Al hacer un
balance de los dos años del funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción de
Nuevo León, su titular Ernesto Canales Santos, presumió la vinculación a
proceso de 33 exfuncionarios, y denunció
que la Procuraduría General de la República (PGR) ha protegido al exgobernador
Rodrigo Medina, mediante la intimidación a jueces y el ocultamiento de
información financiera y fiscal.
De igual manera, dijo, los
legisladores de la entidad se esmeran por proteger a quienes fueron
funcionarios de sus partidos y que enfrentan ahora vinculaciones por actos de
corrupción, para evitar que sean procesados.
“Con voluntad política se puede combatir
la corrupción, aún sin el apoyo del Congreso. Los diputados quieren frenar este
esfuerzo para proteger a sus partidos políticos y la PGR está interesada en
sacar a Medina y sus cómplices sin pena, a costa de violar la división de
poderes”, dijo, al
presentar el informe que denominó “Terminan 100 años de impunidad en Nuevo
León”.
El zar
Anticorrupción de la entidad expuso que actualmente hay en investigación más de
200 denuncias, y se encuentran vinculados, hasta ahora 33 exfuncionarios, entre
los que destaca Medina de la Cruz, quien enfrenta cuatro delitos por la entrega
de incentivos fiscales indebidos a la armadora surcoreana KIA, y por el uso de
un helicóptero del estado para pasear en su rancho, en General Terán.
El próximo viernes, el priista será
imputado otra vez, ahora por enriquecimiento inexplicable, al detectársele en
posesión de más propiedades de las que declaró.
La Subprocuraduría en delitos de
corrupción ha efectuado un trabajo satisfactorio, aunque debe enfrentar todavía
obstáculos a nivel federal. “Hay obstáculos que hemos enfrentado, como las
suspensiones de amparos otorgadas, la falta de acceso a informaciones
financieras y fiscales de las autoridades federales y la acción penal tomada
por la PGR contra un juez local, que manda un mensaje de miedo a todos los
demás jueces que no se ajusten al criterio de la PGR”, denunció.
Recordó que
actualmente hay tres exmandatarios en prisión, Javier Duarte de Veracruz;
Guillermo Padrés, de Sonora; y Roberto Borge, de Quintana Roo, pero todos han sido procesados por la
federación, aunque no hay explicación por la que el anterior mandatario de
Nuevo León no haya sido indagado aún por esa instancia.
La
diferencia es notable, entre los tres estados que se mencionan, y la PGR es la que ha metido a la cárcel a los
gobernadores. Pero aquí en Nuevo León, casualmente es la PGR la que ha impedido
al gobierno del estado encarcelarlo. Ustedes deben sacar sus propias
conclusiones”, señaló Canales.
Al haber entregado más de 60 amparos,
para que exfuncionarios medinistas eviten la cárcel, se observa que la
procuraduría federal y el Congreso Local actúan con criterios políticos, acusó
el Fiscal.
“Estoy convencido que son motivos
políticos los que se han llevado en este caso. Para el Congreso es ciertamente
entendible que no les caiga en gracia el que estemos juzgando a sus
correligionarios. En
dos comparecencias en el Congreso local les he pedido que se sumen al esfuerzo
anticorrupción, y que se acerquen a la Fiscalía, pero no ha sido así.
“En cuanto a la PGR, no pensé que
fuera a tomar una posición partidista en este conflicto. Es lamentable, para mí
como abogado, ver que toma este tipo de posiciones. La única explicación es que es
instrumento de intereses políticos. Preocupa que un órgano como la PGR se
preste a esto”, dijo.
Actualmente
hay más de 200 carpetas de investigación, y el Ministerio Público solicitará
audiencias de imputación conforme vayan obteniendo datos sólidos que le
permitan armar casos que no vayan a ser rechazados, dijo.
Hasta ahora,
añadió, las 33 acusaciones presentadas al juez de control han terminado en
vinculación.
Entre ellos,
además de Medina, están sujetos a proceso los exfuncionarios: Jorge Domene exvocero
estatal; Rodolfo Gómez extesorero; Rolando Zubirán exsecretario de desarrollo
económico, y su coordinador general Alberto Salinas; Margarita Arellanes, exalcaldesa,
junto con ocho colaboradores.
También
Emilio Rangel Woodyard exdirector de Agua y Drenaje; y los exdirectores de
Isssteleón Eduardo Bailey, y Pedro Morales Somohano; Patricia Aguirre extitular
de Turismo; Gerardo Marroquín exsecretario de Obras Públicas; y Jorge Camacho
Rincón exdirector de Protección Civil Estatal.
Canales explicó que no tiene el
cálculo del monto estimado de dinero que Medina de la Cruz, exfuncionarios y
exalcaldes desfalcaron al erario.
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