Rescates.

Dolores Padierna.

Si la forma es fondo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha decidido enviar un mensaje claro: ni busca ni pretende un diálogo nacional frente a la crisis provocada por la pandemia, sino que busca aprovechar esta desgracia mundial para presionar y confrontar al gobierno.

Nombrar como su vocero a quien ocupó esa misma posición en la campaña del PRI por la presidencia, a un personaje que se ha caracterizado por verter odio en el debate público, es un mensaje de ruptura.

Este movimiento ocurre en el marco de un diferendo creciente sobre las acciones que deben tomarse para enfrentar los efectos del parón económico derivado de la crisis sanitaria.

En ese contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunciaron un programa de créditos por 12 mil millones de dólares, que beneficiarán a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que formen parte de las cadenas de proveeduría de grandes empresas. Se trata, según se afirma, de mantener las cadenas de valor vinculadas a las “empresas ancla mexicanas”, integrantes, claro, del CMN. Empresas como Grupo Alfa, Bachoco, Chedraui, Coppel, Bimbo, Cemex, Cydsa, Femsa, Frisa, Grupo Carso, Grupo Infra, Herdez, Lala, La Comer, Liverpool, Mabe, Posadas, Soriana, Televisa y Vitro, entre otras.

A reserva de conocer algunos detalles sobre el programa, mismos que no se dieron a conocer, el anuncio merece algunos comentarios.

Con antelación el BID había anunciado un programa compuesto de dos partes: apoyos a los gobiernos hasta por 12 mil millones de dólares y apoyos a empresas privadas con un límite de cinco mil millones. Esa cifra es significativamente menor a la que se canalizaría en México vía BID Invest.

Aunque los financiamientos que el BID Invest otorga a empresas privadas no necesariamente tienen que estar garantizados por los gobiernos, en el caso que nos ocupa se informó que el programa cuenta con el “respaldo” de la Secretaría de Hacienda, lo cual no significa necesariamente que ésta garantizará los créditos.

En términos gruesos, el programa consiste en que las grandes empresas compradoras obtienen créditos de instituciones financieras para pagar de manera inmediata a sus proveedores (Mipymes). Con estos mecanismos pagan facturas que respaldan la entrega de bienes o servicios. Esto permite que las empresas proveedoras obtengan liquidez y que la obligación de pago a la financiera, al vencimiento de la factura, sea de las empresas compradoras.

Algunos liderazgos empresariales han pretendido que el anuncio anterior fortalezca la percepción de que hay un plan empresarial porque el gobierno “no tiene plan”.

El fondo es que un sector de los empresarios quiere volver a andar un camino que ya hemos atravesado, una y otra vez en sucesivas crisis. Un camino que puede resumirse en la fórmula: rescates privados, deuda pública.

El presidente de la República ha insistido en que no se repetirá una ruta que termina por favorecer solamente a unos cuantos con cargo al erario.

Algunos voceros empresariales pretenden que, a fuerza de repetirlo, se vuelva verdad que el gobierno ha cerrado las puertas. No es así. Está ya en marcha el programa de un millón de créditos que beneficiará a igual número de pequeñas empresas. El otro pie de esa estrategia son los programas sociales que hacen posible que millones de mexicanos tengan capacidad de compra y así contribuyan a reactivar la economía.

El presidente también ha revelado que un representante empresarial le propuso que los 25 mil millones de pesos que se distribuirán en créditos a tasa preferencial fuesen “garantía” de un mayor número de préstamos que otorgara la iniciativa privada. Sin embargo, los empresarios que se reunieron con el Ejecutivo no ofrecieron crecer la bolsa sino marginalmente, por lo que el gobierno optó por la entrega directa.

El propósito real, ha sostenido también el jefe del Ejecutivo, ha sido presionar al gobierno para optar por el endeudamiento y por la prórroga en el pago de impuestos.

En un plazo corto, la alternativa planteada por el Consejo Coordinador Empresarial tendría la implicación de que en un solo pase, la deuda del país crecería, sin contar intereses, tanto como ocurrió en los primeros cinco años de Fox.

La prórroga en el pago de obligaciones implicaría disminuir los recursos para programas sociales, que actualmente son un ingreso esencial para millones de familias.

El tamaño y la profundidad de la crisis que abrió la pandemia nos obliga a estar abiertos a todas las soluciones, por supuesto. Pero ninguna salida debe repetir el error de que las deudas de unos cuantos las paguemos todos.