Salvador Camarena.
Este gobierno tiene una propensión
por dejar cabos sueltos. No cierra nada. Todo lo arrastra de un año a otro.
Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán… si hablamos de temas de
violencia; o la casa blanca y Malinalco si de rendición de cuentas se trata.
Investigaciones inacabadas, o con
fuertes indicios de haber sido hechas a modo, provocan que esos temas sigan
vivos en la agenda de los graves pendientes de la administración (es un decir)
Peña Nieto.
Al rosario de cuentas pendientes, en
las últimas semanas se han agregado dos perlas. Odebrecht y el socavón del Paso
Express.
En torno a
Odebrecht sólo vale la pena destacar, por el momento, la gran capacidad del
peñismo para devaluar la imagen de la Procuraduría General de la República. Ocho meses después de que se conociera
que la trama de corrupción internacional de esa empresa brasileña incluía
sobornos en México por 10.5 millones de dólares, la PGR no tiene nada contra
nadie.
Y si fuera preciso ejemplificar más
lo poco que se valora en este gobierno a la dependencia de Raúl Cervantes, ahí
está lo ocurrido la semana pasada, cuando todo el país fue testigo de cómo se
dobló Cervantes ante las peticiones de la defensa del exdirector de Petróleos
Mexicanos Emilio Lozoya, señalado en Brasil por presuntos actos de corrupción.
Los tiempos de la PGR los marcó el abogado Javier Coello Trejo, no la justicia.
En fin.
En el tema del socavón, Gerardo Ruiz
Esparza ha dado un concierto de desatinos. De cara a la comparecencia que
tendrá en el Congreso, programada para mañana martes, el secretario de
Comunicaciones y Transportes ha cometido uno más.
Como
anticipo a la cita con los legisladores, la semana pasada el titular de la SCT
envió un informe (dado a conocer el viernes por Milenio) en el que reparte culpas, hacia afuera de la SCT y hacia niveles muy
bajos en el escalafón de su dependencia.
Pero en el documento incluso se da el
lujo de, a manera de conclusión, recomendar una legislación que “castigue
severamente” la falta de planeación urbana, los asentamientos urbanos que
invaden tanto la zona federal de las carreteras como “cañadas y cuencas de
ríos, lo cual afecta a las carreteras del país”.
El “Informe
sobre los acontecimientos ocurridos en el Paso Express” destaca desde la página
1 que, a diferencia de la SCT, que “desde el primer momento atendió la
situación y asumió su responsabilidad”, ni Graco Ramírez, mandatario de
Morelos, ni Cuauhtémoc Blanco, munícipe de Cuernavaca, se apersonaron en el
sitio del socavón.
“No se
presentó en el sitio el Gobernador de Morelos, ni funcionarios estatales con
capacidad de apoyo (…) tampoco estuvo presente el Presidente Municipal, ni
ningún otro funcionario municipal”.
Es relativamente sencillo resumir las
19 páginas del informe de la SCT. Iría así: tuvimos la buena idea de encargar
una carretera super-necesaria porque los morelenses abusan de la autopista al
utilizarla como vía urbana, pero cinco empresas (proyectista, coordinadora,
supervisora y dos constructoras) se equivocaron. También fallaron los siete
funcionarios directamente involucrados en la obra (todos del Centro Morelos),
pero les juro que ninguno de sus jefes ni coordinadores fallaron. Y es que a
final de cuentas el problema no fue que no se cambió el drenaje, sino que el
Cuau no limpió la alcantarilla, Graco no rescató a los accidentados y Rosario
Robles no pone orden en los asentamientos urbanos. Todos mal menos yo. Eso nos
permite concluir el informe de Ruiz Esparza.
Por el tono
del informe, vayan apuntando al socavón en los temas sin cerrar por este
gobierno.
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