Activistas mexicanos acudieron al
Parlamento Europeo (PE) para reclamar que la renovación del tratado comercial
entre la Unión Europea (UE) y México esté supeditada a la inclusión de
“cláusulas vinculantes para evitar la vulneración de derechos humanos”.
“No se debería firmar el acuerdo
mientras no se manifieste por parte del Gobierno mexicano la voluntad de
cumplir con los derechos humanos”, denunció Olga Guzmán, integrante de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en una rueda de prensa en el PE.
La activista mexicana visitó el PE
para participar en la conferencia “Acuerdo Global UE-México: ¿derechos humanos
o intereses comerciales?”, organizada por los eurodiputados españoles Josep-María Terricabras (ERC)
y Estefanía Torres (Podemos).
El propio
parlamentario de ERC también solicitó un
informe al PE que presentó hoy mismo, en el que se acusa a la UE de no aplicar
las cláusulas de suspensión del tratado en materia de derechos humanos que ya
existen en el presente acuerdo, lo que se define como “una decisión política”.
“En el Parlamento Europeo se han
denunciado en diversas ocasiones violaciones de los derechos humanos en México,
desde incrementos alarmantes de beneficios hasta una escalada de violencia en
2016”, denuncia el informe, que señala estos casos “son suficientes para
aplicar las cláusulas”.
El texto,
además, apunta directamente contra
empresas españolas que “se están aprovechando de los privilegios que el tratado
confiere a las transnacionales europeas”, como Aigües de Barcelona por
“vulnerar el derecho al acceso a agua potable” o a Gas Natural Fenosa, por
“expulsar a indígenas que vivían donde instalan sus parques eólicos”.
El eurodiputado ponente de este
informe, el propio Terricabras, denunció en rueda de prensa que “se está
desatendiendo la cuestión de los derechos humanos en la negociación del tratado
con la excusa de apresurarse ante la nefasta influencia del Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump”.
Por su
parte, la eurodiputada de Podemos, Estefanía Torres, criticó “la fe ciega en la potencia socializadora de los tratados
comerciales que tiene en la UE” y que en estos “muchas veces se anteponen los
derechos de las multinacionales a los de la ciudadanía y a los de los
agricultores locales”.
De esta
forma, la parlamentaria pasó a asegurar
que su formación “sólo apoyará tratados que defiendan los derechos
fundamentales a través de cláusulas y compromisos” y que el comercio “prospera
cuando se da en condiciones de igualdad”.
EON ENTREGÓ
TIERRAS DE INDÍGENAS.
El primero
de junio de 2016, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales (ZEE) e instruyó a la Secretaría de Hacienda a emitir los
decretos de creación de las primeras tres zonas: la del Corredor del Istmo de
Tehuantepec, la de Puerto de Lázaro Cárdenas, y la de Puerto de Chiapas.
Ese cambio legal, “legitima un
despojo de tierras de propiedad comunal. Perderlas es perder nuestra forma de
vida. Encima, agentes privados de las empresas determinarán el precio a las tierras,
y los municipios serán quienes las subsidien con su infraestructura”, acusó entonces Valencia Nuñez,
miembro de APOYO. “Las ZEE van a tener un fuerte impacto en la región”.
Al estar dentro de la Zona Económica
Especial, será posible expropiar las tierras sin límites. Aunque el artículo 30 de esa
legislación declara esta ley como “de utilidad pública”, los “proyectos son pensados para empresas privadas”, expuso APOYO.
Asimismo, además de “obligarlos” a vender sus tierras
al gobierno o a las compañías, “ellos decidirán su costo”; y, de acuerdo con el
artículo 9 y 10, el presupuesto municipal “que resulta insuficiente para cubrir
las necesidades de la población, deberá subsidiar los servicios públicos que
utilicen las empresas y estarán obligados a darles las facilidades para que
ocupen su tierra, destruyan su cultura y medio ambiente”.
En el Istmo
de Tehuantepec hay agua y viento en cantidades importantes. En el 2002 se
determinó que tiene un potencial para generar 33 mil mega watts de energía
eólica, de acuerdo con el investigador y asesor de las comunidades indígenas,
Alejandro Castaneida. El dato fue “el banderazo de salida para la inversión
directa en la región”, dijo.
En el 2015 y en el marco del cambio
climático, se implementó la Ley de Industria Eléctrica. El gobierno “abandonó”
la responsabilidad de abastecer de energía al país y le pasó la estafeta a las
empresas, expuso el
científico.
La Secretaría de Energía (Sener)
realizó en junio de 2016 la segunda subasta de proyectos de energía renovable,
entre los cuales se adjudicó el parque eólico “Gunaa Sicarú” (mujer bonita) en
Oaxaca.
En el Istmo de Tehuantepec, donde
pegan vientos fuertes, hay 25 parques eólicos ubicados en entre 70 y 100 mil
hectáreas. Pero, dijo Cruz, en ninguno de ellos se realizó una consulta previa
e informada para implementarlos, por lo que viola sus derechos humanos.
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