Adrián López Ortiz.
Si seguimos como vamos, los datos
indican que 2017 será el año más violento de la historia reciente de México.
¿La razón? Un incremento sostenido y alarmante en la tasa de homicidios por
razones complejas y multifactoriales, pero explicables.
En un estado históricamente violento
como el mío (Sinaloa), he visto al menos a tres gobernadores ofrecer sus “balas
de plata” para solucionar la violencia. Desde armamento de mayor calibre,
vehículos “Tiger” todoterreno y hasta drones de última generación.
Sobra decir que, al ver el nivel de desmantelamiento de las
corporaciones de policía civil, es comprensible (no justificable) que los
gobernadores echen mano del Ejército y la Marina. En el día a día, son los
únicos que tienen el entrenamiento y la capacidad para enfrentar a células
criminales numerosas y fuertemente armadas.
Prácticamente todos los estados de
este país tienen déficit de policías o equipamiento y niveles reprobatorios en
exámenes de control de confianza. Y, ¿sabe usted de quien es responsabilidad
reconstruir esas policías? De los gobernadores, obviamente.
Pero no quieren hacerlo. Y no quieren
porque en muchos casos son juez y parte. Ya sea por corrupción o por
cooptación. Porque siempre será más cómodo echarle la culpa del crimen
organizado a la Federación; solicitar el apoyo de las fuerzas armadas; y, acto
seguido, lamentar amargamente la insuficiencia de ese apoyo. Así no son dolientes, sino víctimas
de las circunstancias.
A ese juego mentiroso e hipócrita se
suma otra condición más endeble de nuestro estado de derecho: la situación de
precariedad que guardan las Fiscalías/Procuradurías locales.
Si usted ha denunciado
alguna vez un delito, sabe de qué estoy hablando. Toparse con el trabajo de un Ministerio Público no solo es un proceso
burocrático, engorroso, desgastante e inútil, sino que puede ser una ventana
para otros riesgos como la corrupción y el peligro de una venganza. Pareciera
que la Fiscalía está allí para todo, menos para ayudar.
Nos desgastamos a diario exigiendo a
militares que cumplan con labores que le corresponden a la policía. Exigimos
que “alguien” nos garantice seguridad porque no es posible que vivamos con
estos niveles de miedo. Pero olvidamos que el factor más importante para
explicar la violencia reiterada que vivimos es la impunidad.
En México se delinque hasta el
asesinato por una razón harto simple: no hay consecuencias jurídicas. Los
índices de impunidad superan el 80 -90 por ciento según delito y región. El
valor entendido es que no vivimos en sociedad, sino en la barbarie.
Ahora que
las Procuradurías deben cobrar autonomía en su conversión a la figura de
Fiscalías, es momento de que los ciudadanos volteemos hacia ellas y entendamos que,
si bien la seguridad es un desastre, no lo es menos el estado de nuestras
instituciones para la procuración de justicia.
Una procuración que, muy lejos de su
objetivo democrático, resulta criminal en sí misma. Por corrupta, pero también por
inepta. A nuestras fiscalías les falta personal, capacitación, tecnología. Se
les ve cómo carga y no como prioridad.
Por eso, en lugar de culpar dolosamente al nuevo
sistema de justicia penal por la escalada de violencia, los gobernadores
deberían asumir su responsabilidad y dotar de recursos materiales y humanos a
las Fiscalías para que estén en condiciones de cumplir con su trabajo en tiempo
y forma.
El Sistema de Justicia Penal
Acusatorio no es el enemigo, es un gran acierto de modernidad que solo ha
exhibido las miserias de nuestras policías y la incapacidad investigadora de
nuestros Ministerios Públicos.
Ahí deben poner
el acento los gobernadores para procurar justicia y empezar a construir
confianza entre la sociedad.
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