Cuando las “super élites” no pagan impuestos.

Para resarcir la crisis financiera de 2007, los gobiernos aplicaron la misma receta neoliberal: se endeudaron para salvar el sector financiero del colapso y, en lugar de recaudar dinero en el sector privado –sobre todo en las empresas transnacionales–, impusieron medidas de austeridad a sus pueblos, con lo que redujeron sus gastos en sectores clave como la educación o la salud públicas.

A una década de esa crisis, instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil deploran que los gobiernos no abordaran de manera coordinada dos puntos clave del sistema financiero internacional: la competencia tributaria entre países y los paraísos fiscales que bancos, empresas transnacionales y personajes multimillonarios siguen utilizando para eludir los impuestos en los países donde sacan sus ganancias.

En su informe anual 2017, publicado el jueves 14, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) realizó un análisis sorprendentemente crítico sobre los impactos de la “hiperglobalización” y de las medidas de austeridad en las sociedades.

El organismo urgió a los gobiernos a asestar un “impulso fiscal concertado” para “reequilibrar las economías y las sociedades”.

A lo largo de sus 200 cuartillas, el reporte denuncia la extrema concentración de la riqueza en el sector financiero –los bancos acaparan 100 billones de dólares–, la privatización generalizada de los sectores de la salud, la educación y las pensiones, así como el surgimiento de “súper élites” internacionales, mejor conocidas en la opinión pública como “el 1%”.

Como resultado, la desigualdad se disparó en el seno de los países, y la riqueza global se concentró en las manos de ese 1%, que amenaza a los gobiernos con desplazar sus centros de producción y capitales hacia otros países en el caso de que incrementen los impuestos. La impotencia de los Estados dejó un terreno fértil a los discursos xenofóbicos y nacionalistas, constata el informe.

México es el más desigual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –los cuatro hombres más ricos del país concentran 9% del PIB– y el que menos impuestos recauda: un 17.4% de su PIB, apenas la mitad del promedio de las naciones del organismo.

También es uno de los países del llamado G24 con la menor tasa de tributación a las empresas: apenas 10.9% de sus ingresos fiscales provienen de las corporaciones.

Entre sus recomendaciones, la UNCTAD llamó a los gobiernos a incrementar sus ingresos fiscales –mediante impuestos a las propiedades y los ingresos del capital, o con el abandono de las condonaciones fiscales, entre otros– y luchar de manera eficiente contra los paraísos fiscales.

El documento subrayó que ningún país puede tomar esta iniciativa por sí sólo, puesto que enfrentaría el riesgo de que los ricos saquen las riquezas y sus capitales, que la moneda colapse o que arranque un ciclo deflacionista.

Y no sólo la UNCTAD: la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la OCDE multiplicaron los llamados a los gobiernos para que colaboren y pongan un “hasta aquí” a los abusos de las empresas transnacionales y del sector financiero.

Segundo plano.

En medio de la crisis de derechos humanos que azota a México, el tema fiscal pasa a un segundo plano, lamenta la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona, ex relatora especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos.

Sepúlveda es integrante de la Comisión Independiente para la Reforma Internacional de la Fiscalidad Corporativa (ICRICT, por sus siglas en inglés), la cual aboga a favor de una reforma fiscal internacional que iría más allá de las iniciativas de la OCDE, el “club” de los países occidentales más ricos del planeta.

“Los países recortan sus presupuestos sin buscar nuevos ingresos, dicen que no tienen recursos disponibles para mejorar los servicios de salud”, observa Sepúlveda, en entrevista con Apro.

Enseguida añade: “En América Latina, tenemos una base de impuestos bajísima en relación con la OCDE. No me digan que no tienen el dinero cuando en realidad regalan el dinero a las transnacionales y al sector más rico de la población. No están haciendo lo máximo que pudieran hacer, no me digan que deben tomar medidas de austeridad”.

Junto con los demás integrantes de la ICRICT –entre ellos el Nobel de Economía estadunidense Joseph Stiglitz, consultores y representantes de comunidades religiosas–, Sepúlveda busca mostrar que el tema fiscal es un tema de derechos humanos, que “nos afecta a todos, porque si el 1% de los más ricos no paga, es difícil que los Estados tengan el presupuesto suficiente para una política social”.

La chilena recuerda que las empresas transnacionales suelen negociar al tú por tú con los gobiernos, mediante acuerdos secretos –exenciones de impuestos, agilización de trámites, por ejemplo– y a veces a través de actos de corrupción. Los gobernantes, a su vez, justifican el otorgamiento de ventajas a estas empresas por la creación de empleos.

“Para que la sociedad civil pueda realmente estimar si la creación de estos empleos vale o no la pena, hay que saber cuánto dejaron de pagar impuestos las empresas. El riesgo que se corre es que los trabajos de la industria extractiva son de bajos salarios, y las empresas dejan de pagar muchos impuestos. En ello necesitamos que haya más transparencia, que esto sea público”, opina.

De acuerdo con la experta, “ahora más que nunca” los Estados deben implementar políticas tributarias progresistas que incrementen la base impositiva de los grupos económicos más fuertes y las empresas transnacionales.

“Este tema es donde más queda patente la injusticia: no pagan impuestos donde están generando el dinero, se van adonde tienen un pago de impuestos menor y se crea una competencia fiscal dañina”, deplora.

La experta cita la investigación periodística global Los Papeles de Panamá –en la que participó Proceso–, que exhibió las entrañas del mundo offshore, cuya secrecía y beneficios fiscales son usados tanto por los conglomerados transnacionales para reducir sus impuestos como por grupos criminales para lavar dinero de procedencia ilícita.

“Estos mismos sistemas que están promovidos por abogados, por empresas de contaduría, que facilitan que las empresas no paguen impuestos, también están utilizadas por las mafias”, asevera. Y añade: “Cuando hablamos de la tributación, no hablamos de temas que no le competen a la sociedad civil, porque afectan a la cohesión social de nuestros países”.

Sepúlveda señala algunos avances a nivel internacional. El pasado 16 de noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) criticó por primera vez a Suiza por sus políticas protectoras del secreto bancario y la información tributaria.

En sus observaciones sobre el país helvético, el organismo internacional se “preocupó” de que las políticas suizas favorables a las empresas transnacionales “puedan tener un efecto negativo en la capacidad de otros Estados, particularmente los que tienen escasos ingresos, para movilizar al máximo los recursos disponibles con miras a hacer efectivos los derechos de la mujer”.

Conciencia global.

En enero pasado, la OCDE deploró que en México “la evasión y la elusión fiscal reducen los ingresos del gobierno” y, en un informe publicado el pasado miércoles 13, el organismo destacó que México es el país con la menor recaudación de impuestos, así como con la menor tasa de redistribución a través de impuestos y transferencias.

Ello es problemático, pues una baja recaudación fiscal implica una baja redistribución de las riquezas de un país, lo que se traduce en la concentración de los recursos en pocas manos y una baja inversión en los servicios públicos.

De acuerdo con este documento, la administración mexicana recauda impuestos equivalentes a 17.4% del PIB, una tasa mucho menor que en Dinamarca, donde se eleva a 45%.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el ingreso, sólo se reduce en 0.3% después de los impuestos en México. Es decir: el efecto redistributivo de la recaudación de impuestos simplemente no existe en el país, mientras que en Irlanda los impuestos “corrigen” el 41% de la desigualdad medida por el índice de Gini.

En su informe anual, la UNCTAD plantea: “Lo que se requiere es una estrategia de expansión (fiscal) y de incremento del gasto público, coordinada a nivel internacional”.

Enseguida añade que el objetivo de los gobiernos debería consistir en “poner fin a la austeridad y contener el sector financiero para servir la sociedad de nuevo”.

“Con la renuencia de los países desarrollados a realizar un impulso (fiscal) coordinado, la austeridad se convirtió en la política macroeconómica estándar en muchas economías emergentes, que enfrentan desbalances fiscales y altos niveles de deuda”, indicó.

“Desde los principios de la hiper-globalización, el sector financiero tendió a generar inmensas ganancias, absurdamente desproporcionadas con sus beneficios sociales”, observó la UNCTAD. En paralelo, las mayores corporaciones transnacionales acapararon una parte siempre más importante de la economía, a través de las privatizaciones de servicios públicos, El informe toma el ejemplo “bien conocido” de la privatización de Telmex durante la administración del expresidente Carlos Salinas.

Recuerda que, al comprar Telmex, el magnate Carlos Slim obtuvo un monopolio en el sector de las telecomunicaciones, desde el cual aplicó tarifas indebidas. De acuerdo con la OCDE, tan sólo entre 2005 y 2009, los mexicanos pagaron 25.8 mil millones de pesos de más cada año a la empresa del magnate, equivalente a 1.8% del PIB del país.

“Ello se presta a apoyar la visión de que la hiper-globalización promueve las ‘ganancias sin prosperidad’, y que el poder asimétrico en los mercados es un factor que contribuye fuertemente al incremento de la desigualdad en el ingreso”, sostiene el reporte.