Dolores
Padierna.
Si la forma
es fondo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha
decidido enviar un mensaje claro: ni busca ni pretende un diálogo nacional
frente a la crisis provocada por la pandemia, sino que busca aprovechar esta
desgracia mundial para presionar y confrontar al gobierno.
Nombrar como
su vocero a quien ocupó esa misma posición en la campaña del PRI por la
presidencia, a un personaje que se ha caracterizado por verter odio en el
debate público, es un mensaje de ruptura.
Este
movimiento ocurre en el marco de un diferendo creciente sobre las acciones que
deben tomarse para enfrentar los efectos del parón económico derivado de la
crisis sanitaria.
En ese
contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Mexicano de
Negocios (CMN) anunciaron un programa de créditos por 12 mil millones de
dólares, que beneficiarán a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas
(Mipymes) que formen parte de las cadenas de proveeduría de grandes empresas.
Se trata, según se afirma, de mantener las cadenas de valor vinculadas a las “empresas
ancla mexicanas”, integrantes, claro, del CMN. Empresas como Grupo Alfa,
Bachoco, Chedraui, Coppel, Bimbo, Cemex, Cydsa, Femsa, Frisa, Grupo Carso,
Grupo Infra, Herdez, Lala, La Comer, Liverpool, Mabe, Posadas, Soriana,
Televisa y Vitro, entre otras.
A reserva de
conocer algunos detalles sobre el programa, mismos que no se dieron a conocer,
el anuncio merece algunos comentarios.
Con
antelación el BID había anunciado un programa compuesto de dos partes: apoyos a
los gobiernos hasta por 12 mil millones de dólares y apoyos a empresas privadas
con un límite de cinco mil millones. Esa cifra es significativamente menor a la
que se canalizaría en México vía BID Invest.
Aunque los
financiamientos que el BID Invest otorga a empresas privadas no necesariamente
tienen que estar garantizados por los gobiernos, en el caso que nos ocupa se
informó que el programa cuenta con el “respaldo” de la Secretaría de Hacienda,
lo cual no significa necesariamente que ésta garantizará los créditos.
En términos
gruesos, el programa consiste en que las grandes empresas compradoras obtienen
créditos de instituciones financieras para pagar de manera inmediata a sus
proveedores (Mipymes). Con estos mecanismos pagan facturas que respaldan la
entrega de bienes o servicios. Esto permite que las empresas proveedoras
obtengan liquidez y que la obligación de pago a la financiera, al vencimiento
de la factura, sea de las empresas compradoras.
Algunos
liderazgos empresariales han pretendido que el anuncio anterior fortalezca la
percepción de que hay un plan empresarial porque el gobierno “no tiene plan”.
El fondo es
que un sector de los empresarios quiere volver a andar un camino que ya hemos
atravesado, una y otra vez en sucesivas crisis. Un camino que puede resumirse
en la fórmula: rescates privados, deuda pública.
El
presidente de la República ha insistido en que no se repetirá una ruta que
termina por favorecer solamente a unos cuantos con cargo al erario.
Algunos
voceros empresariales pretenden que, a fuerza de repetirlo, se vuelva verdad
que el gobierno ha cerrado las puertas. No es así. Está ya en marcha el
programa de un millón de créditos que beneficiará a igual número de pequeñas
empresas. El otro pie de esa estrategia son los programas sociales que hacen
posible que millones de mexicanos tengan capacidad de compra y así contribuyan
a reactivar la economía.
El
presidente también ha revelado que un representante empresarial le propuso que
los 25 mil millones de pesos que se distribuirán en créditos a tasa
preferencial fuesen “garantía” de un mayor número de préstamos que otorgara la
iniciativa privada. Sin embargo, los empresarios que se reunieron con el
Ejecutivo no ofrecieron crecer la bolsa sino marginalmente, por lo que el
gobierno optó por la entrega directa.
El propósito
real, ha sostenido también el jefe del Ejecutivo, ha sido presionar al gobierno
para optar por el endeudamiento y por la prórroga en el pago de impuestos.
En un plazo
corto, la alternativa planteada por el Consejo Coordinador Empresarial tendría
la implicación de que en un solo pase, la deuda del país crecería, sin contar
intereses, tanto como ocurrió en los primeros cinco años de Fox.
La prórroga
en el pago de obligaciones implicaría disminuir los recursos para programas
sociales, que actualmente son un ingreso esencial para millones de familias.
El tamaño y
la profundidad de la crisis que abrió la pandemia nos obliga a estar abiertos a
todas las soluciones, por supuesto. Pero ninguna salida debe repetir el error
de que las deudas de unos cuantos las paguemos todos.
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