El Gobierno de México
tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios vinculados con el caso de
corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, pero no actúa porque
afectaría al Partido Revolucionario Institucional (PRI), revelaron tres
personas con conocimiento directo de la trama al periódico The New York Times.
El medio estadounidense recordó
que a finales de 2016 la empresa confesó a autoridades de Estados Unidos, Suiza
y Brasil que pagó sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios
mexicanos; así como un total de otorgar casi 800 millones de dólares en
sobornos por toda América Latina para asegurar contratos gubernamentales.
Asimismo, destacó que
si bien estas declaraciones han dejado presidentes destituidos y funcionarios
en prisión, en México las dos investigaciones federales abiertas por el caso se
encuentran estancadas, como las indagatorias políticamente delicadas en el
país.
De acuerdo con
información publicada por The New York Times, una de las investigaciones que
inició un Fiscal especial identificó a una persona cercana al presidente
Enrique Peña Nieto como sospechoso, pero el Fiscal fue despedido por el
Gobierno en octubre y con ello, el caso detuvo su curso y las respuestas a las
solicitudes de información al respecto tardan meses, señalaron al periódico dos
personas que han tenido acceso a los expedientes más recientes.
Por otra parte, tres
fuentes informadas sobre la trama de corrupción aseguraron al rotativo que la
Procuraduría General de la República (PGR) acumuló la evidencia necesaria desde
hace meses para acusar a los sospechosos, quienes trabajan en Petróleos
Mexicanos (Pemex), pero no se ha avanzado por las fuertes presiones políticas.
Odebrecht admitió haber
pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios de la petrolera, por lo
que Raúl Cervantes, ex Procurador, viajó a Brasil para hablar sobre la
evidencia que las autoridades habían recabado allí.
En la investigación del periodista Azam Ahmed, en
colaboración con Paulina Villegas, se
destacó que México únicamente le prohibió a Odebrecht operar en el país por
varios años, sin embargo, ningún funcionario ha sido acusado por el caso.
Según las tres personas consultadas por The New York Times, actualmente la indagatoria está archivada,
ya que el PRI no puede arriesgarse a enfrentar otro escándalo de corrupción en
la recta final de la contienda electoral.
“Este escándalo va más
allá de afectar la reputación del presidente, que ya está dañada”, afirmó
Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos del sistema anticorrupción del país.
“Con otro escándalo
como éste, se podría venir abajo toda la maquinaria política y su
financiamiento”,
declaró al periódico.
“Esto es más grande que
sólo las elecciones, trata sobre la supervivencia del propio partido”, sentenció.
Además, las personas
cercanas al caso indicaron al medio estadounidense que está confirmado el hecho
de que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore, a
fin de garantizar contratos de infraestructura.
Emilio Lozoya Austin, ex Director de Pemex y miembro de la
campaña del entonces candidato a la Presidencia en 2012, Peña Nieto, fue
acusado por un alto ejecutivo de la constructora brasileña de recibir un
soborno de cinco millones de dólares en 2014, mientras que otros tres altos
funcionarios de Odebrecht aseveraron que Lozoya, de hecho, había recibido más
de 10 millones de dólares en sobornos. Todos los señalamientos han sido negados
por Lozoya.
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