Al menos 10 personas comparecieron
ante diputados del Congreso local de Nayarit, para exigir la creación de una
Comisión Especial legislativa que investigue diversos crímenes graves de los
que fueron víctimas, entre ellos, tortura, despojo, secuestro, fraude.
Todos fueron presuntamente cometidos
por el gobernador saliente Roberto Sandoval; el ex fiscal, Édgar Veytia, preso
en Estados Unidos acusado de narcotráfico, además de notarios públicos locales
y otros servidores públicos.
Los 10 casos que se hicieron públicos
fueron los más representativos de 69 que se lograron recabar con las pruebas
que les podrían servir para fincar responsabilidades; sin embargo, durante más
de dos meses, acudieron cerca de 200 personas a denunciar los presuntos
ilícitos de las autoridades nayaritas ante el grupo denominado Promotores de la
Comisión de la Verdad.
Entre las
declaraciones hubo señalamientos de
tortura ejercida por policías de la Fiscalía General del Estado, supuestamente
ordenada por el ex fiscal Veytia, a cambio de que las personas firmaran
traslados de dominio de tierras o distintas propiedades, incluso para que se
admitieran culpables de delitos que no cometieron.
El despojo de inmuebles y terrenos
fueron los más repetidos, y nombres de notarios públicos como el No. 6 Arturo
Luna López; No. 8 Eduardo Velázquez Gutiérrez; el notario suplente No. 9 Carlos
Alfaro López; el No.36 Alonso González López - asociado a Édgar Veytia por la
licencia que este tenía del Fiat 39- y el notario No. 18 Jesús Toriz, se repitieron
en algunos casos, como responsables de dar fe a los actos de escrituración
irregular.
En el caso concreto del notario No.
6, Arturo Luna López, se le acusó presuntamente de abusar de su autoridad para
falsificar la firma de una de sus clientes -que padecía Alzheimer- para
nombrarse único heredero y albacea de los bienes de la mujer y despojar a sus
hijos de la herencia; además de que fue relacionado de tener tratos con el ex
aspirante al gobierno estatal por la vía independiente, Hilario Ramírez Villanueva,
“Layín”, quien también fue acusado por despojo.
Uno de los
declarantes también relacionó al ex
diputado local, ex líder del PRI en Tepic y ex candidato a la alcaldía por esta
ciudad, Carlos Saldate, con la cadena de victimarios quien aparentemente
cometió en su contra los delitos de fraude, abuso de poder y confianza, además
de promover tortura para quitarle un predio.
Los
afectados señalaron que cuando lograban que el gobernador del estado, Roberto
Sandoval, los recibiera, éste les prometía ayuda; no obstante, nunca hubo
atención real sobre sus denuncias.
Los diputados locales escucharon
quejas respecto a la existencia de sitios de tortura dentro de las oficinas de
la Fiscalía General de Nayarit, y en un sector de la prisión estatal
“Venustiano Carranza” en Tepic -conocido como área 7-1 y la “ratonera”- donde
aparentemente se encerraba a enfermos mentales, y servía para torturar física y
psicológicamente.
Entre las víctimas que acudieron al
recinto legislativo se encontraban empresarios, comerciantes, ejidatarios, amas
de casa e incluso servidores públicos del poder judicial y del sector salud que
buscaban ascender laboralmente y que, por reclamar sus plazas o pagos, fueron
abusados.
Por su
parte, el presidente del Congreso estatal, Leopoldo Domínguez González, afirmó
que se retomarán los testimonios ofrecidos por estas personas y se conformará
la Comisión Especial de Investigación para atender, y llamar a cuentas a las
autoridades correspondientes.
Finalmente,
el vocero de los promotores de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González
Barrios, señaló que luego de que se instale la instancia legislativa,
solicitarán al próximo gobernador, Antonio Echavarría García, que promueva ante
organismos internacionales la constitución de una comisión que atienda diversos
crímenes de lesa humanidad cometidos en Nayarit.
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