Esto importa más que Meade.

Javier Risco.

Por muy extraño que parezca, la última semana hubo algo que le salió muy bien al (viejo) PRI y al presidente Enrique Peña Nieto: todos, to-dos los medios le dieron una cobertura ininterrumpida y exagerada al predecible destape del hoy exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien, en medio de un ritual que creímos de la prehistoria, que significa el regreso de la inagotable estrategia del dedazo presidencial, hizo explícita su intención por ser el abanderado priista para las elecciones de 2018.

Y en medio del juego del ‘tapado’, donde todos los medios le seguimos la corriente a los tricolores, que ocuparon 80 por ciento del espectro noticioso, en el que seguimos todos los pasos de Meade con los distintos sectores priistas, hay un tema que se dejó de lado y que será parteaguas en las próximas contiendas electorales: desde ayer comenzó a analizarse en el Senado el perfil de quien será el próximo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

El viernes se cerró el periodo de inscripciones de quienes pretenden vigilar que se castiguen los delitos electorales, en el marco de una de las elecciones más complejas y donde se prevé que todos los partidos políticos le entren a la guerra sucia. Desde ayer y hasta el 8 de diciembre los senadores analizarán a los 21 candidatos; ya se hizo pública la lista, pero ¿sabemos quiénes son estos 21 suspirantes a uno de los tres puestos claves para las próximas elecciones?

Quizá el nombre más visible sea el del polémico jurista Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, quien asesoró la tesis de Peña Nieto, aquel escrito con el que obtuvo el título y que el equipo de investigación de Carmen Aristegui expuso hace un año que tenía una tercera parte del contenido plagiado.

El exempleado del Tribunal Superior de Justicia capitalino fue el foco más visible del tipo de perfiles de quienes quieren sustituir a Santiago Nieto en la FEPADE, pero no es ni de cerca el único al que hay que mantener en la mira.

De los 21 aspirantes sólo tres son mujeres, de ellas quizá a la que habría que poner énfasis es Laura Borbolla, quien recientemente se postuló también para ser la secretaria técnica del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y quien fuera también titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), entre 2012 y 2015, periodo en el que en México fueron asesinados 48 periodistas.

También está inscrito Raúl Arroyo González, hidalguense y uno de los hombres de confianza de los hermanos Eduardo y Miguel Ángel Osorio Chong, polémico también por ser exdelegado de la Procuraduría General de la República en el Edomex, tierra clave para el PRI y uno de los territorios con mayor incidencia delictiva y complejo por la expansión de grupos del crimen organizado.

Otro de los candidatos a un puesto clave el próximo año es Ricardo Suro Gutiérrez, ex fiscal de delitos electorales en Jalisco en 2015, quien causó controversia cuando absolvió al magistrado Leonel Sandoval, padre del actual gobernador, Aristóteles Sandoval, acusado de hacer campaña a favor de su hijo, quien, por supuesto, es priista.

En la lista figura también Augusto José Isunza Padilla, quien hoy se encarga de ‘perseguir’ delitos electorales nada más y nada menos que en el Edomex, tierra de Peña Nieto, y donde todos vimos cómo se actuó en ese tema en las pasadas elecciones.

José Cuitláhuac Salinas es otro perfil que debe estar bajo la lupa. Durante la época de Felipe Calderón en la presidencia fue titular por un año de la SEIDO, y fue muy conocido por su constante persecución de jueces, a quienes investigó por vínculos con grupos del crimen organizado, y su investigación a agentes federales, por su presunta participación en una balacera contra un vehículo diplomático en el poblado de Tres Marías.

Pedro Garita Alonso, cercano al senador priista Emilio Gamboa, también despierta interés por antiguos conflictos de interés. Hace algunos años fue cuestionado por la asignación de un contrato por asesorías, de más de 157 mil pesos, que se le dio cuando su hermano Arturo Garita fungía como secretario General de Servicios Parlamentarios. También destaca la mano derecha de Santiago Nieto, Alejandro Porte Petit.

Mucho qué cuestionar al Senado sobre la elección que someterá al Pleno a más tardar el 11 de diciembre, como para seguir el juego de un tapado, que sólo nos distrae de lo verdaderamente importante para el país.