Los millonarios del comercio callejero.

Francisco Ortiz Pinchetti.

Uno de los mitos urbanos más socorridos en nuestro medio es el atribuir a la pobreza de la población la proliferación de vendedores ambulantes en las calles de nuestras ciudades. La flagrante violación a normas y reglamentos se justifica y solapa con ese argumento. Pobre gente, solemos decir. Necesitan trabajar, llevar de comer a sus hijos. Mejor que vendan en la calle a que anden asaltando gente.

La verdad es que no se tiene idea de las dimensiones del negocio del comercio informal, callejero. Hay una organización invisible y una red de corrupción que la protege. Me sorprendí al asomarme apenas a esa realidad que tenemos cotidianamente frente a las narices y que no vemos. Por principio de cuentas, la mayoría de esos comerciantes callejeros son empleados de empresarios informales que evidentemente los explotan. Hay estudios que estiman efectivamente que al menos un 80 por ciento del total de estos vendedores no son productores ni dueños de su negocio.

Es el caso de las miles de tamaleras que se instalan en las esquinas cada mañana, de los vendedores de tacos de canasta, con su bicicleta; los que ofrecen mangos rebanados o botanas y semillas en una carretilla; los que venden ropa, joyería de fantasía, perfumes, fritangas, empanadas o biscochos con atole.

Hasta febrero pasado, el gobierno de la Ciudad de México tenía un registro de 105 mil 304 comerciantes en las calles de la capital, de los cuales 68 mil 534 son independientes, y los restantes están agremiados en 745 organizaciones incorporados a un programa de reordenamiento implementado por las autoridades locales, según el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscivip). Iztapalapa es la delegación en la que hay más ambulantes registrados, con más de 18 mil.

Sin ínfulas sociológicas ni mucho menos, escudriñé un poco en el mundo de los ambulantes callejeros. Empecé por un joven que se instala en una esquina del Eje 7 Sur Félix Cuevas, en la colonia Del Valle. Lleva en su bicicleta la canasta forrada con plástico azul llena de tacos sudados, tradicionales. No le falta su frasco con salsa, sus chiles en vinagre y sus servilletas. Hay uno como él en cada una de las 17 esquinas que hay sobre ese eje vial, entre avenida Universidad e Insurgentes Sur. Muchos más en calles interiores.

El negocio no es propio, por supuesto. Su jefe le paga 110 pesos diarios por seis o siete horas de trabajo, según. Dice vender un promedio de 300 tacos al día, a seis pesos la pieza. Hay días buenos que llega a los 400. Tan solo su patrón tiene 35 canasteros, que trabajan preferentemente en calles de la delegación Benito Juárez. Al terminar su jornada diaria entrega a su empleador un promedio de mil 800 pesos, la venta de un día. No tienen ningún tipo de prestaciones ni seguridad en su empleo. Lo pueden correr de un día para otro.

Cada semana, por otro lado, nuestro taquero tiene que entregar mil 500 pesos a los inspectores de vía pública de la delegación. Es la cuota. “Esa la paga el patrón”, me aclara el muchacho. Son seis mil pesos mensuales por canastero. Ese solo empleador tiene que pagar mordidas por unos 210 mil pesos al mes para que sus 35 taqueros puedan trabajar en la vía pública sin problema. Sus ventas, en una estimación moderada, superan un millón 300 mil pesos mensuales. Y hay patrones que tienen 100 canasteros o más. Échele lápiz.

Los vendedores sujetos a la extorsión son preferentemente aquellos que carecen de permiso. En la delegación Benito Juárez son más de tres mil. La cuota puede significar un ingreso ilegal de más de 20 millones de pesos al mes, cuyo destino es por supuesto un misterio. De ese botín participan no sólo los inspectores de vía pública de la Delegación y sus jefes. También los policías y los tripulantes de las camionetas que debieran levantar a los informales e incautarles su mercancía.

Otro rubro del negocio lo constituye el gremio de los informales que expenden una diversidad de productos, principalmente alimentos, en los puestos metálicos llamados fijos. Un delegado panista me confió, “con los pelos en la mano” que uno de esos puestos puede vender entre tres mil y cinco mil pesos diarios. La inmensa mayoría de quienes despachan en esas taquerías, torterías, juguerías y fritanguerías callejeras, tampoco son dueños. Un solo puesto puede rendir entre 250 mil y 300 mil pesos mensuales.

Y hay quienes acaparan hasta 20 de esos puestos metálicos. Son pulpos. En Benito Juárez, por ejemplo, los ambulantes autorizados están afiliados a una organización, por supuesto informal, que lidera Esteban Oliva, una mafia. Este sujeto participa no solo de las cuotas de sus agremiados, sino de un negocio paralelo, coludido con autoridades delegacionales: la fabricación y venta de puestos metálicos “oficiales”, autorizado su diseño y características por la propia Delegación, con la coartada de “dignificar” su presencia en las calles. Cada puesto puede costar hasta 150 mil pesos.

El PAN y sus gobiernos delegacionales, especialmente el del impresentable Jorge Romero Herrera (2012-2015), además de participar en el negocio, afiliaron masivamente a cientos de ambulantes como militantes de su partido.

Y es que el ambulantaje tiene también, obviamente, un valor político. Si bien los gobiernos del PRI en la capital tenían como prioridad el retirar a los informales de las calles para concentrarlos en plazas y mercados, los gobiernos del PRD han asumido frente a ese fenómeno una actitud populista, demagógica y corporativa.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano optó por “regularizarlos” a través de la expedición masiva de permisos, en las cuales aún hoy se amparan. Sus sucesores al frente del gobierno capitalino no han atinado a una solución cabal del problema, si acaso lo han intentado. Los ambulantes significan mucho dinero, millones y millones de pesos. Y también votos y fuerzas de choque. Pobrecitos.