Las irregularidades, subejercicios y
posibles desvíos de los recursos del Seguro Popular, el programa que permite
acercar servicios de salud y tratamiento de enfermedades graves como cáncer o
VIH a población vulnerable, fueron el común denominador en prácticamente todo
el país, según la revisión de la Cuenta Pública 2016, hecha por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
La ASF detectó malos manejos de los recursos
federales asignados en 28 de las 32 entidades del país. El monto de las
irregularidades asciende a casi 6 mil millones de pesos. Hay estados donde los
posibles desvíos van del 24 hasta el 55 % de todo el dinero asignado.
Michoacán, Estado de México, Oaxaca,
Chiapas y Veracruz, son las entidades con los montos más altos de recursos del
Seguro Popular reportados con irregularidades, y de hecho concentran por sí
solos casi el 50 % de todo el total observado por los auditores.
La revisión hecha por Animal Político
a las 32 auditorías practicadas en los estados permitió establecer que, de los
casi 6 mil millones reportados con posibles anomalías, cerca de 4 mil 500
millones son recursos que las entidades aseguran haber gastado, pero se
desconoce en qué o no hay documentos suficientes que lo
comprueben. El resto es dinero que
no se gastó, pero tampoco se regresó. es decir, son subejercicios.
Las investigaciones para explicar el
origen de estas irregularidades están en desarrollo, pero si lo estados no
comprueban el destino de los recursos, o no devuelven el dinero que no
aplicaron, esto podría derivar en denuncias penales ante la PGR contra los
funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables.
Cabe
recordar que hasta ahora la ASF ha
presentado denuncias ante la PGR por el posible desvío de 7 mil 869 millones de
pesos del Seguro Popular, entre los ejercicios 2011 a 2015. Más del 50 % de
estos recursos denunciados corresponde a desvíos en Veracruz, durante la
administración de Javier Duarte, y el 30 % a irregularidades en Michoacán.
Oaxaca, foco
rojo.
El estado con la mayor cantidad de
recursos del Seguro Popular mal manejados, en 2016, fue Oaxaca con casi mil millones de pesos reportados por los
auditores. De ese total, hay 262 millones de pesos de subejercicio, es decir
dinero que no se gastó, pero tampoco se regresó a la Secretaría de Hacienda. El
resto son recursos que se presume fueron desviados.
Hay por ejemplo 175 millones de pesos que
fueron retirados de la cuenta oficial de este programa sin que haya explicación
alguna de cuál fue el destino. Hay Otros 621 millones de pesos que se reportó
que fueron invertidos en distintos rubros que no hay la información suficiente
para comprobarlo.
Los
auditores identificaron anomalías claras
como, por ejemplo, el pago a dos trabajadores que en realidad no se encuentran
en los hospitales donde se supone que deberían estar, o la contratación de
otros cuatro empleados que carecen de la preparación académica suficiente para
desempeñar el puesto que les fue asignado.
La ASF
indicó que el proceso de fiscalización de los recursos no se pudo completar en
Oaxaca, debido a que maestros de la sección 9 del Sindicato Nacional de
Trabajadores dela Educación, pertenecientes a la CNTE, tomaron las
instalaciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de OAXACA.
Lo anterior impidió a la Auditoría
establecer la dimensión real del posible desfalco cometido con recursos del
Seguro Popular en Oaxaca.
No obstante, de lo que se pudo
revisar se estableció que casi el 47 % de los recursos destinados a este
programa presentan un manejo irregular.
Anomalías
millonarias.
Luego de
Oaxaca, el Estado de México presentó el
monto más alto de recursos mal manejados según los auditores: más de 830
millones de pesos, de los cuales solamente 70 millones son de subejercicio
mientras que el resto es posible dinero desviado de su objetivo original.
La ASF
reportó que la administración de Eruviel
Ávila transfirió a distintas cuentas bancarias los recursos del Seguro Popular,
mismos que debieron permanecer solo en la cuenta autorizada para ello.
Además del dinero que no se ha
comprobado en que se utilizó, destacan anomalías como la del pago de más de 200
mil pesos a trabajadores que cuatro meses antes ya se habían dado de baja. Los auditores también identificaron
la falta de promoción en el Estado de México respecto a la cobertura de
servicios y medicamentos con el Seguro Popular.
El gobierno de Eruviel Ávila tampoco
proporcionó información sobre el padrón de beneficiarios del programa.
Michoacán es
el tercer estado del país con la cantidad más alta de recursos del Seguro
Popular que presuntamente fueron mal manejados en 2016. Son más de 680 millones de pesos que fueron gastados sin que exista
evidencia suficiente de su destino, a la cifra habría que sumar 244 millones
que no fueron ni ejercidos ni devueltos a la federación.
Entre las anomalías identificadas hay
pagos a seis empleados que no cumplían con el perfil ni preparación académica
para desempeñar el trabajo por el que supuestamente se les contrató. Además, se
detectaron pagos a 34 empleados que en realidad no trabajaron y contaban con
licencia sindical, lo que contraviene la ley.
Los
auditores también descubrieron que en
una licitación supuestamente pública para contratar a una empresa que
proporcionara servicios médicos especializados, solo participó una empresa a la
que se pagaron casi 85 millones de pesos, sin que siquiera haya constancia de
su propuesta técnica.
A esto se suma la compra de casi 2
millones de pesos en medicamentos con sobreprecio hecha por el gobierno de
Silvano Aureoles, entre otros.
Chiapas es la cuarta entidad con la
cantidad más alta de recursos del Seguro Popular mal manejados con 618 millones
de pesos y luego le sigue Veracruz con 409 millones (106 por subejercicios). Por otro lado, hay estados donde si
bien los montos posiblemente desviados o mal manejados del Seguro Popular no
alcanzan los niveles anteriores, lo que llama la atención es la proporción que
representan respecto al total del dinero analizado.
Por ejemplo, el caso más
significativo es el de Nayarit donde prácticamente el 60 % de toda la muestra
de recursos analizados presenta problemas. Esto asciende a más de 235 millones
de pesos.
Entre las irregularidades detectadas
en Nayarit destacó, por ejemplo, 33 millones de pesos que se aseguró fueron
invertidos en medicamentos y materiales de curación, pero de esta cantidad no
hay información que permita su comprobación. Hay otros 55 millones en servicios
que supuestamente fueron subrogados a terceros sin que haya evidencia
documental de ello.
Otro caso parecido es el de Durango,
donde el 55 % de los recursos del Seguro Popular revisados presentan distintos
tipos de anomalías. El monto observado asciende a 191 millones 727 mil pesos.
Entre las anomalías detectadas en
este estado: la supuesta compra de medicamentos por casi 160 millones de pesos
de los cuales no hay información alguna de su adjudicación por lo que no es
posible verificar que el procedimiento haya sido el correcto, ni que los
precios que se pagaron se ajusten a lo establecido a los catálogos para este
material.
También se detectaron graves anomalías por 31
millones de pesos que, en teoría, se destinaron a pagar distintos servicios que
no están respaldados en contrato alguno o en algún convenio de prestación de
servicios. A esto se suman irregularidades como la falta de transparencia en el
padrón de beneficiarios del Seguro Popular.
Otros
estados donde los auditores detectaron
manejos irregulares en una buena parte de la muestra analizada son Oaxaca con
irregularidades en el 47 % del presupuesto revisado del Seguro Popular;
Michoacán con 37.7 %; Chiapas con 27.1 %; Estado de México con el 18.5 % y
Querétaro con 15.2 %.
Los estados
‘con estrellita’
Hay cuatro estados del país donde la
ASF no encontró ni subejercicio ni posibles desvíos de los recursos federales
asignados para el Seguro Popular en 2016: Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.
En dichas
entidades los auditores coincidieron en que hay manejos aceptables de
supervisión de los recursos y aunque se detectaron inconsistencias estas fueron
solventadas con la información complementaria entregada por los gobiernos
estatales. Las irregularidades que prevalecieron fueron de tipo administrativo
sin derivar en un posible quebranto patrimonial.
Hay otros tres estados que fueron
reportados con un posible daño patrimonial en el manejo del Seguro Popular,
pero solo por el subejercicio de recursos. Se trata de Hidalgo con 20 millones
715 mil pesos no gastados ni devueltos; Nuevo León con 29 millones 444 mil
pesos y Sinaloa con 24 millones 252 mil pesos.
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