Policías del Gobierno del Estado de
México, armados con escopetas, lanza granadas y equipos antimotines,
interrumpieron una vez más en San Francisco Xochicuautla, denunció el Frente de
Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.
En esta
comunidad otomí de 6 mil 500 habitantes hace un año, el 11 de abril, más de 800
policías del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas custodiaron la demolición de una
casa para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Este proyecto, por ahora está suspendido, es de la empresa Autovan de
Grupo Higa, compañía envuelta en el caso de la Casa Blanca y propiedad del
empresario cercano al actual sexenio, Armando Hinojosa Cantú.
En
Xochicuautla no se ha realizado una consulta informada para la instalación de
la carretera. Pero actualmente no hay
condiciones por “la división” que desde hace diez años, con ayuda del
comisariado comunal local, promueve el gobierno mexiquense priista y las
empresas subsidiarias de Grupo Higa.
Sumado a
ello, el lunes sitiaron una asamblea
comunal donde se impuso “con abuso de poder y corrupción” a Francisco Alfaro
Petra, Presidente Comisariado de Bienes Comunales, afín al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), acusó la comunidad indígena.
“Además del reparto de dádivas y la
difamación en contra de defensores del territorio, una de las principales estrategias
del gobierno del Estado de México es mantener y controlar la autoridad
comunitaria de Xochicuautla en manos de personas afines al PRI. Estas personas
han aprobado el paso de la autopista recibiendo gran cantidad de recursos
económicos de los cuales la comunidad no tiene conocimiento”, expuso la Comunidad Indígena de
San Francisco Xochicuautla.
José Luis Fernández, vocero del
Movimiento en Defensa de los Bosques que acudió a la asamblea, dijo en
entrevista que se repartieron 5 mil pesos para votar a favor de Francisco
Alfaro, afín al PRI, quien ya está en funciones.
“El Comisariado fue impuesto
nuevamente tanto por el Gobierno estatal como por la empresa [Autovan de Grupo
Higa], los interesados en que él esté de su lado y tape los desvíos de los recursos
que hicieron los anteriores”, aseguró el vocero.
El líder del
Comisariado de Bienes Comunales que salió,
Ángel Valdéz Ramírez, “ha traicionado” a su comunidad no sólo por la
malversación de recursos, sino también por “facilitar” la entrada de las empresas
que ostentan la concesión del proyecto carretero, de acuerdo con el Frente.
Un Comisariado de Bienes Comunales
debe defender el territorio para que no haya tala ni devastación y velar por la
integridad de los ciudadanos, así como gestionar los apoyos que el gobierno da
para la producción. “Pero es todo lo contrario: no salvaguarda sino está
comprado y promueve el proyecto carretero”, reiteró Fernández.
El lunes, la policía estatal llegó en
camionetas desde las siete de la mañana. Entraron por el campo de futbol y,
caminando, empezaron a distribuirse por todo el pueblo. “Algo muy grave” es que
también se pusieron afuera del jardín de niños, “lo que generó pánico en los
niños”, afirmó.
Luego fueron
a la asamblea. La Comisión Estatal de
Seguridad del Gobierno, el Mando Único, personal de la constructora Grupo Higa
y la Procuraduría Agraria no permitieron la entrada a comuneros acreditados que
“no son afines a sus intereses” con la justificación de “que no estaban en el
padrón, pese a presentar documentos y constancia para acreditar”, contó el
vocero. Ya adentro, hubo policías al interior del recinto.
Con estas acciones, expuso la
comunidad indígena y el Consejo Supremo Indígena, las autoridades y la empresa
“violentan una vez más” las medidas cautelares de protección a los derechos
humanos que ya tiene la comunidad emitidas por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ello, exigieron que sea retirada la policía
estatal para finalizar “el hostigamiento que los pueblos de esta región sufren”
por resistirse al proyecto.
TALA DE
ÁRBOLES POR AUTOPISTA DE HIGA.
El pasado 3 de marzo alrededor de 180
elementos de la Policía del Estado de México también irrumpieron en la asamblea
comunal cuando el antiguo Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Ángel
Valdéz Ramírez, dio un informe sobre los recursos federales recibidos “sin que
la comunidad haya sido beneficiada con los mismos”, expuso el Frente de Pueblos
Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
“Su
presencia es un acto evidente de provocación y agresión para los comuneros que
resisten y luchan en contra de la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan”,
denunció la comunidad otomí. “La
presencia de la policía vulnera gravemente los derechos de la comunidad y
responde a los intereses del gobierno del Estado de México y las de Grupo
Higa”.
Esta
autopista, dijeron, ha violado los derechos individuales y colectivos de los
pueblos Ñatho que habitan la región, reconocidos como pueblos originarios por
los artículos que se describen en el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), así como la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además,
denunciaron, la obra no ha considerado
criterios para prevenir la destrucción del patrimonio arqueológico de la
comunidad y de la nación, con importancia histórica, ancestral, comunitaria y
espiritual.
La comunidad ha interpuesto ocho
amparos contra la carretera y “hasta el momento han estado respetando, aunque
sabemos que es época de elecciones”, aseguró José Luis Fernández, vocero del Movimiento en
Defensa de los Bosques.
San
Francisco Xochicuautla pertenece al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de
la Madre Tierra, un conjunto de comunidades, científicos, académicos,
campesinos, organizaciones y ciudadanos interesados en defender la tierra, agua
y bosques del Estado de México, así como los derechos de los pueblos indígenas
que han cuidado ese territorio.
Durante los trabajos que se
realizaron para el proyecto carretero denominado Toluca-Naucalpan, de la
empresa Autovan de Grupo Higa, denunció el Frente, hubo “la tala de miles de
árboles” en San Francisco Xochicuautla para estudios, así como la compra y
venta ilícita de tierras.
En mayo
presentarán sus propuestas, con apoyo de un equipo de especialistas en
ingeniería, para que esta autopista dañe menos el territorio y a la comunidad.
“No estamos en contra del desarrollo,
pero bajo ciertas condiciones. Queremos evitar lo que pasó el 11 de abril del
año pasado (el derrumbamiento de una casa con maquinaria)”, finalizó José Luis Fernández.
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