Adrián López
Ortiz.
Echeverría, como Secretario de Salud,
asignó contratos por casi 90 MDP a empresas que el mismo fundó, representó
legalmente y que pertenecen a la red de sus padrinos políticos, la familia
Salido.
Hace más de
3 años recibí un balazo en un supuesto robo de auto que el Gobierno de Mario
López Valdez nunca pudo aclarar. El agresor y uno de sus cómplices siguen
prófugos. El primero en visitarme en el hospital fue Ernesto Echeverría,
entonces Secretario de Salud.
No nos
conocíamos, salvo el trato institucional que existe entre el director de un
periódico y el titular de una dependencia. En ese año, Noroeste fue muy crítico
de la manera en que Echeverría (con el apoyo del ex gobernador) intentaron
implementar el modelo de Asociaciones Público-Privadas para construir dos
hospitales generales por más de 14 mil MDP en Culiacán y Mazatlán.
Las licitaciones se dieron, pero no
pudieron pasar una iniciativa que asignaba garantías financieras a posteriori a
los ganadores, vía la afectación de un fondo federal por 25 años. Lo que se
habría abonado a la escandalosa deuda que dejó el malovismo.
Echeverría reclamó siempre a Noroeste
estar en contra de los hospitales y la salud de la gente.
No era el
modelo, sino la manera en que pretendían
torcerlo. En el periódico hicimos la investigación, la sociedad civil entendió
y presionó al congreso para que el dictamen no prosperara. ¡Y lo lograron! Como
no hubo garantías, no hay hospitales. Así no había negocio pues.
Esta semana, Noroeste publica una
sólida investigación de Gabriela Soto y Heriberto Giusti que documenta la
corrupción de Echeverría como Secretario de Salud: asignó contratos por casi 90
MDP a empresas que el mismo fundó, representó legalmente y que pertenecen a la
red de sus padrinos políticos, la familia Salido.
Incluso simularon licitaciones para
asignar obras a constructoras del mismo grupo. Obras que quedaron inconclusas y
medio operan. Puede
leer la investigación completa aquí: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/ex-secretario-de-salud-de-sinaloa-contrato-con-empresas-de-las-que-fue-socio-1089412
Desde que
llegó al poder, Quirino Ordaz Coppel sorprendió con la velocidad de su
ejecución y la firmeza del discurso de toma de protesta. Seis meses después, la
crisis de inseguridad con casi 900 muertos y la inacción ante la corrupción del
sexenio anterior lo mantienen cuestionado en el imaginario popular.
En seguridad, la estrategia ha sido
apoyarse en el ejército. Decomisos, enfrentamientos y detenciones suceden a
diario, pero no alcanza. La sicosis y el miedo siguen presentes porque el
gobierno hace, pero no explica.
Por otro
lado, en el reclamo sinaloense solo un
tema es equiparable con la inseguridad: ver que los funcionarios corruptos del
sexenio anterior y el propio López Valdez rindan cuentas antes las autoridades.
Quirino
Ordaz repite en cada oportunidad que quiere hacer un “gobierno diferente”.
Presume su origen empresarial y su carrera limpia de escándalos. Si quiere
validar esa reputación en el gobierno, debe actuar contra la corrupción que le
dejaron. Nada más, pero nada menos.
Tres días después de que la
investigación de Noroeste se convirtiera en nota nacional, el Gobernador sigue
sin pronunciarse al respecto. Tampoco los medios locales han visto nada, solo
algunas columnas buscan darle al trabajo un sesgo político, cuando lo que hay
que es periodismo.
Conseguimos la tibia declaración de
la Auditoría Superior del Estado sobre el inicio de una “investigación” y algunos
posicionamientos de partidos políticos con lugares comunes y frases a la
medida. Al tiempo que empujan una iniciativa para dejar de discutir las cuentas
públicas en el pleno del congreso. Sí, en tiempos de corrupción e impunidad,
nuestros diputados quieren renunciar a su responsabilidad fiscalizadora.
Sin duda no estamos ante toda la
corrupción del malovismo, probamos apenas una parte. Ante la documentación precisa de uno
de sus tentáculos. Uno con nombre y apellido, con responsables y hechos concretos.
“Hay
materia”, dirían los abogados. Pero el Fiscal Juan José Ríos Estavillo afirma
que necesita denuncias para ejercer facultades.
Tampoco descubrimos algo muy
sofisticado, sino un modelo de corrupción y pago de favores habitual, lo mismo
en Sinaloa que en Veracruz o Chiapas. La pregunta es obvia: ¿qué acaso el
Gobernador, el Congreso, la Auditoría Local ni la Unidad de transparencia
vieron nunca nada?, ¿no se dieron cuenta cuando asignaron las obras, cuando
revisaron la documentación, cuando pagaron las facturas?
Estoy seguro que sí. Pero no les
importó, aun así usaron los recursos públicos de manera patrimonial. Hicieron
muy buenos negocios.
La razón es todavía más burda: porque
se puede. Porque no pasa nada. Porque nuestras instituciones para el contrapeso
son pura simulación. Porque se van impunes y muy ricos. Porque la memoria
colectiva termina siendo muy corta y no llega a la siguiente elección.
Porque al
final, los que terminan estando contra la gente son ellos, los corruptos.
Quirino
Ordaz Coppel sí puede actuar. Todavía no sabemos si quiere hacerlo. En la
respuesta veremos el talante del nuevo gobierno.
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