A pesar de que año con año
Transparencia Mexicana exigió crear e implementar el Sistema Nacional
Anticorrupción, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto México se hundió de
2013 a 2017 del lugar 106 al 135 en percepción de
corrupción en el sector público, con lo que también se ubicó en el peor
sitio entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y hoy destaca como el
segundo más corrupto en la región latinoamericana.
El fenómeno del empeoramiento de la
opacidad y la impunidad en este sexenio también se repite en el coeficiente TAI
(Transparencia, Anticorrupción y lucha contra la impunidad) de Impunidad Cero, en el de impunidad de la
Universidad de las Américas Puebla y en la calidad de información presupuestal
de gobiernos estatales y municipales medido por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
“Percibo un débil liderazgo político
en este tema que incomoda no sólo al Gobierno federal sino a la clase política
en general. Hay excepciones, por supuesto, pero en general es difícil avanzar
una agenda anticorrupción para el país si los funcionarios o políticos simulan
adoptar medidas o si tras bambalinas buscan frenarlas”, aseguró Eduardo Bohórquez, director
de Transparencia Mexicana.
La forma en la que la administración
de Peña manejó la agenda anticorrupción y de impunidad, más que el peso de las
reformas estructurales dijo, ha sido “determinante” en la evaluación del
gobierno saliente y la intención del voto, por lo que tendrá un costo político:
se prevé que pierdan el 70 por ciento de las elecciones a Gobernador; una parte
muy importante del Congreso y, cuando menos con las encuestas disponibles, la
Presidencia de la República.
Maximiliano
García Guzmán, especialista en Gobierno y Asuntos Públicos, explicó que para que exista la corrupción
hay un conjunto de “intereses y de voluntades”, en la que participan tanto
actores del sector privado como del público que es muy difícil de detectar y
desmantelar.
“En el caso del Gobierno de Enrique
Peña Nieto es su talón de Aquiles porque el avance fue mínimo en los marcos
institucionales; encontraban muchas resistencias del sector gubernamental
porque es a quien menos le convenía en echarlos a andar. Se realizó un
ejercicio de simulación”, expuso.
Sobre el espionaje a activistas y el
despido de MVS en 2015 a la periodista Carmen Aristegui tras la revelación de
la llamada “casa blanca”, García afirmó que al “desconfiar” de la actuación de
la sociedad civil y ciertos medios de comunicación, el gobierno “utiliza
acciones específicas y recursos públicos para controlar y contener la labor de
estas organizaciones, porque no les resultan cómodas”.
Bohórquez también recordó lo del espionaje telefónico
a través de Pegasus y auditorías fiscales a organizaciones civiles y sus
miembros. Contrastó que antes de 2015 la relación del gobierno con la sociedad
civil fue de apertura, pero a partir de las elecciones intermedias de ese año y
los escándalos de corrupción estatales, “la relación fue tornándose más tensa”.
Para el
representante de Transparencia Mexicana, “las
diferencias de opinión se convirtieron en descalificaciones y la segunda etapa
de reformas anticorrupción ya no pudo impulsarse”, lamentó. “Esta tensión
alcanzó a deteriorar también la relación con el Congreso, que desistió en su
impulso de avanzar en pos de un parlamento abierto”.
Ante este
marco, los candidatos a la Presidencia de la República han prometido combatir
la corrupción, pero el politólogo
Maximiliano García también lo ve como parte de la simulación. “Si bien la toman
como bandera, los candidatos federales hacia la Presidencia no dicen con
claridad qué tipo de acciones concretas se deben hacer para combatir la
corrupción más allá del discurso”, afirmó. “Saben que es uno de los temas que
tienen más lastimada a la sociedad. El segundo después de la seguridad”.
Por ello, si bien habrá un voto de
castigo por parte del electorado hacia el partido del presidente por la
inseguridad y corrupción, el académico dudó si la
siguiente administración lo castigará. “Andrés Manuel es con quien menos
repercusiones habrá, porque ha mandado señales de puentes con el Gobierno
federal. Se investigará, pero está dispuesto al perdón. Los intereses
fundamentales no se van a tocar de fondo”, afirmó evocando cuando los
legisladores priistas y de Morena votaron en conjunto para elegir a los nuevos
comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Manuel
Guadarrama, de IMCO, expuso que también
puede haber costo político a nivel municipal, que es donde más se percibe la
diferencia entre el presupuesto recibido y los resultados en las calles.
En el segundo año de mandato del
priista Peña Nieto, estalló el primer escándalo de corrupción por la Casa
Blanca y la desaparición de 43 normalistas en Guerrero y con el transcurrir de
su gestión siguieron apareciendo más: los supuestos sobornos de la constructora
OHL México, desvío de recursos públicos de gobiernos estatales y el caso global
de la constructora brasileña Odebrecht que, a pesar de involucrar a
funcionarios de Petróleos Mexicanos, este país ha sido el único junto con
Venezuela en no sancionar a los señalados. La Secretaría de la Función Pública
(SFP) de la ex Procuradora Arely Gómez, también gestionada por Virgilio Andrade
Martínez, sigue pasmada.
“A pesar de que en 2014 y en 2015, el
Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que crearon los
Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción –lo que podría haber
contribuido a una mejor evaluación internacional– una serie de escándalos en la
opinión pública como Ayotzinapa, la llamada ‘casa blanca’, Oceanografía, OHL,
acusaciones contra los ex Gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero,
Nuevo León, Sonora, Tabasco, entre otros, hicieron imposible que dichos cambios
institucionales tuvieran un efecto positivo en el Índice de Percepción de la
Corrupción”, destacó
Transparencia Mexicana en el reporte del índice de 2015, año en que el país se
estancó en combate al fenómeno.
Alertó que la corrupción es el
impuesto más regresivo en el país y un obstáculo directo para el acceso a los
servicios más elementales para el desarrollo como salud, educación, seguridad y
justicia. No obstante, México siguió retrocediendo en 2016 y 2017.
El
politólogo Maximiliano García alertó que
la impunidad provoca falta de confianza en las instituciones e impacta en la
generación de la cultura democrática. “Naturalizamos la corrupción, se nos hace
algo normal y cotidiano cuando en realidad es un fenómeno que debe combatirse”,
expuso ejemplificando con los señalamientos de corrupción durante este proceso
electoral que no han tenido repercusiones.
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