El Gobernador Graco Ramírez Garrido
Abreu, quien junto con su esposa Elena Cepeda ha sido cuestionados duramente
por supuesto robo de víveres, recibió este día un fuerte abucheo cuando
visitaba el pueblo de Tlayacapan, Morelos, junto con Enrique Peña Nieto.
Los habitantes del pueblo le
gritaron: “¡Cállate!”, “¡Fuera!”, “¡Ratero!”, “¡Queremos víveres!”
Ramírez
Garrido Abreu tuvo que suspender un discurso que daba a los afectados por el
sismo del 19 de septiembre. Ni siquiera pudo continuar. En cuanto tomó el micrófono
le lanzaron mentadas y rechiflas.
El alcalde
Dionisio de la Rosa intentó pedir un aplauso para las autoridades presentes por
“acudir en su ayuda”.
“Seamos
respetuosos, nuestras autoridades vienen para solidarizarse con nosotros”,
dijo.
Pero le respondieron: “¡Es su
trabajo!”.
El
Gobernador perredista Ramírez Garrido Abreu, y su esposa Elena Cepeda de León,
son acusados de impedir que los víveres para los damnificados del temblor del
pasado 19 de septiembre –provenientes de varios estados de la República
Mexicana y del extranjero– lleguen a las manos de quienes lo necesitan.
La Fepade ya
investiga el caso y ha manifestado que “no permitirá que se aprovechen de la
necesidad de las personas” con fines políticos.
Graco y
Elena aseguran que han repartido más de 200 toneladas de ayuda y que todo se ha
hecho con transparencia, los morelenses,
organizaciones civiles, funcionarios públicos y hasta la Diócesis de Cuernavaca
acusan que están usando el dolor de la población en beneficio propio.
Los señalamientos por presuntos
desvíos se multiplicaron en los últimos días: primero fueron unos camiones
desviados al DIF de Cuernavaca; luego retenciones de víveres en Jojutla y en
Zacatepec, y luego unos aviones cargados con despensas, provenientes de Nuevo
León, que no pudieron ser descargados.
De acuerdo con el testimonio de los
conductores de los vehículos de carga, las ayudas estaban destinadas a ser
repartidas de manera directa entre la población afectada. Esto no fue así, pues
tan pronto como llegaron a la entidad, la policía los obligó a dirigirse a la
ciudad de Cuernavaca e ingresar a las bodegas del DIF local.
Estas
acusaciones se dan a poco más un mes de que Graco Ramírez fuera señalado por
varias irregularidades y omisiones: tres diputados priistas lo acusan de violar
los derechos humanos de la ciudadanía con su actuación ante el socavón que se
abrió en el Paso Express de Cuernavaca, en el que murieron dos personas.
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