En 2016, seis entidades de la administración federal
y una de la Ciudad de México aplicaron el esquema de desvío de recursos
públicos utilizando a dos universidades, a las que contrataron para realizar
supuestos servicios por 794 millones de pesos. El dinero terminó en empresas
fantasma y los trabajos no se realizaron.
Se trata de la Secretaría de
Agricultura, Pronósticos para la Asistencia Pública, Indesol, Conagua, CFE,
Conapesca y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México las cuales hicieron
convenios con las Universidades Tecnológica de Salamanca y la Politécnica del
Sur de Zacatecas.
Animal
Político documentó en la investigación La Estafa Maestra que entre 2013 y 2014,
11 dependencias del gobierno Federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a
través de convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos
servicios. Éstas a su vez contrataron a 186 empresas, de las cuales 128
resultaron ilegales.
En la segunda entrega de informes
individuales correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública
2016, realizada este martes 31 de octubre, la Auditoría Superior incluyó dos auditorías
forenses a ambas universidades en las que detectó el mismo esquema de desvío
que se ha repetido desde 2012.
En él, las
dependencias públicas aprovechan la existencia del artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones que permite hacer convenios entre entidades de gobierno para
hacer servicios. Aunque la intención es
evitar burocracia, ha sido utilizado para desviar recursos, pues los supuestos
servicios no pueden ser cumplidos por las entidades contratadas.
En los últimos cuatro años se ha
repetido el patrón: utilización de universidades públicas por parte de las
dependencias para hacer supuestos servicios que no tienen relación con labores
académicas, como ocurrió con Sedesol al contratar a la Universidad del Estado
de México para repartir despensas como parte de la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, o Pemex, contratando a universidades para revisar ductos.
El auditor
Juan Manuel Portal asegura que una
manera de inhibir este desvío es reformar el artículo 1, “poniendo candados”,
como obligar a los titulares de las dependencias a firmar este tipo de
convenios para hacerse responsables.
También, que los convenios entre
dependencias públicas se publiquen en Compranet, porque hasta el momento no
ocurre, justamente aprovechando que no se trata de convenios o contratos con empresas,
sino entre pares de la administración pública.
La Sagarpa
desvía el dinero para campesinos.
La
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa), fue la dependencia que más
recursos desvió a universidades en 2016. Durante la administración del actual
titular y exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, la secretaría
entregó 601 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Salamanca y 18
millones de pesos a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.
La Sagarpa
hizo cuatro convenios con la Universidad de Salamanca entre febrero y abril de
2016 cuyo objeto consistió en “llevar a cabo la operación del componente bajo
el concepto de apoyo: Incentivos a la Producción con o sin financiamiento”, que
corresponde al programa de Fomento a la agricultura, cuya población objetivo
son las Unidades Económicas Rurales Agrícolas.
Para cumplir con las Reglas de
Operación de la Sagarpa, se designó al Universidad como la “instancia
dispersora de recursos”, es decir, entregar el dinero a los beneficiarios, lo
cual le implicaría también gastos de operación.
Sin embargo, para realizar la entrega de recursos, la
Universidad subcontrató a “expertos técnicos”, que a su vez enviaron los
recursos a empresas como Especialistas en Servicios de Administración Contable
y Laboral de la Península, S.C.P, Comercializadora y Distribuidora Rasa del
Sureste, S.A. de C.V., Servicios Administrativos Blackbeaty, S.C.P. y Gestoría
y Consultoría, G.C.P.
Para
realizar el plan de trabajo de la supervisión y elaboración del libro blanco
del componente del programa, la Universidad contrató al Colegio Mexicano de
Especialistas en Recursos Naturales, A.C. (COLMERN) por 2 millones 400 mil pesos, pero no cumplieron.
La Auditoría impuso una multa pues
“no presentó la evidencia documental correspondiente a la descripción
detallada de las operaciones realizadas, cheques, evidencia de los pagos
realizados, ni el archivo electrónico con los proveedores contratados”.
Además, según la Secretaría de la Función Pública,
en caso de contratar a terceros para elaborar el libro blanco, esto debe ser
autorizado por el titular de la dependencia y contar con la opinión de la SFP,
pero la Sagarpa no cumplió con ninguno de los preceptos.
Durante el
proceso de auditoría, la dependencia
justificó como parte de “gastos de operación” para llevar a cabo la ejecución
de las acciones de política pública, facturas emitidas por 20 empresas por un
monto de 5 millones 972 mil pesos, pero no presentó comprobantes de que efectivamente
las haya pagado.
Incluso, una de ellas, Comercializadora y
Distribuidora Rasa del Sureste, S.A. de C.V., es una empresa señalada por el
Servicio de Administración Tributaria, precisamente por emitir facturas sin
contar con activos, infraestructura y personal para cumplir con los servicios
para los cuales fue creada.
En tanto, entre enero y febrero de 2016, la Sagarpa
hizo dos convenios con la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas por 18
millones 55 mil pesos para “seguimiento de la implementación de acciones de
mejora en la dirección general de recursos materiales, inmuebles y servicios” y
para “apoyo a la infraestructura tecnológica para soportar la operación de los
programas institucionales”.
Mientras que
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) entregó 136 millones 740 mil pesos a dicha universidad a
través de cinco convenios que incluyen desde realizar actividades de apoyo
administrativo y del programa anual de comunicación, hasta la “implementación
de acciones en materia informática que complementen las actividades operativas.
La universidad no podía cumplir con
los servicios pues su plantilla incluye 29 docentes y 23 administrativos, por
lo que contrató a 802 prestadores de servicios por un monto de 113 millones de
pesos, “sin identificar por cada persona a qué convenio, anexo técnico o
contrato corresponde la prestación de sus servicios”.
En la revisión de expedientes de los
supuestos prestadores de servicio contratados está incluso un cirujano dentista
y licenciados en gastronomía, psicología, turismo, música y educación entre
otros.
Una
universidad resolviendo conflictos en CFE
En 2016, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
hizo un convenio con la Universidad de Salamanca por 15 millones 834 mil pesos
para la realización de investigaciones sociales que sirvieran de apoyo para la
atención de conflictos derivados de los proyectos: Gasoducto el Encino –
Topolobampo, Acueducto Centro (Proyecto Integral Morelos), Planta
Hidroeléctrica Chicoasén II, Planta Hidroeléctrica Las Cruces, y el Proyecto
Integral Morelos en Puebla y Tlaxcala.
Para ello,
la Universidad contrató a cinco “expertos” y a la empresa Merc y Asociados, S.
A. de C. V. Al revisar la documentación, la
Auditoría comprobó que la fecha de contratación de los cinco expertos fue
anterior al inicio de la vigencia del convenio.
La empresa no entregó comprobantes de
la realización de servicios y tanto ésta como los “expertos”, transfirieron 11
millones de pesos a la empresa ADSO de México, S. A. de C. V., que también fue
catalogada como fantasma por el SAT.
La Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México pagó a la Universidad de Salamanca, 2 millones 97 mil pesos para
prestar los servicios de “mantenimiento y redistribución de la ingesta de
contenidos del Centro de Información del Patrimonio Cultural y Natural de la
Ciudad de México por el periodo del 1 de noviembre al 20 de diciembre de 2016”.
El esquema
se repitió: la universidad contrató a la
empresa Bixan Labs, S. de R. L. de C. V. y cinco “expertos” por 98% de los
recursos. La empresa no existe en el domicilio reportado ni ha cumplido con sus
declaraciones anuales.
Los
expertos, a su vez, transfirieron el
dinero a las empresas Especialistas en Servicios de Administración Contable y
Laboral de la Península, S.A. de C.V., que fue contratada por la Universidad
como proveedora de servicios de otro convenio con la Sagarpa, y otro con
Pronósticos para la Asistencia Pública.
La Auditoría
concluye que los recursos erogados por
la Secretaría de Cultura “no fueron aplicados al objeto del contrato”.
Pronósticos para la Asistencia
Pública pagó 9 millones 860 mil pesos a la Universidad de Salamanca para
realizar “la operación de programas en materia administrativa, jurídica,
financiera, servicios comerciales, mercadotecnia e informática”.
Sin embargo,
aunque aquí también se repite el esquema de contratación de una empresa (ESSA
Servicios Administrativos Laborales, Contables y Financieros, S.A. de C.V.) y
“expertos”, la triangulación es más
elaborada.
Dicha empresa, transfirió mil
millones 428 mil pesos a la empresa Especialistas en Servicios de
Administración Contable y Laboral de la Península, S.C.P y ésta transfirió
a la empresa Comercializadora y Distribuidora Rasa del Sureste, S.A. de C.V.,
un monto de 246.4 miles de pesos, la cual se encuentra identificada por el SAT
como fantasma. Los expertos, además, también transfirieron el dinero a esas
tres empresas.
Exactamente el mismo esquema con la
contratación de empresas y “expertos” se repitió en los convenios entre la
universidad e Indesol (4 millones 760 mil pesos) y la Conagua (6 millones 498
mil pesos).
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