La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo
León anunció el embate que iniciará en octubre contra los empresarios ligados
al exgobernador Rodrigo Medina, quienes serán imputados por actos de corrupción
en obras públicas.
Entre los casos que actualmente son
investigados está el de Luis Carlos Castillo Cervantes, constructor conocido
como “El Rey de los Dragones”, hallado culpable en Estados Unidos por sobornos
y quien, en Nuevo León, durante la época de Medina, hizo trabajos de
pavimentación por hasta 600 millones de pesos, dijo el subprocurador Ernesto
Canales.
La agente
del Ministerio Público, Gema Chávez Durán, explicó que ya hay un paquete de 10 expedientes para hombres de negocios y ex servidores
públicos estatales y municipales, que comenzarán a ser desahogados a los jueces
de control, aunque se espera que en los próximos meses sean presentados muchos
más casos, cuando les sean programadas futuras audiencias para las acusaciones.
En las
siguientes audiencias comenzarán a
desfilar empresarios, acusados de ejercicio indebido de funciones: Guadalupe
Cantú González, administrador único de Gucan SA de CV, quien acudirá ante el
juez el 2 de octubre por la entrega al Sistema Estatal de Caminos (SEC) de una
obra inconclusa de pavimentación en el camino al paraje turístico Grutas de
Bustamante, por la que se embolsó siete millones de pesos.
El 8 y 9 de octubre comparecerán,
respectivamente, Yanzy Guadalupe Garza Sáenz, de la empresa Desarrollos
Industriales Hatori, y Jorge Humberto González López, de Construcción Géminis,
para escuchar las acusaciones por haber firmado obras ante la SEC por tres
millones de pesos, como representantes legales de empresas que ya habían
iniciado procesos de disolución, un acto que es sancionado por la ley.
Chávez explicó que el Artículo 107
del Código Penal de la Entidad, faculta a la Fiscalía para emprender acciones
no sólo contra servidores públicos, sino también en contra de los particulares
cuando estén involucrados en actos de corrupción en contra del gobierno.
Como parte
del paquete de imputaciones que serán presentadas en audiencias próximas, serán citados otros empresarios, así como
funcionarios municipales y estatales que ya dejaron sus cargos, algunos de los
cuales ya son “clientes” de la fiscalía, dijo la representante social.
Los ex servidores públicos, que
estaban programados para comparecer este martes 26, acusados de ejercicio
indebido de funciones, son los siguientes: del Instituto de Vivienda de Nuevo
León, Humberto Eliéser Salazar Sepúlveda, director de Administración y Finanzas;
Soila de León Cantú, directora de planeación y proyectos; y Juan Manuel
Fernández García, director.
Los días 4 y 5 de octubre,
enfrentarán imputaciones por los mismos delitos de ejercicio indebido de
funciones, del Sistema Estatal de Caminos: Víctor Ramón Martínez Trujillo,
director y Pelegrín Contresas Meza, subsecretario de Obras Públicas. El 11
acudirá José Carlos Silva, quien fuera encargado de maquinaria, acusado de lo
mismo, más falsificación de documentos oficiales.
El día 6 de ese mes, Julián Hernández
Santillán, extesorero de Monterrey, por delito contra el patrimonio del estado
y los municipios; el 17 de octubre, serán imputados por peculado el anterior
alcalde de Zaragoza, Juan Arturo Guevara Soto y su tesorero, Omar Ismael Pérez
Hernández.
“El Rey de
los Dragones”
El Fiscal Anticorrupción Ernesto
Canales señaló que Nuevo León indaga los sobornos que pudo haber entregado en
el estado el llamado “Rey de los Dragones”, después de que confesara en la
Unión Americana los actos de corrupción en los que incurrió para agenciarse
obras en diversos estados de la República Mexicana.
En el
juicio, que incluyó numerosas audiencias públicas, el empresario reveló que repartió dinero para emprender obras de
carpeteo aquí.
“En las
investigaciones nuestras, ubicamos más
de 600 millones (de pesos) en obra contratada y pues uno y uno son dos. Por un lado,
está la confesión ante un jurado en Estados Unidos de que dio ‘mordidas’ al
gobierno de Nuevo León y por otro lado los contratos otorgados por el mismo gobierno”.
“Nuestra función es determinar los
sobreprecios a través de pruebas periciales, pero no tenemos acceso a las
cuentas bancarias, de manera que es una limitante importante, que subsanamos
con otras informaciones que podemos conseguir, pero que no son tan ágiles, como
aplastar una tecla y recibir información”, dijo.
Castillo
Cervantes fue encontrado culpable en EU por lavado de dinero, pero se encuentra
purgando su condena en libertad, luego de ceder bienes por cinco millones de
dólares.
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