El ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, propuso amparar a la
organización Artículo 19 para que el Congreso de la Unión regule la publicidad
oficial antes del 30 de abril próximo y acabar así con la discrecionalidad de
las autoridades que la usan como castigo a los medios críticos.
Ese es el sentido del proyecto de
resolución del amparo en revisión enlistado para ser discutido en la sesión del
próximo 15 de noviembre en la Primera Sala del máximo tribunal.
De acuerdo con el ministro, el
Congreso de la Unión ha sido omiso en su obligación de expedir la ley
reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, según lo estableció el artículo
Tercero Transitorio del Decreto que la reformó en materia político-electoral y
que se publicó el 10 de febrero de 2014.
Zaldívar propone que la ley se
apruebe antes de que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones de este
último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.
Para conceder el amparo se requiere
una mayoría de tres votos, por lo que el ministro requiere del apoyo de dos de
sus homólogos.
El proyecto sostiene que el Congreso
ha sido omiso por más de tres años, por lo que ha vulnerado la libertad de
expresión tanto en su dimensión colectiva como en la individual de la quejosa.
Apoyado en
diversos criterios de la Corte, sostiene
que la publicidad oficial no debe usarse para premiar o castigar a los medios
de acuerdo con su línea editorial.
Cuando se
usa para castigar, dice, se provoca un
“efecto silenciador” de los medios de comunicación críticos, en la medida en
que a través de la asfixia financiera se prescinde de puntos de vista que
enriquecen el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de
interés público.
Explica que ninguna ley o disposición constitucional
da a los medios el derecho a que se les asignen recursos estatales por concepto
de publicidad, pero la Constitución
sí exige que el ejercicio del gasto en comunicación social no afecte la
libertad de expresión por la ausencia de reglas claras sobre el ejercicio de
ese gasto.
Dicha
ausencia, asegura, “hace que cualquier
gasto en esta materia sea potencialmente arbitrario”, lo que es contrario
también a la Convención Americana de Derechos Humanos y lo establecido por la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
La falta de regulación propicia que
la política de gasto en comunicación social canalice los recursos federales
hacia medios afines a las posiciones de los gobiernos y niegue el acceso a esos
recursos –o se amenace con restringirlos– a los medios críticos a las políticas
del gobierno,
abunda.
Zaldívar
sostiene que la omisión legislativa
“tiene un efecto disuasivo” en el ejercicio de la libertad de expresión de los
medios de comunicación en general, toda vez que las afectaciones financieras
que sufren los medios críticos pueden llevar a los demás a adoptar posiciones
diferentes con el gobierno para no perder los recursos que les son asignados
por publicidad oficial.
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