Por Zedryk
Raziel.
El
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó un
proyecto para comprar ocho nuevos automóviles blindados para uso de los
magistrados con un presupuesto de 22 millones de pesos; cada vehículo nuevo
costaría 2 millones 750 mil pesos.
El plan
de adquisición fue autorizado por la Comisión de Administración del tribunal en
una sesión ordinaria celebrada de manera “virtual” el pasado 19 de marzo, un día después de que en México
había muerto la primera persona infectada por el nuevo coronavirus y cuando ya
había 164 casos confirmados de contagio.
Ese día,
también, el Consejo de Salubridad General declaró al COVID-19 como enfermedad
grave de atención prioritaria.
Pero la
pandemia y el crecimiento en los casos de coronavirus hicieron que el Tribunal
cambiará sus planes.
La Dirección
de Comunicación Social del TEPJF comunicó a Animal Político que la compra de
los vehículos blindados se planteó como necesaria para salvaguardar la integridad
de los magistrados electorales debido a la situación de inseguridad que existe
en el país.
Detalló
que las unidades se adquirirían sólo si hubiera ingresos excedentes durante el
actual ejercicio fiscal, pero no los hubo, por la pandemia. Comunicación Social
adelantó que la compra se cancelará para contribuir a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
“Se
proyectó esa compra sólo en caso de que se generaran los recursos excedentes,
mismos que no se han obtenido hasta esta fecha. Por tanto, se replanteará esa
necesidad debido a la crisis sanitaria, para dar prioridad, en una próxima
evaluación, a acciones que refuercen la emergencia sanitaria por el COVID-19
por la que atraviesa el país”, indicó el TEPJF en una ficha informativa.
“La
adquisición de los vehículos se planteó como prevención al tomar en cuenta que
en los comicios del próximo año habrá actividad electoral en regiones con
condiciones críticas de inseguridad, y se estimó necesario tenerlos para
salvaguardar la seguridad e integridad de la magistratura electoral.
El
presidente López Obrador ha informado que, para contener el golpe económico de la
pandemia de coronavirus, su gobierno dispondrá de recursos que resultarán de
apretar la política de austeridad, que implica recortar el gasto corriente,
reducir sueldos a altos funcionarios, congelar nuevas contrataciones y eliminar
10 subsecretarías.
La compra
de vehículos en el TEPJF forma parte de la Priorización de la Cartera de
Proyectos para el Ejercicio Fiscal 2020, que fue avalada por los magistrados
Felipe Fuentes Barrera, presidente de la Sala Superior y de la Comisión de
Administración, y José Luis Vargas Valdez, así como por el secretario
administrativo del tribunal, Arturo Camacho Contreras, de acuerdo con el acta
de la sesión, a la
que tuvo acceso Animal Político.
También aprobaron
el proyecto de compra los consejeros de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz,
Loretta Ortiz y Jorge Cruz Ramos, quienes igualmente forman parte de la
comisión que autoriza y supervisa el uso de los recursos públicos del TEPJF.
La Cámara de
Diputados le autorizó un gasto de 2 mil 648.6 millones de pesos para 2020; el
tribunal estima generar un excedente de 17.3 millones de pesos que serán
integrados a su presupuesto para aplicarlos a la ejecución de programas y
proyectos institucionales.
El
documento avalado señala que es prioritario sustituir el parque vehicular de
seguridad institucional porque “ha concluido su vida útil”, debido a la
antigüedad y kilometraje de las unidades y al desgaste de sus materiales de
protección (blindaje).
El proyecto,
que fue elaborado por la Dirección General de Protección Institucional del
tribunal, no especifica el kilometraje ni el modelo de las unidades que
serán desechadas, pero asienta que ya “no brindan el mismo nivel de seguridad”
para los traslados de los funcionarios que las utilicen.
Los
vehículos blindados son para uso exclusivo de los magistrados electorales,
aunque también pueden acceder a ellos el secretario general de acuerdos, el
secretario administrativo y el coordinador general de asesores de la
presidencia del TEPJF.
“Se tiene
que los modelos de fabricación de las unidades que actualmente integran el
parque vehicular de seguridad institucional sobrepasan los parámetros relativos
a la garantía de los materiales de protección y estimación de vida útil del
automotor; asimismo, están los resultados de la verificación (desperfecto,
falla o problemática) del estado físico, operativo y e los materiales de protección
de cada automotor, y los costos asociados a los servicios de mantenimiento
preventivo correctivo, que en su conjunto son condiciones que permiten advertir
que los vehículos no otorgan el nivel de seguridad para el que fueron
diseñados. Por lo que resulta inconveniente continuar utilizándolos, puesto que
representa un riesgo a la seguridad de los servidores públicos que dispongan de
tales vehículos”,
plantean los Anexos del proyecto aprobado.
Esos
documentos prevén que el proceso de adjudicación para la compra de las unidades
concluiría en septiembre y que los vehículos serían recibidos en diciembre.
Actualmente,
el TEPJF cuenta con 69 camionetas –entre ellas Pick-Ups y Suburbans- y 160
automóviles tipo sedán, de acuerdo con el más reciente inventario de bienes
muebles disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
El valor
de todo ese parque vehicular es de 45 millones 947 mil 675 pesos.
Además de la
compra de los vehículos blindados, la Comisión de Administración autorizó la
ejecución de otros tres proyectos: actualizar el sistema de registro contable y
financiero del TEPJF; rehabilitar la infraestructura física de inmuebles y
organizar seminarios de la Escuela Judicial Electoral.
La
comisión estableció en el acta de la sesión que los cuatro proyectos podrían
“replantearse” por “razones justificadas, como es el caso de la contingencia en
materia de salud en relación al COVID-19”; las áreas involucradas deberán
informar a la secretaría administrativa si deciden avanzar o cancelar los mismos.
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