Gobierno de Peña niega móvil político en asesinatos a periodistas.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto rechaza que la violencia, acoso y asesinatos de periodistas tengan un móvil político, y defiende la Ley de Seguridad Interior promulgada el año pasado.

“Si bien se reconoce que existen desafíos muy importantes en materia de violencia, muy respetuosamente no se considera que necesariamente la violencia contra el gremio periodístico tenga un propósito político”, afirma en un documento que presentará en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en respuesta al informe de los relatores especiales sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente.

Ambos relatores visitaron México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017 y elaboraron un informe que harán público el próximo martes 19. Sin embargo, el gobierno de México se adelantó y filtró su respuesta antes de que el informe de la ONU/CIDH se dé a conocer.

El documento del gobierno de México –que será presentado en el Consejo de Derechos Humanos el lunes 18– ofrece respuesta a 31 recomendaciones específicas, orientadas a fortalecer las acciones del Estado en materia de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Sostiene que los factores y motivos detrás de las acciones violentas contra reporteros “pueden ser y son diversos”.

“Por supuesto, el gobierno es consciente de la gravedad que los ataques contra periodistas representan para el gremio, y de ahí que esté implementando y fortaleciendo las acciones tendientes a proteger la integridad y la vida de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se reconoce, por supuesto, el valor de su papel para la vida democrática del país, y se rechaza categóricamente cualquier acto que atente en contra de sus derechos humanos y libertades”, puntualiza el texto que el gobierno de Enrique peña Nieto enviará a la ONU.

Al respecto, los relatores subrayaron en su informe que “el crimen organizado se ha infiltrado profundamente en la vida pública del país, especialmente a nivel de los estados y municipios, como escuchamos de docenas de funcionarios gubernamentales, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Además del uso de violencia en todas sus formas, los actores criminales y autoridades públicas intentan cooptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos.

“El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales”, recalcaron los expertos.

En su respuesta, el gobierno mexicano no profundiza en las razones y propósitos por los cuales los periodistas han sido asesinados, desestimando la importancia de este tema y limitándose a negar móviles de tipo político.

Por otra parte, según lo observado por los relatores, el gobierno no ha podido asignar los recursos necesarios y demostrar voluntad política sobre los mecanismos de protección para periodistas.

“Reconocemos el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero incluso la coordinación de esa protección en los estados no es suficiente. Los mecanismos de protección tienen, de forma sorprendente, recursos limitados considerando el contexto de una crisis nacional. Los mecanismos especializados de rendición de cuentas, a nivel federal y estatal, no han entregado resultados, lo que lleva aún aumento en la frustración”, valoraron los expertos de la ONU/CIDH

“De hecho, la impunidad para estos delitos es la regla general en casos reportados de asesinatos y desapariciones de periodistas”.

A su vez, el gobierno de Peña indica que, de acuerdo con estadísticas, las técnicas de investigación realizadas con control judicial aumentaron de cero en 2016 a 24 un año después y 17 en lo que va de 2018. Las audiencias ante autoridades judiciales, abundó se incrementaron de cero en 2016 a 20 en 2017 y 33 en lo que va de este año.

De igual manera, destaca que en 2016 se giraron cuatro órdenes de aprehensión, 29 el año pasado y 11 en lo que va de 2018. En cuanto al ejercicio de la acción penal, en 2016 se ejerció en 15 ocasiones, 19 en 2017 y en 15 ocasiones este año.

Respecto de los 84 homicidios sobre los cuales se inició una investigación, sostiene que en 37 casos (44.05%) no encontraron relación alguna con el ejercicio a la libertad de expresión, por lo que se determinó la incompetencia. De los 47 registros de homicidios de periodistas derivados de su actividad periodista, actualmente existen 28 en trámite, y de los 19 restantes, en 16 se determinó el no ejercicio de la acción penal, reserva o acumulación, y en tres se ejerció la acción penal.

Además, afirma que el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actualmente brinda protección a 660, de las cuales 370 son personas defensoras y 290 son periodistas. Desde su creación, en 2012, el Mecanismo ha atendido a 890 personas beneficiarias, a fin de garantizar el libre desarrollo de sus actividades, abunda.

Pero, de acuerdo con los relatores, el mecanismo es insuficiente, sin recursos y no ofrece las garantías de seguridad que requieren los comunicadores para ejercer su profesión en plena libertad y sin miedo.

En lo que concierne a la inexistencia de datos sobre ataques a periodistas, el gobierno mexicano subraya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no es la institución responsable de recopilar los datos sobre tales ataques; asimismo, los criterios y la metodología para obtener dichos datos difieren entre las instituciones federales y estatales.

Si bien argumenta que es competencia de las Procuradurías o Fiscalías de Justicia –federal y estatales–, no aclara por qué no hay un registro exacto sobre los ataques a periodistas en el país.

En cuanto a las preocupaciones expresadas por los relatores respecto del derecho a la privacidad en la era digital y la investigación sobre el caso Pegasus, el Estado mexicano informa que, derivado de los hechos relativos a las supuestas tareas de espionaje realizadas a través del software Pegasus, la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), desarrolló un plan de investigación ministerial.

Y hace hincapié en que, a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de las investigaciones sobre el caso, se ha organizado un grupo de apoyo técnico conformado por representantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU (UIT), la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), Héctor Osuna, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y Citizen Lab de Toronto, entre otros.

“Todas las medidas cautelares solicitadas a la PGR, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han sido cumplidas desde el 24 de junio, y se continuará trabajando estrechamente con la CNDH”, apunta.

Y enfatiza que los denunciantes han tenido y tendrán acceso permanente a la carpeta de investigación. “En ese sentido, han propuesto diligencias y se han atendido la mayor parte de sus peticiones”, señala. Incluso defiende la autonomía y absoluta imparcialidad de la FEADLE.

Finalmente, en cuanto a las preocupaciones de los relatores por la Ley de Seguridad Interior y el riesgo que conlleva para el pleno disfrute de la libertad de expresión, el gobierno la defiende reiterando que su papel no es el de regular la actuación de las fuerzas federales.

“El Estado mexicano reitera que el objetivo de la ley no es regular la actuación de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad pública, sino establecer normas claras para que éstas contrarresten las amenazas a la seguridad interior, de manera coordinada, previsible y transparente, cuando la magnitud de dichas amenazas supere las capacidades efectivas de las autoridades responsables, a fin de contar con límites claros a las facultades de las fuerzas del orden en todos los niveles”, cita el texto.

Agrega: “Cabe reiterar que la Ley de Seguridad Interior no busca la militarización de la seguridad pública, sino dotar de certeza jurídica y definir el marco, los criterios y la temporalidad del actuar de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las misiones establecidas, conforme a la organización, adiestramiento, equipo y poder de fuerza con el que cuentan, teniendo como eje el respeto irrestricto a los derechos humanos, al ser un mandato constitucional”.

El gobierno pide a los relatores abstenerse de recomendar la abrogación de la polémica ley. Y considera que dicha recomendación “no resultaría conducente y podría afectar la autonomía e independencia del control judicial señalado”.

Concluye: “En efecto, se considera que, de acuerdo con los principios constitucionales fundamentales, la vía idónea de atención a las preocupaciones expresadas por distintos sectores respecto de la Ley de Seguridad Interior se encuentra siendo desahogada cabalmente”.