Para buscar
atronadores aplausos, el PRI ha propuesto que se cancele total y
definitivamente el financiamiento público de los partidos políticos y se
recorte la representación proporcional en el Congreso de la Unión.
En un
momento en el que el partidismo en general y los partidos políticos, como
entidades individuales, sufren descrédito, repudio e incluso descomposición, el
PRI (léase Enrique Peña Nieto) ha decidido pegar un grito para que se escuche
bien que él y su gente están del lado de los más resueltos demoledores del
sistema de partidos, pero ahora bajo la atroz cobertura de ayudar a los
damnificados. Sin embargo, ese discurso
no le va a quitar al Revolucionario Institucional su condición de partido más
repudiado del país. Lo que busca Peña es poner a otros partidos contra la
pared, aunque sea dudoso que lo pueda lograr.
La propuesta priista para abolir el
financiamiento público y desmochar la representación proporcional es engañosa
porque implica que el Congreso la apruebe por dos tercios en ambas cámaras,
pero esta mayoría no la alcanza el PRI ni con los partidos bonsai. Además, existe un principio en la
Constitución (art. 105. i) en el sentido de que, durante el proceso electoral que ya inició, no se pueden introducir
modificaciones legales fundamentales, y aunque esta sería una derogación de
preceptos de la Carta Magna, habría que expedir luego una nueva legislación
ordinaria que regulara el financiamiento privado de los partidos y la
asignación de asientos en las cámaras. Para
todo eso no hay tiempo ni oportunidad, por lo que no se podría expedir la
reforma anunciada por el PRI antes de las elecciones del año próximo.
Mientras, el
resto del financiamiento público del PRI de 2017, recortado por las multas en
curso de pago, será donado a la Federación con el fin de que se incorpore a los
gastos tendientes a atender a los damnificados de los sismos. ¿Quién pagará los sueldos de los empleados
y de dirigentes de ese partido en lo que resta del año, incluidos los
aguinaldos? De seguro, Enrique Ochoa, nominal líder priista, dividirá la nómina
entre entidades públicas de gobiernos priistas y algunos empresarios ricos,
pues al PRI no lo van a cerrar, todavía.
Como antes
de las reformas electorales, los recursos de procedencia ilícita forman parte
del sistema político. El financiamiento
público de los partidos NO ha inhibido las operaciones ilícitas que ocultan el
rebase de topes de gastos, ni tampoco ha detenido a los gobernantes que
canalizan fondos presupuestales hacia campañas electorales. Mas aquí la clave
ha sido la impunidad, ya que no existe autoridad capaz de perseguir esos
ilícitos, debiéndolo hacer. Es decir, no hace falta una ley, sino que ésta se
cumpla.
Sin embargo, lo que el PRI busca es un sistema en el
que los partidos competitivos sean exclusivamente aquellos que puedan recibir
enormes cantidades de dinero de los grandes ricos del país, y de seguro habría
que incluir entre estos a algunos de la llamada delincuencia organizada.
En cuanto a
la representación proporcional, este sistema se estableció para que la mayor
parte de los electores pudiera estar representada en congresos y ayuntamientos,
lo cual, a su vez, permitiría un pluralismo electoral. Si en México sólo
existieran 300 diputados de mayoría relativa (uno por distrito), quedaría sin
representación al menos el 40% del electorado cuyo candidato no hubiera
alcanzado la mayoría relativa en el correspondiente distrito. Eso es lo que
ocurre en varios países con sistema electoral viejo y anacrónico como Estados
Unidos y Gran Bretaña.
En efecto, el PRI desea el sistema electoral gringo,
con sus contribuyentes de Wall Street, como dice el senador Bernie Sanders, que
convierte a los candidatos triunfadores en lacayos del capital financiero.
Peña Nieto desea un sistema
bipartidista de opciones netamente burguesas para eclipsar a las formaciones
populares que, por consecuencia, no podrían competir en el marco de un
incontrolable financiamiento privado concentrado en dos partidos que se
repartieran las curules dentro de un sistema de representación de mayoría, tal
como ocurre en Estados Unidos, donde sólo hay distritos uninominales y el financiamiento
público, incompatible con el privado, es rehusado por los principales
candidatos porque lo consideran pequeño para cubrir sus inmensos gastos.
Lo que busca el PRI es una regresión.
Menos mal que no ha de ser para esta temporada, por lo que, de momento, es pura
propaganda. Lo peor
estriba en que ésta se hace en nombre de los damnificados. Eso se llama manipulación de la desgracia y describe bien la estatura
política de sus iniciadores.
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