La Procuraduría General de la
República (PGR) tiene abiertas hasta hoy 21 averiguaciones previas y carpetas
de investigación relacionadas con un esquema sistemático de presunto desvío de
recursos, en la administración de Enrique Peña Nieto, que involucra a
dependencias federales, instituciones públicas y empresas fantasma, pero hasta
ahora, ninguno de los casos está consignado y no hay funcionarios acusados.
Las
averiguaciones –promovidas por denuncias penales de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF)- abarcan
irregularidades en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y 2015, e
involucran recursos federales transferidos a dependencias federales, que a su
vez triangularon el recurso con universidades o instituciones públicas, las
cuales lo entregaron finamente a compañías privadas que simulan servicios.
Se trata del
mecanismo documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”, a través del cual,
aprovechando una excepción en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, las
dependencias asignan recursos sin pasar por procesos mínimos de licitación ni
competencia.
Bajo este mecanismo se han dispersado
más de 7 mil millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino real de
al menos la mitad.
La
Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de PGR, a través de su
unidad especializada para investigar delitos cometidos por servidores públicos,
es la responsable de integrar y resolver las carpetas iniciadas por las
denuncias interpuestas. Animal Político pudo confirmar que hasta ahora el
estatus de todas ellas es “en integración”.
Autoridades ministeriales y de la ASF
consultadas por este medio indicaron que hay averiguaciones que llevan más de
un año sin que haya mayor avance y, en muchos casos, ni siquiera se ha citado a
funcionarios involucrados a declarar ante el Ministerio Público en calidad de
probables responsables.
Esto pese a que los auditores
entregan un dictamen técnico que identifica a los servidores públicos que
tuvieron responsabilidad en el manejo de los recursos.
Las
denuncias de la Auditoría no solo
señalan irregularidades específicas, sino un esquema de simulación que se
repite y permanece impune. Las empresas contratadas en su mayoría son
irregulares o fantasma que – al igual que las universidades que sirven de
comparsa- no tienen ninguna infraestructura para cumplir con los servicios que
se les asignen de forma totalmente discrecional.
En la
mayoría de los casos las dependencias o las universidades e instituciones
auditadas entregan expedientes que supuestamente prueban que los servicios se
cumplieron, sin embargo, los auditores
han descubierto – sobre todo en los últimos casos denunciados donde se han
profundizado las revisiones – que esto es una fabricación de entregables y que
el dinero no se sabe en realidad dónde está.
GOBIERNO HA
“PROPICIADO LA REINCIDENCIA”: ASF
La ASF acusó que el gobierno federal
no ha implementado los mecanismos suficientes para frenar y castigar el desvío
de recursos a través de los convenios con universidades públicas, pese a que se
trata de un problema que lleva, al menos, cuatro años reportándose por parte de
los auditores.
En el
informe de resultados de la auditoría forense 1639-DS, que dio pie a la última
averiguación previa iniciada por PGR a finales del año pasado, la ASF subrayó que la presentación de las
denuncias penales ha carecido de repercusión alguna, lo que además ha
propiciado que los desvíos continúen
“La presentación de denuncias de
hechos ante las autoridades competentes no ha tenido resultados que permitan
inhibir estas conductas irregulares, lo que ha propiciado la reincidencia en
estas contrataciones que no aportan ningún beneficio tangible a la entidad
contratante”, señaló
el informe.
Pero las omisiones no solo caen en el terreno de
la PGR. La Auditoría también condenó el hecho de que la Secretaría de la
Función Pública (SFP) se haya negado a determinar que estas contrataciones
deben aparecer en el sistema Compranet, con el argumento de que son convenios
entre entidades públicas–dependencias con universidades.
La ASF había pedido formalmente a la SFP que
corrigiera esta situación, toda vez que la Constitución es clara en manifestar
que por regla general las contrataciones con dinero público deben ser procesos
de licitación transparentes, lo que no ocurre con estos convenios que además
han propiciado el desvío de recursos.
Pero la respuesta de la SFP fue negativa, lo que
desde el punto de vista de los auditores contribuye a generar “opacidad,
corrupción e impunidad”.
“No obstante la presentación de
denuncias de hechos de carácter penal y administrativo y del irreversible daño
social ocasionado, continúa la misma práctica para la asignación, adquisición y
contratación irregular de bienes y servicios, bajo el mismo esquema de
simulación de actividades empresariales con terceros y proveedores, los cuales
resultan no localizados, inexistentes o vinculados entre sí”, expuso la ASF.
INTENTOS DE
SIMULACIÓN.
En los
últimos meses la ASF incrementó la presentación de denuncias relacionadas con
el modus operandi de “La Estafa Maestra”.
De octubre de 2017 a enero de 2018
presentó ante la PGR seis casos en contra de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) y Sagarpa, las cuales firmaron convenios con nueve universidades
distintas.
En estos casos los auditores
profundizaron en sus indagatorias y no solo documentaron el manejo irregular
del recurso, sino intentos por simular que el dinero se había usado para lo
que, en el papel, estaba destinado. Algunos de estos casos fueron publicados por Animal
Político.
Por ejemplo,
en 2015 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) transfirió
más de 220 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), para
que esta llevara a cabo diversos estudios, diagnósticos e investigaciones que
permitieran, entre otras cosas, identificar nuevas zonas propicias para el
desarrollo de cultivos.
Cuando los auditores buscaron a las
personas que supuestamente se encargaron de hacer el trabajo, resultó que la
mitad de ellos negó haber colaborado con Sagarpa en cualquier convenio,
mientras que la otra mitad eran personas que por su perfil era imposible que
hubieran hecho el trabajo.
Para poner
un ejemplo, entre ellos había
carniceros, recepcionistas, edecanes, policías, vendedores de seguros, cajeros,
nutriólogos y hasta columnistas.
Otro ejemplo
fue lo ocurrido con tres convenios que la Secretaría de Desarrollo Social firmó
en 2015 con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y la Universidad Politécnica de
Texcoco (UPT), a las que les transfirió más de 600 millones de pesos que eran
para supervisar comedores comunitarios, entre otros.
La Sedesol y
las universidades argumentaron que el trabajo lo habían hecho “coordinadores
sociales” y entregaron expedientes con todo y fotos de las supuestas
supervisiones. Pero cuando los auditores
verificaron los documentos se encontraron fotografías repetidas de lugares que
supuestamente eran distintos, había fotos copiadas de años pasados, e incluso,
se habían falsificado firmas.
Otro caso –
ya denunciado penalmente por la ASF ante PGR en octubre pasado – es el del
convenio que en 2015 firmó Sedesol con el Sistema de Radio y Televisión de
Hidalgo.
En el
desarrollo de la investigación los
funcionarios de dicho instituto público confesaron ante los auditores que
firmaron contratos con otras empresas y expedientes que comprobaban servicios,
sin haber visto nunca nada, esto luego de que la Sedesol los obligara a
hacerlo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.