El gobierno de Héctor Astudillo
Flores aprovecha la situación de inseguridad y extrema violencia que se vive en
la entidad, para hacer negocios con empresas mineras y tabacaleras, al utilizar
a policías estatales como guardias privados.
Los uniformados que forman parte del
organismo público descentralizado denominado Instituto de la Policía Auxiliar
Estatal (IPAE), son explotados por las autoridades estatales que firman
contratos con particulares que violan leyes y tratados internacionales en
materia de protección al trabajo, indican documentos oficiales en poder de
Apro.
Los informes
refieren que el servicio de seguridad,
protección y vigilancia que ofrece el gobierno de Astudillo al sector
empresarial e institucional, tiene un costo mensual de 15 mil 324 pesos, por la
vigilancia y resguardo de instalaciones de 12 horas y lo doble, es decir, por
24 horas 30 mil 648 pesos al mes.
No obstante, los mil 500 policías estatales que
conforman el IPAE y de los que se desconoce cuántos de ellos están
certificados, reciben un salario mensual de 4 mil pesos.
Además de ser obligados a trabajar
jornadas que violan derechos laborales y sin prestaciones básicas que marca la
ley, informaron agentes que pidieron el anonimato por temor a represalias.
El resto de las ganancias, son
administradas en total opacidad por el secretario de Seguridad Pública y de
Finanzas en la entidad, Pedro Almazán Cervantes y Héctor Apreza Patrón, quienes
forman parte del Consejo de Administración y Gobierno de la paraestatal,
informaron fuentes oficiales.
Tan solo en
el caso del complejo minero el Limón-Los Huajes, asentado en el municipio de
Cocula, donde la empresa Media Luna comenzó sus trabajos de exploración y
extracción de oro desde hace más de cinco años, la cantidad que le ha generado al gobierno estatal por concepto de pago
de seguridad privada asciende a 367 mil 776 pesos anuales, es decir, un millón
838 mil 880 en el último lustro, indicaron las mismas fuentes.
No obstante,
la cartera de clientes del gobierno
estatal es muy amplia y abarca planteles escolares, paraestatales, así como
empresas consideradas como socialmente “irresponsables” y que han padecido las
consecuencias del nivel de impunidad y violencia que se vive en Guerrero.
Los clientes.
Los
documentos oficiales indican que además de la minera canadiense Media Luna
(Torex Gold), la empresa tabacalera
British American Tobaco, es otro opaco cliente del gobierno de Astudillo.
También, la cervecera
Cuahtémoc-Moctezuma; las refresqueras Pepsi y Coca Cola Femsa.
Los almacenes de la cadena Liverpool,
El Palacio de Hierro y Coppel; la empresa de autotransporte Estrella de oro y
sucursales de fábricas de embutidos y lácteos como Sigma y Sello Rojo.
Así como el hotel Princess y el Forum
Mundo Imperial de Acapulco, ambos propiedad del empresario dueño de Grupo
Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas, principal beneficiario con el
desarrollo inmobiliario autorizado en la Zona Diamante del puerto que se
caracteriza por ser una franja de manglar susceptible a inundaciones severas.
Además del sector privado, el IPAE
tiene a su resguardo instalaciones de paraestatales como la Comisión Federal de
Electricidad (CFE); Petróleos de México (Pemex).
Las casetas de peaje de Caminos y
Puentes Federales (Capufe) y las oficinas del DIF Guerrero, la Secretaría de
Educación estatal; la Comisión Nacional del Agua (Conagua); del Consejo de la
Judicatura Federal (CJF); el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Banco del
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
Pese a ello,
la semana pasada un grupo armado ejecutó
a dos trabajadores de Bansefi y se robó un millón de pesos del programa
Prospera que sería entregado a campesinos del municipio de Ahuacuotzingo, donde
también fueron asesinados cinco policías municipales que resguardaban el convoy
y portaban armas y uniformes oficiales a pesar de que no estar registrados en
el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En
contraste, una de las atribuciones legales del IPAE que se encuentran en el
decreto de creación 095, está la de “custodia bienes y valores, incluyendo su
traslado”.
Órgano
regulador de la seguridad privada.
A pesar de que el IPAE opera de forma
irregular y proporciona servicios de seguridad privada al sector empresarial e
institucional, es considerado como “el órgano regulador y de supervisión” de
empresas de seguridad privada y policías auxiliares municipales.
Los directivos que explotan a los
policías estatales tienen entre sus facultades supervisar la homologación de
cuotas por servicios de seguridad privada y regulación de armamento que portan
agentes municipales y privados.
Así como
“vigilar que se cumpla” con los requisitos y la capacitación del personal
operativo de empresas privadas y municipios, “respetando” sus prestaciones
conforme a lo que marca la ley y sus garantías individuales.
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