Entre tres ajustes al gasto público y
un nivel histórico de deuda pública –en 50 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB)–, el Gobierno mexicano ha reducido la inversión pública en áreas de
desarrollo social y económico a niveles que pueden afectar al crecimiento. Esto
en vez de recortar otros rubros menos productivos, afirmaron economistas.
El titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade
Kuribreña, afirmó esta semana en Jalisco que fortalecer la inversión en
infraestructura permite impulsar la productividad, aumentar la competitividad,
generar empleo y, a través de un mayor crecimiento económico, mejorar el
bienestar de la población.
Sin embargo, la inversión pública de enero a mayo fue
por 231 mil 132 millones de pesos, una reducción de -20.7 por ciento frente al
mismo periodo del año pasado. Esto representa el mayor declive en el sexenio, y
uno de los más pronunciados en los últimos tres sexenios, de acuerdo con las
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la propia Secretaría de
Hacienda. En el primer trimestre de 1996, tras la crisis del llamado “Efecto
Tequila”, la inversión pública cayó -27.7 por ciento, de acuerdo con un
historial de México, ¿Cómo Vamos?
“La
inversión pública en infraestructura física y social son determinantes básicos
del crecimiento económico del largo plazo, y sin eso no hay reducción de la
pobreza”, dijo el economista por la Universidad de Economía de Viena, Sergio
Saldaña Zorrilla. “Debieron haber
recortado el gasto corriente, discrecional, de los gobernadores y de las
secretarías de Estado. Pero no los guía el interés público sino el personal y
la corrupción”, agregó.
El reporte oficial expone que el área
de Legislación y Justicia, del rubro de Gobierno, tuvo un incremento de
inversión física de 199 y 187 por ciento de enero a mayo de este año en
comparación con los mismos cinco meses de 2016. En
contraste, del rubro Desarrollo Económico, el área de Agropecuaria,
silvicultura, pesca y caza fue blanco de un recorte por -75.5 por ciento; el de
Comunicaciones de uno por 75.6 por ciento, y Ciencia, Tecnología e Innovación por
63.8 por ciento frente al enero-mayo de 2016.
Estos
recortes a la inversión pública se realizan mientras el Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública ascendió a 9 billones 197 mil 300
millones de pesos en mayo de 2017, un 44 por ciento del PIB.
“Se estima
que el SHRFSP como porcentaje del PIB disminuya de 50.2 por ciento al cierre de
2016 a 48 por ciento del PIB al cierre de 2017, ya considerando el efecto del
remanente de operación del Banco de México”, expuso Hacienda en su último
informe de finanzas públicas.
La deuda pública se ha incrementado
un 64 por ciento o 12.8 puntos del PIB durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(Ceesp), por lo que
llamó a realizar mayores esfuerzos para reducir el gasto público y ejercerlo de
manera más eficiente.
Saldaña
Zorrilla enfatizó que la inversión
pública en carreteras, a la que dan mayor prioridad, es la menos productiva
frente a la marítima y ferroviaria.
“Tienen que dejar de invertir en
infraestructura carretera innecesaria como puentes sobre puentes, sobre todo en
el Estado de México, con fines no estratégicos sino para beneficiar a
determinadas empresas. Ahí se asoma la sombra de la corrupción que ha sido la
guía de las políticas públicas de los últimos tres sexenios”, determinó el investigador.
UN PAÍS SIN
INVERSIÓN PÚBLICA.
Durante los
cinco primeros meses del año, desde 2013 cuando inició el Gobierno de Enrique
Peña Nieto, el ejercicio ha sido similar salvo en 2014, cuando hasta en el
extranjero se tenían expectativas en las reformas estructurales.
De enero a
mayo de 2013 la inversión pública bajó -7.1 por ciento frente a 2012. Si bien
se recortó a Asuntos Financieros y Hacendarios un -99 por ciento y a
Legislación -69 por ciento, otras áreas castigadas fueron Recreación y cultura
(-67.5 por ciento), Agropecuaria, sivilcutultura, pesca y caza (-70.7 por
ciento), Turismo (-86.2 por ciento), y Ciencia, Tecnología e Innovación (-72.7
por ciento).
Un año
después, en 2014, el Gobierno federal reportó un crecimiento de inversión
pública por 37.8 por ciento en comparación a 2013. En este periodo la inversión
en Justicia fue recortada por -57.3 por ciento y en Legislación por -24.1 por
ciento. Sin embargo, también se pasó la tijera por Educación (-42.6 por
ciento), Protección social (-59.4 por ciento) y Comunicaciones (-24.3 por
ciento).
En noviembre de 2014, la organización
México, ¿Cómo Vamos? alertó que “ante la falta de claridad de los posibles
ingresos derivados del sector petrolero, es fundamental que el endeudamiento
público se destine a proyectos de inversión, así como disminuir el gasto
corriente al mínimo para sortear la volatilidad del precio del petróleo sin
necesidad de incurrir en más deuda pública”.
Posteriormente
llegó 2015, año en que los precios internacionales del petróleo comenzaron a
caer en picada y con ello los ingresos petroleros. El entonces Secretario de
Hacienda, Luis Videgaray Caso anunció al cierre de enero un recorte al gasto
público federal por 124 mil 300 millones de pesos. Dentro de la administración
pública, el 35 por ciento del recorte fue al gasto de inversión.
Como parte
del ajuste se canceló el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro y
el Tren de Pasajeros Transpeninsular en Yucatán y Quintana Roo.
Durante
enero-mayo de ese año, el incremento de la inversión pública se desaceleró al
ser de 0.3 por ciento frente a 2014. Mientras el área de Coordinación de
Política de Gobierno registró un incremento de inversión por 384 por ciento, el
área de Protección Social sufrió una reducción de -93 por ciento, y Educación
-28.2 por ciento.
“No será
posible generar la confianza y credibilidad necesaria para alcanzar la meta de
generar niveles de inversión equivalentes al 25 por ciento del PIB si no se
reduce la impunidad, inseguridad y corrupción en los tres niveles de gobierno”,
determinó México, ¿Cómo Vamos?
En 2016, en
medio de una turbulencia en Petróleos Mexicanos (Pemex) e incertidumbre por la
salida del Reino Unido de la Unión Europea, la Secretaría de Hacienda ajustó a
la baja el gasto público en febrero por 132 mil 300 millones de pesos,
principalmente en el presupuesto de la petrolera, y en junio por 31 mil 715
millones de pesos.
Ante ello,
de enero a mayo del año pasado, la inversión pública cayó -19.4 por ciento,
sobre todo por una reducción de -98.6 por ciento en Recreación y Cultura, una
de -53.4 por ciento en Turismo, así como de -98.3 por ciento en Asuntos
Financieros y Hacendarios.
“Nos están sacando de la competencia
internacional al orientar mal la inversión pública”, concluyó el economista Sergio Saldaña.
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