Los escombros de la corrupción.

Javier Risco.

Nunca más debemos comprar igual. El mercado inmobiliario en la Ciudad de México se transformó. Tras la sacudida del 19 de septiembre pasado han quedado derrumbadas las sospechas de la presencia de una mafia en la compra y venta de casas y departamentos y quedaron expuestas como las débiles columnas de algunos edificios.

Construcciones mal hechas con materiales no permitidos y directores responsables de obra en las delegaciones embarrados por la corrupción. El cáncer de este país muta. Igual se presenta como un rancho de 200 millones de pesos, que como una empresa fantasma, medicamentos apócrifos o compañías que construyen departamentos con pisos de unicel. El final es el mismo, de alguna u otra forma: la corrupción mata.

La delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, había sido multi-señalada por el voraz boom inmobiliario que crecía ante nuestros ojos y tras el sismo se ha convertido en el botón de muestra de que no basta con reglamentos de construcción innovadores, no son suficientes si se otorgan permisos y se edifica al por mayor sin la seguridad de que se cumplan los lineamientos.

Esta semana, a través de EL FINANCIERO Bloomberg se denunciaron los casos de al menos cuatro edificios en esta delegación gobernada por el PAN capitalino que, si bien no están en la lista de los que colapsaron por completo, quedaron inhabitables a pesar de tener sólo un año o menos de haberse entregado.

El periodista Édgar Ledesma recorrió la zona roja de Benito Juárez y encontró varios ejemplos de construcciones nuevas que demostraron ser de papel. El edificio de Elite Aparments, en el 418 de Eje Central Lázaro Cárdenas, empezó a ocuparse hace menos de tres meses; el edificio colindante, en el número 422, también tiene menos de un año y quedó tan dañado que los ocupantes decidieron desalojarlo por completo.

El 550 de Calzada de Tlalpan, el marcado con el número 117 de Emiliano Zapata y el 56, también de Emiliano Zapata, donde una parte colapsó y enterró a dos de las 203 víctimas mortales que hasta ahora ha dejado el sismo, todas, construcciones que no podrán ser usadas porque cualquier movimiento podría convertirlas en montículos de escombros. Todas, edificaciones con menos de un año.

La revisión inmobiliaria debe hacerse en toda la ciudad, por supuesto, pero llama la atención que uno de cada cuatro edificios que se cayeron durante el terrible 19 de septiembre se concentren en una de 16 delegaciones. ¿Cómo se explica si no es a través de la corrupción?

¿Otro caso? El derrumbe del edificio de Narvarte, sobre la calle Enrique Rébsamen, donde Laura Ramos quedó sepultada y que vecinos habían reportado como peligroso por su debilidad estructural en 2014 al entonces delegado y hoy diputado local, Jorge Romero Herrera, denuncia que, por supuesto, terminó en nada. ¿Alguna respuesta del panista, líder de su grupo en la ciudad y quien durante su administración fue señalado precisamente por actos de corrupción inmobiliaria? Ninguna.

¿Cuál ha sido la respuesta del actual delegado en Benito Juárez, Christian von Roehrich? La promesa de procedimientos administrativos y penales para sancionar al menos a dos empresas constructoras y corresponsables de los edificios 'nuevos' que colapsaron o que tienen daños estructurales en la demarcación. No es por dudar, pero recordemos que Romero Herrera es precisamente su padrino político. Y es que no se trata sólo de sanciones a las constructoras, siempre las culpables más visibles, sino poner bajo la lupa todo el proceso de un sistema que ha permitido facilitar la corrupción.

¿Y el jefe de Gobierno? Qué puede decir Mancera si durante dos años tuvo al frente de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda al que fue socio de dos grandes constructoras: Simón Newman; o qué dirá la diputada Margarita Martínez Fisher, encargada de la comisión de desarrollo urbano en la ALDF, si en ocho días no ha salido a dar una postura al respecto esperando instrucciones del grupo político que la respalda, que pretende impulsarla como primera alcaldesa de Miguel Hidalgo y que sí, está liderado por Jorge Romero.

No se trata de negocios, pretextos o conflictos de interés, sino de las 46 víctimas mortales de los colapsos en esta delegación y los más de mil vecinos desalojados. Porque sí, ya lo hemos visto, la corrupción mata.