Adrián López
Ortiz.
¿Se unirá Mario López Valdez,
“MALOVA”, a la lista negra de ex gobernadores?
La pregunta es pertinente y flota en
el aire toda vez que esta semana la Fiscalía de Sinaloa, a cargo de Juan José
Ríos Estavillo, realizó diversas acciones contra ex funcionarios del gobierno
de López Valdez.
En primer tiempo vale recordar que
Quirino Ordaz Coppel denunció una y otra vez el desfalco de más de 2 mil
millones de pesos que le dejó la administración anterior, además de faltantes
en diversas dependencias, pasivos sin fuente de pago, contrataciones a empresas
fantasma, contribuciones retenidas a trabajadores que no se enteraron y hasta
un fondo de pensiones desaparecido.
Ante el
evidente hoyo financiero, la presión de la ciudadanía porque se investigará y castigara la corrupción vino
creciendo y se instaló, junto con la seguridad, como una de las principales
exigencias hacia el nuevo gobierno de Ordaz Coppel.
Siempre prudente con el lenguaje,
Quirino Ordaz sostuvo ante la ciudadanía que las investigaciones a funcionarios
malovistas seguían su curso y que había que darle el tiempo necesario al equipo
de la Secretaria de Transparencia, así como a la Auditoría Superior del Estado,
para hacer su trabajo. Esa paciencia se agotó cuando el Congreso del Estado,
controlado por el PRI y el mismo Gobernador, le aprobó las cuentas públicas a
Mario López Valdez a pesar de los gritos de indignación de decenas de
ciudadanos que llenaron el recinto.
Esta semana,
por fin los sinaloenses empezaron a ver acciones concretas en materia
anticorrupción.
Vinieron primero las inhabilitaciones
de Armando Villarreal, ex tesorero del estado, y de José Luis Sevilla, ex
Secretario de Obras Públicas. La gente recibió las acciones como un premio a la
corrupción.
Pero las cosas se Pusieron más serias
con la detención de Luis Ángel Pineda, funcionario de medio pelo de la
secretaría de turismo, pero mejor conocido como uno de los operadores cercanos
tanto al ex Gobernador como al secretario de Gobierno, Gerardo Vargas.
Personaje a quien se le atribuye haber sido el hombre de poder del malovismo.
Luis Ángel Pineda se presentó a la
audiencia y con una fianza de un millón de pesos se le concedió la libertad
condicional para seguir el proceso desde su casa. El delito por el que se le
acusa ronda los 12 millones y sus defensores son ¡casualmente! dos ex
malovistas.
Tiempo
seguido, la Fiscalía anunció la orden de aprehensión contra dos exsecretarios
más. El más célebre es precisamente Ernesto Echeverria, quien fuera titular de
Salud. Sobre su corrupción publicamos ampliamente en Noroeste pues contrató
empresas de las que fue creador y representante legal, y también dejó pasar
licitaciones simuladas para favorecer a sus socios. Este viernes nos enteramos
que promovió un amparo para no ser detenido.
El otro
funcionario relevante es Rafael Lizárraga, ex secretario de turismo, quien ya
dio la cara y afirmó que la Fiscalía no lo ha requerido, pero que atenderá el
proceso de inmediato y con total responsabilidad. Veremos.
Falta ver si la batida anticorrupción
del gobierno de Quirino Ordaz va en serio y no se queda en puro cálculo
electoral de cara a 2018 y como jugada política para desactivar a los grupos
malovistas que ya andaban exigiendo sus cuotas de candidaturas para 2018.
Por lo
pronto es de celebrarse que por fin empecemos a ver acciones concretas. El pueblo de Sinaloa se merece que los
autores intelectuales y los operadores de uno de los gobiernos más corruptos
que se han visto sean sancionados conforme a derecho.
Lo que es un hecho es que al menos
una decena de malovistas ya pusieron sus barbas a remojar y tramitaron amparos
“por si las dudas”. No vaya a ser que los mande llamar mañana la Fiscalía.
Por lo pronto el balón está en la
cancha del Fiscal Juan José Ríos Estavillo, quien tiene la enorme oportunidad
de demostrar que no está allí por ser amigo de Quirino y que será capaz de
utilizar la cacareada autonomía para aplicar justicia.
Si lo hacen
con pulcritud, eficacia y apegados a derecho, se ganarán el respeto y
reconocimiento de los sinaloenses. Sin duda.
Y, por último, la pregunta que todos
los sinaloenses se hacen: ¿está Mario López Valdez incluido en la lista negra
de aprehensiones?
Lo pregunto porque es imposible
pensar que si hubo tanta corrupción demostrada hasta ahora en al menos tres
secretarías relevantes: Salud, Turismo y Obras Públicas, el ex Gobernador no lo
supiera. Tal vez no haya firmado nada, pero en todo caso era el principal
responsable.
De ser así, Sinaloa se sumaría a la
deshonrosa lista de los estados con un ex Gobernador bajo proceso. Lista que en
este país no es la excepción sino, tristemente, la regla.
Eso sí, es preferible tener un ex Gobernador
corrupto buscado por la ley que un ex Gobernador corrupto de shopping en San
Diego.
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