El
representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab,
reprobó las agresiones contra el presidente del Comité de Derechos Humanos de
Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, pieza fundamental en la reciente
ola de desapariciones forzadas en aquella ciudad fronteriza de Tamaulipas,
atribuidas a personal de la Secretaría de Marina (Semar).
En conferencia de prensa -en la que
la directora ejecutiva de la oficina en México de Amnistía Internacional, Tania
Reneaum, y el representante del colectivo #SeguridadSinGuerra, Alfredo Lecuona, manifestaron su respaldo al defensor-, Jarab urgió a las autoridades
federales y estatales a esclarecer la campaña de desprestigio, amenazas y
hostigamiento contra Ramos Vázquez, acrecentada a partir de que, desde Ginebra,
el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al
gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar medidas para detener las desapariciones
forzadas.
Además, el
representante de la ONU-DH reconoció la
relevancia del trabajo del defensor para que su oficina documentara 23 casos de
desaparición forzada, así como su rol para organizar una mesa de trabajo entre
familiares de víctimas y funcionarios de alto nivel federal para esclarecer las
desapariciones forzadas.
“Es muy significativo que empiezan
las amenazas cuando el gobierno empieza a tomar medidas, porque los
perpetradores de los hechos violatorios se siente amenazados”, dijo al insistir
en la importancia de que la denuncia presentadas por Ramos Vázquez “sea
investigada debidamente, ya que la impunidad es un factor clave de la
repetición de amenazas en México; todas las amenazas tomadas en serio, tema en
el que también juega un rol el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas”.
Al destacar
que, a partir de la reunión organizada el 7 de junio por Ramos Vázquez, se
activó la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría
de Gobernación (Segob), la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas
Desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV), Jarab
lamentó que el defensor “se convierta en un objeto de campaña de desprestigio”.
Por ello, reiteró el respaldo de la
ONU-DH a Ramos Vázquez y a su organización, así como su compromiso de dar
seguimiento a las denuncias de desaparición forzada.
“En México es muy común recurrir a
campañas de desprestigio contra defensores de derechos humanos”, dijo el
representante de la ONU. Recordó que, en su informe sobre la situación de
defensores en el país, el relator Michel Forst recomendó al Estado mexicano
garantizar “un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos, así como
medidas de protección y prevención efectivas para que los ataque no se
repitan”.
Protección y
búsqueda, pendientes.
Raymundo Ramos Vázquez sostuvo que,
de enero a mayo de este año, su organización ha documentado 51 desapariciones
forzadas atribuidas a personal de la Semar, de las cuales 16 personas han
aparecido sin vida con huellas de tortura y de ejecución extrajudicial.
El defensor destacó que a partir de
que en se retiró el personal de Operaciones Especiales de la Semar desplegado
en Nuevo Laredo, como una demanda de las familias para que se investigara a
esos elementos, “se acabaron las desapariciones”.
Sin embargo,
explicó que hasta ahora los familiares y
testigos de las víctimas siguen en riesgo, sin que les proporcione protección
como se comprometieron las autoridades federales el 7 de junio ante Jarab,
además de que no se han realizado búsquedas de las personas desaparecidas, como
se comprometió el comisionado nacional, Roberto Cabrera.
Agregó que tampoco se ha cumplido el compromiso de
permitir el ingreso a familiares a los cuatro cuarteles de la Semar que están
próximos a Nuevo Laredo, a los que sólo ha entrado personal de la Procuraduría
General de la República (PGR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
Ramos
Vázquez explicó que en las páginas de
Facebook “Nuevo Laredo al Rojo Vivo” y “La Voz del Pueblo2”, se ha difundido
información difamatoria en su contra y que, el pasado lunes 18, en esas páginas
se publicaron fotografías de su hija y su esposa, lo que para el defensor “es
un claro mensaje de que van contra mi familia”.
La campaña de difamación contra Ramos
Vázquez se trasladó en algunos medios de circulación nacional, que involucraban
al defensor con el crimen organizado.
Al recordar que existen dos carpetas
de investigación abiertas en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas
por amenazas y hostigamiento en su contra que “no avanzan”, Ramos señaló que
desde 2011 que ha denunciado desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales atribuidas a marinos, “los riesgos a las familias de víctimas,
a los testigos, a mi integridad, a la de mi equipo y ahora de mi familia se han
incrementado”.
Señaló que, por el ataque desde un
helicóptero de la Marina, hechos en los que murieron tres integrantes de una
familia, uno de los testigos que grabó los hechos, “se tuvo que refugiar en
Estados Unidos”. En tanto que, por las recientes desapariciones, “tres señoras
fueron víctimas de secuestro exprés y otra por 48 horas; además, fueron
amenazadas para no continuar sus denuncias contra la Semar y dejar de
participar en manifestaciones”.
Tania
Reneaum y Alfredo Lecuona se unieron la exigencia por el esclarecimiento de las
amenazas y ambiente hostil contra el CDHNL y su presidente, así como de las
denuncias por desaparición forzada de las que se ha señalado a personal de la
Semar.
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