta, la mayoría del
tipo Aurrerá, enfocados a las clases más bajas. Su presencia ya superó las 600
ciudades del país.
Walmart da
empleo aquí a más de 5 mil personas. ¿Todo el poder del Estado contra el
gigante del retail?
SE ACABÓ.
INTERJET ahora sí soltó las amarras y empezó a buscar despacho de abogados que
le abran camino al concurso mercantil. La compañía de Miguel Alemán Magnani se
resistió por más de un año a tomar esa ruta. Parece que se convenció que Andrés
Manuel López Obrador no saldrá a rescatarla y desde esta semana se empezaron a
barajar nombres de algunos expertos. Apunte a Jorge Gastélum, que manejó los
procesos de Mexicana y Aviacsa. Igualmente Jaime Guerra, con una larga lista
entre las que destacan AHMSA y Metrofinanciera. O bien Thomas Heather con
Satmex y Geo. En las últimas horas la situación de la compañía que dirige
William Shaw se agravó. Ayer la Asociación Internacional del Transporte Aéreo
(IATA) suspendió su membresía por impago. Esto le imposibilita el uso de la
cámara de compensación que permite a las aerolíneas la liquidación de los
cargos interempresas. Y horas antes el SAT, que comanda Raquel Buenrostro, le
embargo cuatro aviones que tenía resguardados en un hangar del aeropuerto de la
CDMX.
OTROS
EMPRESARIOS EN la mira del SAT y de la Procuraduría Fiscal son los Bours. Los
encabeza Eduardo Bours Castelo, a quien el ala dura del Lopezobradorismo
responsabiliza como entonces gobernador de Sonora del triste caso del incendio
de la Guardería ABC, en la que murieron 49 niños y otros 106 quedaron
lesionados. La familia es dueña, entre muchos otros negocios, de Bachoco y
Megacable. A ésta última los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña le
condonaron impuestos por unos 590 millones de pesos. El despacho del ex senador
priísta Natividad González Parás está litigando el caso con los de la 4T.
OLEGARIO
VÁZQUEZ ALDIR o Carlos Slim Helú. El Tramo 2 del Tren Maya que hoy adjudica el
Fonatur podría quedar en las manos de estos dos empresarios, cuyos consorcios
pelean cerradamente y son los que lideran los pronósticos. El primero ofertó 15
mil 652 millones 727 mil pesos y el segundo 15 mil 994 millones 602 mil pesos. La
diferencia es poco más de 341 millones de pesos, números redondos. Son
propuestas que no incluyen el IVA. El tramo de 222 kilómetros corre por todo el
estado de Campeche, desde Escárcega hasta la zona de Calkiní.
OTRA VEZ CARLOS
Slim. También lidera apuestas para que esta tarde, si no sucede nada
extraordinario, la Secretaría de Economía le asigne el contrato de
aprovisionamiento de infraestructura para centros de datos, la licitación de la
que le hablé y que se declaró desierta. El proceso lo lleva el director de
Tecnologías de Información, Juan Miguel de la Garza, y el representante de
Gobierno Digital de Presidencia, Daniel Casados. Triara redujo en 20 millones
de pesos su oferta inicial y ahora está en 136 millones. Axtel, de Rolando
Zubirán, se quedó en 175 millones.
AUNQUE YA SE
reportó a Bolsa, casi pasó desapercibido. Guadalupe Phillips Margáin y Mónica
Aspe Bernal fueron integradas como nuevas consejeras patrimoniales en Volaris,
que dirige Enrique Beltranena. La primera, directora de ICA, trabajó muchos
años en Televisa, ya ex socio fundador de Volaris. Y la segunda, flamante CEO
de AT&T México, es hija de Pedro Aspe Armella, quien creó la aerolínea. Por
lo demás, se informó el relevo de Alfonso González Migoya de la presidencia,
lugar que fue ocupado por Ben Franke, el dueño del fondo Indigo Partners.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.