Raymundo Riva Palacio.
En 1995 se
dio la primera alerta sísmica pública en el mundo. Fue en México, donde se iba
construyendo un sistema de alertas frente a la naturaleza geológica del
territorio mexicano: 50 por ciento del país se encuentra en una zona altamente
sísmica y de riesgo permanente. México estaba a la vanguardia, con un sistema
altamente sofisticado para la época. Hasta hace 10 años tenía 16 estaciones y
97 sensores –60 de ellos financiados por el Gobierno de la Ciudad de México–,
construidos por mexicanos y ubicados en la costa del Pacífico, que es la región
más vulnerable en la cuenca más sísmica del mundo. El sistema medía las ondas
sísmicas –la primaria, que viaja a ocho kilómetros por segundo, que es la que
detona la alerta, y la secundaria, la parte nociva de un sismo, que viaja a
cuatro kilómetros por segundo–, y daba un espacio de 80 segundos para
reaccionar y prevenir a la Ciudad de México. Sin embargo, en los sismos de este
septiembre el sistema fue totalmente insuficiente.
Una
investigación de la edición impresa de Eje Central explica por qué y cómo, de
manera regular, los gobernantes mexicanos soslayaron los efectos destructores
de un gran sismo, pese a tener las experiencias de la devastación de los
fenómenos de 1957, 1979 y 1985. Los gobiernos fueron reactivos y sólo actuaron
después de los sustos, como sucedió hace tres lustros con el gobernador de
Oaxaca, José Murat, cuando tras los sismos en Tehuantepec y Puerto Escondido,
compró 36 sensores. Pero, la marca de los tiempos, no fueron integrados al
sistema de alertas, que para entonces ya no era mejorado ni modernizado, sino
sólo mantenido.
El sismo de
Haití a principio de 2010, que tuvo una potencia de 7.3 grados en la escala de
Richter, con epicentro a escasos 15 kilómetros de la capital haitiana, Puerto
Príncipe, que causó la muerte de 316 mil personas, dejó un número similar de
heridos y millón y medio de damnificados, causó una destrucción en la
infraestructura en la ya de sí empobrecida isla, que todavía hoy no logra
superar, que asustó a los asesores del presidente Felipe Calderón, quien reinició
la inversión en alertas sísmicas y a integrar los esfuerzos con otros estados.
Los sensores de Oaxaca fueron incorporados a la red nacional y se financiaron
sensores para Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. No obstante, dijeron
expertos consultados por Eje Central, no había mucho interés en los gobernantes
por presupuestar en alertas sísmicas.
Cuando
inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, recuerdan los expertos,
su equipo llegó con ideas innovadoras en esa materia, pero rápidamente
cambiaron sus prioridades. La crisis económica derivada de la guerra de los
petroprecios que tumbó en 50 por ciento el valor del barril mexicano de
petróleo y redujo drásticamente las posibilidades de crecimiento, hizo que la
orientación del dinero se fuera a otros campos, y se paró la instalación de
alertas sísmicas. La prevención no ha sido una característica del actual
gobierno, y la Secretaría de Gobernación, responsable de los asuntos de
protección civil, tampoco mostró un acentuado interés en blindar a la mitad del
país, vulnerable a la actividad sísmica.
El costo
para saldar aquellas omisiones, comparado con lo que significará la
reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas en ocho entidades por
los sismos de septiembre, era marginal. Sólo en Chiapas y Oaxaca, donde se
registró un poderoso sismo el 7 de septiembre, 180 mil casas resultaron
afectadas, situación que se agravó con el sismo del sábado pasado –ignorado en
la Ciudad de México, que atendía las consecuencias de su propio sismo–, que
terminó de destruir lo que había dejado dañado, y afectó a comunidades que
habían quedado casi intactas dos semanas atrás, como Ixcaltepec, contigua a
Juchitán. La estimación preliminar del gobierno federal para la reconstrucción
en esas entidades se sitúa en 54 mil millones de pesos, y la normalización de
las actividades en muchas zonas del centro y sur del país será a largo plazo.
De acuerdo con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es una asociación civil, sólo
se necesitaría un equipo adicional de 50 sensores en la costa del Pacífico, y
sus difusores, con un costo de 800 millones de pesos, más un mantenimiento
anual de 180 millones de pesos, para que el centro del país y la Ciudad de
México, estuvieran blindados. El sismo del 19 de septiembre seguramente
desbloqueará el plan para colocar sensores en Jalisco y Puebla, que están
programados, pero aún no hay planes para colocarlos en Tabasco, Veracruz, el
altamente sísmico istmo de Tehuantepec y, sobre todo, en Chiapas, la zona de
mayor incidencia telúrica, que además recibe los impactos de los fenómenos en
Guatemala.
El sismo del
19 de septiembre fue un fuerte sacudimiento a la negligencia de las autoridades
que durante años soslayaron la importancia de tener eficientes mecanismos de
prevención. El número de muertos rebasa la cifra de 400 –182 fallecieron en la
capital–, y el número de edificios colapsados por la onda sísmica sólo en la
Ciudad de México ronda los 40, con mil 500 más aproximadamente que quizás
tendrán que demolerse. El saldo es demasiado costoso para un país donde la
estrechez de miras de sus gobernantes ha contribuido, probablemente de manera
involuntaria, a pagar un precio tan alto, en vidas y materiales. Este sismo es,
como sostiene Sergio Alcocer, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles,
una fuerte llamada de atención a los responsables. Las autoridades deben de
escuchar.
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