Los integrantes de la diputación
permanente del Congreso local se negaron a exhortar a la Secretaría de
Gobernación y al gobierno sonorense para reactivar la solicitud de emitir la alerta
de violencia de género en el municipio Cajeme, a unos 256 kilómetros al sur de
esta capital.
La propuesta
con punto de acuerdo fundamenta que la
reactivación de esta solicitud se debe a que Cajeme “ha sido afectado por una
ola de violencia social generalizada sobre todo en eventos relacionados con el
crimen organizado, por lo que ejecuciones, secuestros, e incluso desapariciones
de mujeres, se han elevado alarmantemente”.
Según cifras
del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, capítulo Sonora, en ese municipio sureño se registraron 18
muertes violentas de mujeres en lo que va del año.
En Sonora el número asciende a 45
feminicidios durante 2016 y en el primer semestre de 2017 la cantidad es de 34.
El análisis estadístico publicado por
la Secretaría de Seguridad Pública estatal arroja que Cajeme ocupa el segundo
lugar de incidencias delictivas, es decir 15 de cada 100 actos antisociales
ocurren en este ayuntamiento.
Y no solo
eso: En relación con la participación
municipal en los rubros de homicidios dolosos y feminicidios ocupó el primer
lugar con 94 incidencias.
Pese a los
argumentos, sólo la diputada panista Lissete López aprobó este punto de
acuerdo, mientras que el priista
Emeterio Ochoa, presidente de la diputación permanente y representante del
distrito 17 de Cajeme, se abstuvo de votar, al igual que Fermín Trujillo,
legislador plurinominal del Partido Nueva Alianza (Panal).
A esta sesión
no asistieron los diputados Ana María
Luisa Valdés y José Ángel Rochín, del PRI y Morena, respectivamente.
Evitar la
declaratoria.
No obstante,
a la reunión organizada en la sala de
comisiones acudió el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, quien consideró que
si se niega a Sonora la declaratoria de la alerta sería un éxito gubernamental
y solo admitió la existencia de 30 feminicidios contabilizados a mayo de este
año.
“Si logramos evitar que se declare la
alerta será un éxito compartido entre todos los niveles de gobierno y las
organizaciones participantes; pero si fracasamos y
las medidas son dictadas quiere decir que estamos fallando”, dijo el
secretario luego que la diputación permanente le concedió la palabra durante la
discusión del punto de acuerdo.
En respuesta
y por separado, la diputada panista
López explicó que esta negativa al exhorto significa que el gobierno sonorense
a cargo de la priista Claudia Pavlovich “reconoce que el problema es grande y
se niegan a recibir ayuda”.
Y enfatizó: “Esta reacción también nos dice que los
feminicidios y los homicidios dolosos ocurridos en Cajeme no son prioridad para
este gobierno”.
Sonora es el único estado de la República mexicano
gobernado por una mujer y, pese a ello, la estructura gubernamental se niega a
la expedición de esta declaratoria.
Antecedentes.
El 25 de
abril de 2015 la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género AC
presentó la solicitud ante el Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de que
en Cajeme se declara la alerta de violencia de género.
El 9 de
noviembre siguiente la Segob notificó al ejecutivo sonorense la existencia de
un informe elaborado por el grupo de trabajo que atendió la solicitud y la
obligación de atender las observaciones en un periodo de seis meses.
El 1 de
junio de 2016 el gobierno sonorense la remitió a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujer (Conavim) que había
implementado las propuestas.
Para el 26
de agosto, dos meses después, el grupo de trabajo determinó por unanimidad que
Sonora “había mostrado voluntad política y avances concretos” y anunció que en
el semestre subsecuente valorarían los avances.
Asimismo,
ordenó la publicación de un programa estatal para erradicar la violencia contra
las mujeres; la creación de un centro de justicia femenil; la creación de un
reglamento en acuerdo a Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como
la presentación de iniciativas de reforma al código de familia y la aprobación
de la Ley número 91, relativa a la paridad de género en el ámbito político-
electoral.
Con respecto
a esta solicitud de 2015, la fracción parlamentaria del PAN solicitó su
reactivación la tarde de este miércoles, pero las dos terceras partes de la
diputación permanente se negó a aprobar el punto de acuerdo y lo envió al
estudio en comisiones.
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