Los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados del caso
Ayotzinapa también pudieron ser espiados con el malware Pegasus mientras se
encontraban en México: en marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los
utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y
políticos mexicanos, informaron integrantes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
La
comisionada Esmeralda de Troitiño, quien presidió hoy la audiencia de la CIDH
sobre el mecanismo especial de seguimiento del asunto Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta
del GIEI, la cual notificó la recepción de mensajes de texto con enlaces hacia
páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus.
“Vamos a comunicarle formalmente esta
carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro -exintegrante del
GIEI-, quien insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los
defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la
CIDH, la cual
realiza esta semana su 163 periodo de sesiones en Lima, Perú.
Durante un
año, los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición
forzada de los 43 normalistas em Iguala, Guerrero. Su labor obligó la
Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de
investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el
gobierno federal para explicar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de
2014.
El tema del creciente escándalo del
espionaje gubernamental operado en la administración de Enrique Peña Nieto se
introdujo hoy en las audiencias de la CIDH dedicadas a los casos mexicanos -los
integrantes de la sociedad civil instalaron frente a ellos una cartulina con la
consigna #GobiernoEspía-, pero se agudizó en la sesión sobre Ayotzinapa.
Frente a los
representantes del gobierno mexicano se encontraban algunos padres de los
normalistas, acompañados por su abogado Vidulfo Rosales, así como Mario Patrón
Sánchez y Santiago Aguirre Espinosa, director y subdirector del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), respectivamente, quienes
fueron víctimas de tentativas de espionaje en 2016.
Desde los
primeros momentos de la sesión, Patrón marcó el tono de la audiencia que se
llevaría a cabo a lo largo de la siguiente hora: “Venimos a denunciar que el gobierno mexicano espía en vez de
investigar el paradero de los 43 normalistas”, sostuvo.
Los representantes del gobierno
mexicano, encabezados por Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, se vieron acorralados por los cuestionamientos
de los comisionados de la CIDH.
Ricardo
Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de
Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, planteó que la PGR abrió una
investigación para determinar responsabilidades penales contra las “personas”
que interceptaron las comunicaciones privadas.
“No hay imputaciones directas a
personas, sino a instituciones”, reviró Patrón, al añadir que “la gran pregunta
es si el Estado querrá y tendrá la capacidad de investigarse a sí mismo”.
El defensor
de derechos humanos recordó que la
Agencia de Investigación Criminal (AIC) -dependiente de la PGR-, el Centro de
Inteligencia en Seguridad Nacional (Cisen) -parte de la Segob- y la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) deberían ser investigados, pues existen
evidencias de que compraron el programa Pegasus.
Incluso, denunció que las autoridades mexicanas
reservaron los contratos que evidencian la compra de dicho programa.
La de hoy no
fue la primera vez que una audiencia de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa se
convierte en intercambios ríspidos entre defensores de derechos humanos y
funcionarios.
El pasado 17 marzo, en los últimos
minutos de la sesión, Roberto Campa Cifrián relanzó la “verdad histórica” del
gobierno federal sobre la noche de Iguala y planteó que “no se ha consolidado
otra hipótesis”.
En esa
ocasión, el funcionario intervino para “rescatar” a Alfredo Higuera Bernal, el
fiscal que la PGR adscribió al caso de Ayotzinapa, quien eludía de manera burda
la serie de preguntas que le hizo el comisionado James Cavallaro.
- ¿Por qué
se ejercieron presiones sobre el ex visitador interno de la PGR, ¿César Chávez,
para que expusiera las conclusiones de su informe, sobre la investigación del
caso Ayotzinapa?
–¿Cómo van
las investigaciones sobre los probables actos de tortura perpetrados contra
siete de cada diez detenidos del caso?
- ¿Por qué,
si ya transcurrieron 18 meses desde que el GIEI pidió una investigación más
profunda sobre las redes de trasiego de heroína de Iguala a Chicago, sigue en
trámite la petición de asistencia mutua del gobierno de México a su contraparte
de Estados Unidos?
- ¿Qué
avances existen sobre la posible participación de policías municipales de
Huitzuco y de militares?
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