Pese a que
la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal,
tiene un equipo de 90 agentes y ya se ha detenido a 170 personas –de las cuales
sólo 70 están directamente relacionadas con la desaparición forzada de los 43
normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014–, las acciones del gobierno no han dado resultados.
Hasta ahora esa oficina no ha logrado
más que acumular fojas con algunas solicitudes de información sobre algunas
personas que los padres y madres de los normalistas desaparecidos consideran
que deben ser llamadas a cuentas, según un escrito en el que solicitaban unas 140 diligencias
con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015.
En el
escrito ingresado al expediente en febrero del año pasado, los familiares de
las víctimas y sus representantes advertían que “no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal; ni siquiera
han comenzado a dilucidarse las relaciones que se dieron tanto en el grupo
criminal como con actores políticos” (Proceso 2069).
El documento
se refiere a la participación de militares en el cártel Guerreros Unidos, grupo
criminal cuya estructura de mando estaba formada por los hermanos José Alfredo,
Mario y Sidronio Casarrubias Salgado, así como por Adán Zenén, procesados todos
por la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR no ha establecido el vínculo,
pese a que desde el 27 de mayo de 2016 la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) –en respuesta a una solicitud de la oficina de Higuera Bernal– informó
que José Alfredo Casarrubias Salgado causó alta en el Ejército el 1 de
septiembre de 1982 y que actualmente tiene el grado de capitán.
El documento
de la Sedena está firmado por el procurador general de Justicia Militar, Jesús
Gabriel López Benítez, quien también
ratificó la liga con el Ejército de otros dos procesados del caso Ayotzinapa:
Honorio Antúnez Osorio, sargento retirado a partir del 1 de diciembre de 2005;
y Salvador Bravo Bárcenas, sargento en situación de retiro a partir de 16 de
enero de 2010.
Desde febrero del año pasado los
familiares de los desaparecidos consideraban en su escrito que interrogar a los
procesados es “fundamental para la investigación y para determinar si los
hermanos Casarrubias contaban con algún vínculo dentro de las Fuerzas Armadas”.
Pedían a
interrogar a los hermanos Casarrubias acerca de una versión –ofrecida por
Gregorio Abeja Linares, un indiciado, presunto miembro de la delincuencia
organizada– quien en 2011 le aseguró a
la PGR que a Mario Casarrubias “lo mueve la Marina”.
El policía
ministerial.
En el escrito de febrero del año
pasado los padres de los normalistas demandaban investigar a cierto personaje,
el excomandante de la Policía Ministerial de Guerrero, Humberto Velázquez
Delgado, para quien solicitaban una “orden de presentación y localización”,
pues había antecedentes dentro de la misma instancia federal de su involucramiento
con Guerreros Unidos.
Personal de
la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro
(UEIDMS), que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa, el pasado 3 de
diciembre tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por
secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de
Guerreros Unidos.
Pineda Vega sostuvo que desde 2007 y
durante siete años fue “extorsionado”; cada mes pagaba un mínimo de nueve mil
pesos, dinero que “entregaba al comandante de la Policía Ministerial Humberto
Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez (ex agente ministerial),
quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles
Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez,
ambos en prisión.
Según el
testimonio recabado por la UEIDMS, los
hermanos Velázquez Delgado le decían que “dicho dinero era para la organización
criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece desde entonces María de los
Ángeles Pineda Villa”.
Las
sospechas sobre Velázquez Delgado en el caso de la desaparición de los jóvenes
normalistas va más allá de su presunto involucramiento con el crimen
organizado.
Dentro de
los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento proporcionado
por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala, que incluye los
nombres de 165 policías que operaron desde las 20:00 horas del 26 de septiembre
de 2014 a las 08:00 horas del día siguiente.
En esa relación están los nombres de
Ulises Velázquez Delgado, Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez
Ruiz, hermano e hijos de Humberto Velázquez, entonces comandante de la Policía
Ministerial estatal, que estaban asignados a un área denominada “recuperación
de vehículos”.
Hasta ahora ni la Fiscalía General de
Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a esos funcionarios para que
expliquen qué papel jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los
43 normalistas.
Este
semanario tuvo acceso a documentos integrados en el expediente
PGR/SDHPDSC/O1/2015. Entre ellos, el parte oficial 585/2016, fechado el 3 de
agosto de 2016, en el cual la
Coordinación de la División de Gendarmería de la Policía Federal informó de una
averiguación previa abierta en 2015 en la que una mujer, Oyuki Rubí Solano
Palacios, detenida el 16 de noviembre de ese año, declaró que los familiares de
Humberto Velázquez, Ulises y Omar asesinaron a su pareja sentimental el 8 de
agosto de ese año, “ya que se negó a trabajar para ellos distribuyendo droga en
la colonia CNOP”.
La detenida dijo también que los
hermanos Humberto, Julio y Ulises Velázquez Delgado “tienen un convenio con los
hermanos Benítez Palacios, conocidos como Los Peques o Los Tilos, para
secuestrar en el territorio”.
El 30 de enero de 2016 Oyuki Solano
“fue encontrada sin vida junto a otros dos cuerpos, todos con impactos de arma
de fuego”.
De la
Fiscalía de Guerrero, la oficina encabezada por Alfredo Higuera obtuvo una
copia del expediente de Humberto Velázquez Delgado.
Ahí destaca
que el 27 de noviembre de 2014, la agente del Ministerio Público adscrita a la
Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo, Laura
Trinidad Yescas, pidió a la fiscalía
guerrerense “el expediente laboral” de Velázquez Delgado, pero hasta ahora no
se le ha llamado a cuentas.
El documento, integrado al expediente
del caso Iguala, habla de su ingreso en 1983 como agente de la Policía
Judicial, cargo en el que duró nueve meses; reingresó en 1986 hasta que
renunció “por incapacidad total y permanente” el 25 de noviembre de 2015.
A lo largo de las 795 fojas se
refleja la vida de un agente policiaco en el que no hay reconocimientos para su
trabajo y sí está plagado de denuncias en su contra; evidencia a un funcionario incrustado en la
estructura del estado que sobrevivió nueve mandatos, los de Alejandro Cervantes
Delgado, José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre
Rivero, René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo, Ángel Aguirre,
Rogelio Ortega Martínez y Héctor Astudillo Flores.
Prevalecen las notificaciones de inicio
de procedimientos administrativos en su contra, a partir de denuncias de
ciudadanos por su mal proceder como funcionario público, algunas presentadas directamente
ante la Contraloría Interna, por conducto de la Comisión de Defensa de Derechos
Humanos (Coddehum).
En la
revisión del expediente laboral se contabilizan 34 registros de pliegos de
responsabilidad dentro de la Contraloría Interna, aparece mencionado 23 veces
en recomendaciones y oficios de Opiniones y Propuestas de la Coddehum desde
1991, en tanto que se le abrieron al menos ocho averiguaciones previas en la
extinta Procuraduría y la Fiscalía local.
Velázquez Delgado comparte
señalamientos en muchos de los casos con su hermano, Ulises, en delitos como
extorsión, allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad, tortura,
golpes, ejercicio indebido de función pública, cohecho y desaparición forzada,
entre otros.
En marzo de 2005 se pidió su
destitución y procesamiento penal, tras ser acusado de violar a una mujer en
Tecpan de Galeana, a la que habría detenido sin orden de aprehensión, retenido
en la comandancia de la Policía Ministerial y a quien habría extorsionado con
300 mil pesos para dejarla en libertad.
Entre la larga lista de casos resalta
otro por desaparición forzada de un policía ministerial de Iguala, Gerardo
Delgado Delgado; otro por tortura y extorsión contra un anciano en Teloloapan;
uno más por allanamiento de morada y lesiones en Huamuxtitlán; un despojo de
propiedades en Iguala…
Pese a su negro historial, en toda su
carrera sólo tuvo una amonestación pública y dos suspensiones –de 30 y 60 días– de su cargo como coordinador
regional de la Policía Ministerial.
Lo que se advierte es una tendencia
reiterada para favorecer a Velázquez y a sus acusados, con el simple hecho de
negar las acusaciones de sus víctimas y poner en entredicho la función de la
Coddehum, organismo del que dijo en uno de sus testimonios que “justifica su
existencia” emitiendo recomendaciones en su contra.
Entre los
documentos se incluyen también oficios de los últimos años dentro de la
corporación, cuando empezó a solicitar licencias médicas por presuntas
afectaciones derivadas de un disparo en la cabeza sufrido en 1991.
Las secuelas
físicas de lo anterior habrían sido el pretexto para su separación definitiva
de la Fiscalía General, como consta en su carta de renuncia fechada el 25 de
noviembre de 2015 y dirigida al titular de Administración de Desarrollo de
Personal de la Fiscalía, Jaime Ramírez Solís.
Ahora,
parece que nadie lo busca.
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