La extrema violencia de Los Zetas en Coahuila se dio con ayuda del Gobierno, reitera profesor de UT.

Ariel E. Dulitzky, académico y director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas (UT), sostiene que el cártel de Los Zetas no hubiera podido crecer en Coahuila si no hubiera sido por la omisión o cooperación de las autoridades estatales.

El más reciente informe “Control…Sobre Todo el Estado de Coahuila” recopila testimonios de miembros de la organización criminal en las cortes de Texas que señalan a los ex gobernadores Humberto Moreira Valdés y a su hermano Rubén Moreira Valdez de haber recibido sobornos para dejar operar al cártel.

El documento fue presentado el pasado 6 de noviembre y fue elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.

La reacción de los políticos coahuilenses señalados no se hizo esperar. Humberto Moreira anunció que presentará una denuncia penal en contra de los autores del informe que, acusó, tiene como fin “producir daños irreversibles” a su familia y a su persona.

Su hermano Rubén, aún mandatario en Coahuila, también advirtió que emprendería acciones legales contra los investigadores y señaló que la información que se presentó no era nueva, además de que es utilizada por los senadores del PAN, ex candidatos derrotados y otros para golpear a la entidad y a su Gobierno.

El ex Procurador General de Justicia se defendió de las acusaciones y aseguró que los testimonios son supuestos intentos de sacar ventaja por parte de estos detenidos.

En entrevista con SinEmbargo, el investigador apunta que los testimonios de los testigos que se usaron en las cortes de Estados Unidos pasaron por filtros avalados por un juez y con respeto al debido proceso, y observa que dudar de este tipo de fuentes se entiende en la medida de que en México los casos se sostienen en “confesiones obtenidas bajo tortura, o bajo coacción”, lo que ha sido señalado por diferentes organismo internacionales.

El experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. y ex presidente-Relator del Grupo de Trabajo de desapariciones forzadas e involuntarias de las Naciones Unidas reitera que sólo la omisión de parte de las autoridades a distintos niveles, y la participación directa a servidores públicos permitió operar a Los Zetas en Coahuila.

—Los testimonios señalan de recibir sobornos a los dos últimos Gobernadores de Coahuila. ¿Esto puede derivar en acciones penales?

—Esto no nos corresponde a nosotros decidir. No somos fiscales, ni en México ni en Estados Unidos. De modo que sólo damos a conocer lo que dijeron los testigos.

—¿Cómo implican los testimonios a Humberto Moreira?

—Hay dos testigos que indican que se habrían hecho pagos a personas cercanas. De acuerdo a testigos, ellos actuaban en representación del Gobernador, a cambio de que Los Zetas pudieran continuar operando en Coahuila.

—¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo?

—Nosotros arribamos, basados en los testimonios, a dos conclusiones principales: primera, que hay un grado muy alto de abusos que fueron cometidos por Los Zetas, con un grado altísimo de violencia, que incluyen homicidios, secuestros y desapariciones, reclutamiento forzado de personas y amenazas; segunda, que este altísimo grado de violencia se pudo hacer porque había actos de omisión de parte de las autoridades de distintos niveles de Gobierno, y había participación directa a servidores públicos.

—¿Cuál es el fin de la violencia?

—Básicamente, todo gira a de acuerdo con los testimonios, con la idea de ejercer control, con la idea de someter a cualquier persona con la que se veía que podía ser un rival de Los Zetas, como forma de represalia, si hay algún envío de drogas había sido perdido o secuestrado, como forma de obtener el pago y también para sembrar el terror dentro de población civil, como una forma de control de las plazas.

—¿Cómo operaba esta colusión entre autoridades y el narco?

—El informe describe cómo Los Zetas operaban, de acuerdo con los testigos, muchas veces recibiendo cooperación directa de ciertas instituciones de seguridad. Como podría ser evadir la justicia, obtener una reducción de penalidades, u operar desde la cárcel de Piedras Negras. De modo que sí hay muchos testimonios sobre la operación de Los Zetas que contaba como mínimo con la tolerancia, y como máximo, la cooperación directa de varios servidores públicos.

—Pero qué hay de las autoridades de procuración de justicia…

—Lo que surge de los testimonios es que había gente de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Procuraduría General de Justicia del estado, que tenían algún vínculo con Los Zetas y que, en general, de acuerdo con los testimonios, estos vínculos facilitaban evitar que no se iniciaran las investigaciones penales, que éstas se retrasaran, o que si había casos concretos en los que se tenía que condenar a una persona que el monto de la pena no fuera demasiado elevado.

—¿POR QUÉ DEBERÍAMOS DE CREER EN LO DICHO POR LOS TESTIMONIOS?

—Primero, estos testigos primero fueron aceptados como testigos válidos por jueces federales de los Estados Unidos. Segundo, estos testigos testificaron bajo juramento, es decir que juraron decir la verdad, y si no lo decían podían ser pasivos del delito de perjurio por no haber cumplido ni dado un testimonio veraz. Tercero, los testigos fueron interrogados intensamente tanto por los fiscales como por los abogados defensores. Es decir, que los abogados de las partes, y los abogados de las personas acusadas pudieron cuestionar a los testigos, pedir más información para ver si era verdad las cosas que afirmaban. Y fundamentalmente, los testigos no sólo dieron un testimonio aceptado como válido, sino que el jurado, que tiene que establecer si se ha aprobado más allá de toda duda la comisión de un delito y la responsabilidad de las personas acusadas encontró los testimonios como suficientes junto con un catálogo de evidencias que fueron producidas en los juicios para condenar a estas personas. De modo que el sistema judicial aceptó y dio todas las garantías del debido proceso para que se dé validez a estos testimonios.

—¿Cree que el entorno de la procuración de justicia en México abona a este tipo de descalificaciones?

—Yo entiendo estas preguntas en el contexto mexicano. Por lo general, y tal como lo han señalado muchísimos organismos internacionales de derechos humanos, el sistema penal se basa fundamentalmente en la prueba testimonial, y en muchísimas ocasiones es en base a confesiones obtenidas bajo tortura, o bajo coacción.

—¿Lo dice por lo dicho por la Relatoría de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas?

—Esto es lo que ha dicho el Relator sobre la tortura, el Subcomité de Prevención de la Tortura, el Subcomité de Prevención de la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han establecido esto mismo. De modo que esa duda que se genera en México sobre la validez de testimonios no existe en Estados Unidos porque es un sistema que garantiza el debido proceso y estos testimonios se han dado con todas sus garantías.

—¿Qué recomendaciones surgen al Estado a raíz de este trabajo?

—Lo que surge claro del informe por un lado es que hay que hacer más investigaciones, y que la investigación no tiene que ir sólo sobre funcionarios de Los Zetas, sino sobre funcionarios y servidores públicos. Y es claro que la corrupción fue un elemento esencial para que pudiesen operar Los Zetas. De modo que el combate a la corrupción también es una forma de combate al crimen organizado y a la violencia.

—¿Cuál es el papel de los Estados Unidos en este problema?

— Es evidente que Estados Unidos tiene un rol, que las armas de los Zetas eran compradas en Estados Unidos y la droga era traficada hacia los Estados Unidos. De modo que hay una responsabilidad de los Estados Unidos en este tema y que el Gobierno de ese país posee información que podría aclarar algunas violaciones a Derechos Humanos. Esta información debería ser compartida, no sólo con las autoridades mexicanas, sino con organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para esclarecer violaciones de derechos humanos, particularmente, desaparición y secuestro.