Salvador Camarena.
La
administración de Miguel Ángel Mancera ha hecho una clasificación de los
inmuebles capitalinos que resultaron dañados el 19 de septiembre.
Los dividió
en colores: verde (daños leves, los inquilinos pueden permanecer mientras se
hacen las reparaciones. O hacerlas ellos mismos). De esos hay 10 mil.
Amarillo,
donde las obras no pueden coexistir con ocupantes. Hay entre mil 200 y mil 300.
Finalmente,
la ciudad de México tiene 500 inmuebles con daño estructural.
Por donde se
vea, ese recuento de los daños supone un reto mayúsculo.
Mancera anunció un fondo de 50
millones de pesos para apoyo de renta (tres mil pesos mensuales a unas diez mil
familias). Asimismo, ayer informó de un plan de respaldo a los negocios por 710
millones de pesos.
Se han prometido pagos de ocho mil
pesos para arreglos de inmuebles cuyo daño fue catalogado como leve; y para
atender las reparaciones de los de color amarillo, el jefe de Gobierno propone
un mecanismo dual: los socios de la ADI (Asociación de Desarrolladores
Inmobiliarios, AC) podrían llevar a cabo las obras, y habrá créditos del Invi
(Instituto de Vivienda).
Para el medio millar de edificios con
daño estructural, ha dicho Mancera, se cocina ya un plan financiero que se
basará tanto en el Fondo de Contingencias de la Ciudad de México como de la
Sociedad Hipotecaria Federal.
Estas
primeras medidas serán puestas a prueba en cuestión de días. Con cientos de
familias desalojadas, temporal o definitivamente, de sus casas, con negocios
que se quedaron sin sus locales, la CDMX pasará de la emergencia al estrés de
tratar de volver a ponerse en marcha.
Así que en poco tiempo sabremos el efecto de los
anuncios de Mancera. Ojalá que como primer paso resulten un paliativo para
capitalinos que ya sufrieron, y sufren, en demasía.
Cosa
distinta hay que opinar del decreto de programa de reconstrucción anunciado por
Mancera el martes.
El pecado
original de ese acto de gobierno es que el decreto, que crea una comisión que
buscará definir un programa de reconstrucción, no se propone, deliberadamente,
y antes que cualquier cosa, generar un diagnóstico sobre lo que le pasó a la
Ciudad de México el 19 de septiembre.
Mientras la UNAM y otros entes han
venido poniendo en la mesa de la opinión pública, tanto informes preliminares
de lo sucedido el martes de la semana pasada como estudios que advertían de
condiciones no atendidas luego de 1985, el decreto de Mancera mira hacia el
horizonte sin plantearse la ejecución de una radiografía de lo que pasó, de lo
que influyó en que hubiera más daños en unas zonas que en otras, en un tipo de
edificios que en otros (antigüedad, altura, ubicación) y, por supuesto, pero
nada menor, en qué medida la falta de supervisión y/o la corrupción fueron
factor para la destrucción.
De forma que tenemos a un gobierno
que por un lado parece entender que ha de actuar con prisa en la atención de
los damnificados, pero que por el otro acaba de crear una comisión, que
dependerá de la friolera de 27 organismos públicos capitalinos, que deberá
gestionar los recursos para la reconstrucción, que deberá convocar a organismos
de la sociedad civil nacionales e internacionales, y que deberá crear un
programa de reconstrucción para una ciudad más resiliente que ha de aprobar
Mancera.
Cómo se
puede hacer un programa para una ciudad resiliente, si no sabemos ni qué nos
pasó. Como cuando había, antes del 19S, tanto por discutir en planeación
urbana.
Por qué no empezamos por leer el
decreto y discutir si estamos de acuerdo en lo que nos propone.
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