Alejandro Calvillo.
La tragedia que enfrentamos por los
sismos de septiembre ha sacado a la luz, nuevamente, el abismo que existe entre
los partidos políticos y la sociedad. Con todos los recursos que reciben del
financiamiento público no tienen la más mínima capacidad para ayudar a
responder a la catástrofe, a armar sistemas de información en tiempo real para
que la ayuda y la fuerza ciudadana se pueda dirigir de manera eficiente a donde
más se requiere. El gobierno menos tiene esa capacidad y ni llega a entrar en
su entendimiento el potencial que tendría fortalecer las redes inter-ciudadanas
de apoyo con la colaboración de las instituciones. Confunden todo, luchan por
el protagonismo en medio de la tragedia. Hay excepciones valiosas, municipios donde las autoridades
están actuando como verdaderos servidores públicos. En el otro extremo la estupidez de direcciones estatales y municipales
del DIF que buscan acaparar la ayuda para ponerle su marca.
¿Acaso los partidos
políticos no han tenido los recursos suficientes para armar estas redes de
comunicación e información en tiempo real para cubrir las necesidades
específicas en cada población, en cada edificio? Los recursos económicos si los
tienen, sin embargo, no tienen las redes
ciudadanas, son estructuras de lucha por el poder, por un poder que no
representa a los ciudadanos, no son estructuras trabajando con la gente. Por
suerte, ciudadanos lo han comenzado a hacer con #verificado19s.
En medio de esta tragedia, los
partidos políticos tratan de responder desde arriba, desde el otro lado del
abismo. En su total desconexión con los ciudadanos quieren presentarse como
grandes solidarios, cuando por años han sido lo contrario. De
especial preocupación son las propuestas que están presentando como si éstas
fueran solidarias con la sociedad y, en realidad, van en sentido contrario a
los procesos democráticos.
El Frente
Amplio, formado por PAN, PRD y MC ha propuesto que se destinen el 100% de los
recursos dirigidos a los partidos políticos para las elecciones de 2018 a la
reconstrucción. La propuesta que
pareciera ser de sentido común frente a la tragedia representa un grave riesgo
contra un proceso democrático que ha llevado decenas de años. Buscan
únicamente, de manera obsesiva, mantener el control de un país que se cae a
pedazos. La propuesta del Frente Amplio representa un serio riesgo para el
futuro político de México y con ello, para la reconstrucción misma que nos
llevará años.
El Frente Amplio señaló que el
financiamiento de las campañas no debe distraer recursos públicos que deben
destinarse a la reconstrucción y que el financiamiento de los partidos
políticos debe ser privado, llegar de los militantes y simpatizantes.
Con esta propuesta se tira abajo un
largo proceso de lucha democrática para evitar que los intereses privados, los
recursos monetarios de grandes poderes económicos entren a financiar a los
partidos políticos y con ello se establezcan vínculos de complicidad y pago de
favores.
Desde la
experiencia personal en la lucha por la protección de los recursos naturales y
de la salud pública he sido testigo, en
innumerables ocasiones, de cómo la mayoría de los llamados representantes
populares, legisladores, y los llamados funcionarios públicos, sirven más a los
intereses económicos que a los públicos. De cómo los poderes económicos han
penetrado a los partidos políticos, a las dependencias y al Congreso. El
financiamiento privado agudizaría aún más esta situación, disparando aún más,
también, la corrupción.
Esta
argumentación no pretende proponer que los recursos públicos se mantengan para
los partidos políticos. ¿Por qué no
parte el Frente Amplio por demandar que los topes de gasto en las campañas se
reduzcan en un 80%, que sólo se les otorgue el 20% de lo proyectado? ¿Por qué
no responder a la demanda ciudadana de no más gastos multimillonarios en las
campañas electorales? Hablan de reducir el gasto en campañas, pero no exponen
una cifra, como si lo hacen con el presupuesto público. Sus campañas han sido multimillonarias,
muy por encima de los gastos de campaña de los partidos políticos en países con
una mayor población y con mayores recursos.
Las reformas
electorales y, en especial la de 1993, establecieron
claramente un marco normativo para que el financiamiento privado estuviera
claramente limitado con el fin de mantener la independencia y autonomía de los
partidos políticos frente a grupos de poder legal e ilegal. Se estableció que
los partidos no podían recibir más del 10% de sus recursos de origen privado en
relación a las aportaciones públicas. Sabemos que en nuestro país las leyes
quedan muchas veces en el papel, pero podemos suponer lo que ocurriría si no
tuviéramos este marco normativo. Y hay
que reconocer, a pesar de que la autoridad electoral no ha estado a la altura,
que esta normatividad es la única herramienta que tenemos para luchar por
procesos electorales más equitativos y justos.
Sin duda, la crisis política que vivimos se
profundiza con los sismos y los partidos políticos serán parte de los
damnificados que muy pocos querrán rescatar.
Los partidos políticos siguen sin
entender que no entienden y el Frente Amplio nos presenta una propuesta que
aparece más como una estrategia para abrirse el camino al poder, aunque se
sacrifiquen los avances democráticos logrados, aunque estos avances estén solamente
en la normatividad.
Hay que recordar que el
financiamiento privado ha sido una propuesta de un grupo de legisladores del
PAN. Y, justamente varios legisladores del PAN,
no todos, se han destacado por defender fuertemente los intereses de las
grandes corporaciones, aunque estos atenten contra el interés público.
Tenemos ya casi 12 años en que el PAN
ha tenido la presidencia de las comisiones de Salud en las cámaras de diputados
y senadores y no han impulsado ninguna política para combatir la epidemia de
obesidad y diabetes, decretadas emergencias epidemiológicas el año pasado. En
el país con uno de los mayores índices de obesidad y diabetes en el mundo no
hemos visto, en 12 años, ni tan siquiera un evento importante sobre el tema con
expertos nacionales e internacionales organizados por estas comisiones. Quienes
han precedido estas comisiones repiten los dogmas de las refresqueras y la gran
industria de la chatarra. Estos hechos bloquean las políticas que se requieren urgentemente tanto
en salud como en medio ambiente, en derechos de género, en derechos laborales,
en derechos humanos. Este es el precio
de que legisladores y funcionarios sirvan a intereses privados y esto empieza
con los financiamientos a campañas. Te apoyo yo para que me apoyes tú. Son las
historias de Odebrecht, de OHL, de FEMSA Coca Cola, de British Tobacco y de la
industria del alcohol, entre muchas otras.
La propuesta es que se recorte en 80%
o más los recursos públicos a los partidos políticos para las siguientes
elecciones y se deje solamente la posibilidad de que reciban un 10% de lo
otorgado para donativos privados y que exista transparencia en sus ingresos y
gastos. No queremos campañas multimillonarias, ni con recursos públicos ni
privados.
Se trata de garantizar, por todos los
medios posibles, nunca serán suficientes, que se gobierne para el interés
público.
PD. Dirán que la ley ya prohíbe las
aportaciones de empresas a los partidos políticos, que se tiene que
transparentar el origen de los recursos. Sin embargo, las empresas que buscan
influir en la política, que buscan secuestrarla para anularla, para hacerla a
su servicio, tienen fundaciones y varios mecanismos para burlar esa
normatividad. Esto es sumamente preocupante en la propuesta del Frente Amplio.
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