Septiembre negro.

Raymundo Riva Palacio.

Dos palabras formarán parte del lenguaje cotidiano de los mexicanos en breve: reconstrucción y resiliencia. Las dos tienen que ver con la reacción de miles de mexicanos ante los sismos que golpearon el centro y el sur del país durante este septiembre negro, y el llamado a la acción que escucharon los empresarios en voz del presidente Enrique Peña Nieto para que apoyaran a quienes menos tienen. La resiliencia se refiere a la capacidad del individuo, pese al estrés agudo en el que se encuentre, para enfrentar la adversidad y los cambios drásticos ante las tragedias, los traumas o las amenazas. Pero esto es sólo su primera capa. La segunda tiene que ver con la resiliencia organizacional, que permite un sistema sustentable para el futuro y la viabilidad de una sociedad.

La primera capa es la que se vio espontáneamente en las comunidades de Oaxaca y Chiapas, o en la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde corrió la ciudadanía a ayudar a sus pares en desgracia. La segunda es lo que se anunció formalmente este miércoles en Los Pinos con el fideicomiso denominado Fuerza México, mediante el cual la iniciativa privada recaudará fondos para apoyar a los damnificados y a la reconstrucción. Hay una tercera capa, que es el compromiso público y político para arropar a las dos primeras, que aún no toma un cuerpo claro en México, pero que, en su actual estado de gestación, sugiere que hay un sector de mexicanos que quieren descarrilar todos los esfuerzos nacionales.

La resiliencia de la sociedad ha sido ampliamente reconocida en el mundo, y documentada con detalle por los medios. Pero la sociedad sola, pese al extraordinario esfuerzo realizado, es insuficiente. La locomotora institucional tiene que entrar al apoyo. Se hizo desde las primeras horas tras el sismo, cuando en la Secretaría de Hacienda se analizaron alternativas para enfrentar lo que vendría: la reconstrucción. Esta fase es larga. En Japón, una de las economías más fuertes del mundo, aún no terminan la reconstrucción del sismo de 9 grados en la escala de Richter hace seis años, que provocó un tsunami que mató a 20 mil personas, barrió comunidades y produjo un accidente nuclear en Fukushima. Pero también es la que más tensión genera y resquebraja a las sociedades.

La idea de crear un fideicomiso administrado y vigilado por el sector privado surgió como una respuesta inmediata que acompañe la reorientación presupuestal que se hará en los próximos meses para hacer frente a los costos por la reparación de los daños, que preliminarmente se calculan en 38 mil millones de pesos. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, armó el fideicomiso con el sector empresarial. El sábado pasado se abrió la ventanilla para la recaudación de fondos en Nacional Financiera, y el lunes Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo anunció.

El primer día entraron ocho mil pesos, procedentes de envíos no mayores de 50 dólares procedentes de Estados Unidos. Al tercero, antes del anuncio en Los Pinos, ya había 60 millones de pesos aportados por varios de los empresarios que acompañaron a Peña Nieto en el evento del miércoles y del gobierno chino, que depositó un millón de dólares. Taiwán dará una suma similar esta semana y la próxima, Corea del Sur. Castañón dijo que se esperaba recaudar al menos mil 500 millones de pesos. Un día antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un paquete de apoyos económicos directos e indirectos para los damnificados, y el arranque de la reconstrucción en la capital, que fue trabajado también con la Secretaría de Hacienda. La Ciudad de México es la mejor preparada del país para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, donde una buena administración de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales le permite tener disponibles nueve mil millones de pesos.

Las cosas van a ser mucho más difíciles en el sur del país. El fideicomiso Fuerza México es una de las opciones financieras que existen, así como otros fideicomisos que tiene el gobierno, asimilados fiscalmente, que podrán ser utilizados. Adicionalmente, como lo anticipó Peña Nieto, habrá una reorientación de recursos en el Presupuesto, donde habrá un énfasis en dinero para viviendas, micro, pequeña y mediana empresas, y empleo. La reconstrucción ya no es tarea de los ciudadanos, sino de las instituciones. Por eso, la tercera capa de la resiliencia, nonata aún, el compromiso público y político, está comenzando a hacer crujir las estructuras con un ataque directo a lo que todavía no comienza.

Sectores radicales de la sociedad vinculados a grupos políticos extremos, iniciaron una campaña en las redes sociales para descalificar lo que se está haciendo, difundiendo información falsa sobre aportaciones internacionales que no existen, o torpedeando las instituciones. Hay un interés claro para descarrillar los esfuerzos mediante la creación de desconfianza ante lo que se está haciendo, y dinamitar los esfuerzos. La debilidad de las instituciones y la falta de liderazgos en la clase política no ayudan a contrarrestar esos esfuerzos desestabilizadores. La corrupción e impunidad que ha volado en México como hacía décadas no sucedía, disminuyen la efectividad de los antídotos.

Las instituciones podrán transparentar todos sus procesos y aportar la información necesaria para tratar de neutralizar los ataques, pero se va a necesitar más que eso. Será la sociedad la que deberá de decidir a quién creerle y a quién apostar, porque de este arbitraje se reconstruirá y transformará el país. En sus manos está, pues, el futuro mexicano.