La violencia y el miedo dejan sin candidatos a municipios de Guerrero.

En Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, Guerrero, se pueden ver calcomanías de la candidata a alcaldesa por el PRD, y mantas del aspirante del PRI, pero ni rastro del aspirante de Morena.

Cuando el candidato presidencial del partido, Andrés Manuel López Obrador, visitó la ciudad, el pasado 2 de junio, el nombre de Luis Avellaneda solo apareció confundido entre otras personalidades locales presentadas en el templete. Pero el candidato a alcalde no estaba ahí. Ni en algún otro punto del municipio. Es solo un nombre que rellenará la boleta electoral. En los hechos, no hay candidato ni campaña.

Nadie en el partido reconoce abiertamente la razón. Él mismo declaró a medios locales –vía telefónica– al iniciar las campañas que había tenido que salir de la localidad para atenderse de un problema de salud. Algo temporal. Pero por lo bajo, todo mundo lo sabe: un grupo criminal lo amenazó y prefirió esfumarse. El candidato ya perdió a su padre, el empresario melonero Jesús Avellaneda Chávez, asesinado en 2012 en Rivapalacio, Michoacán, municipio colindante.

Este es solo uno de los casos en los que no hay campaña o candidato. Fuentes de Morena, quienes pidieron anonimato, aseguraron que lo mismo ocurre en los municipios de Arcelia, Apaxtla de Castrejón, Eduardo Neri y en Quechultenango, donde en noviembre pasado fue asesinado un precandidato a alcalde de Movimiento Ciudadano.

El PRD, que junto con el PRI es el partido más fuerte en Guerrero, también reconoció que hay zonas donde no se puede hacer campaña. Su secretario general a nivel nacional, Ángel Ávila, acudió al estado en mayo pasado para denunciar desde ahí la situación y dijo que en los municipios de Tixtla, Chilapa, Pungarabato y Arcelia hacer campaña era “casi imposible”. Según tenía noticia, al menos 20 candidatos locales habían renunciado a la candidatura por las condiciones de inseguridad.

Solo en el PRI se pide no caer en pánico por las noticias de ataques. El secretario de comunicación del partido en el estado, Francisco Rangel, pidió no atribuir todos los actos de violencia al crimen organizado, y puso como ejemplo el caso de un candidato cuyo vehículo fue baleado en la carretera, pero por un intento de robo que no pasó a mayores. Aseguró que no quiere minimizar las cosas, pero no cree que sea una situación escandalosa.

De cualquier modo, todos los partidos han tenido que corregir sus listas de candidatos en Guerrero por asesinatos o porque el miedo hizo a los nominados cambiar sus aspiraciones. Al 1 de junio pasado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCG) había registrado 440 renuncias a candidaturas, el 5% de los postulados, aunque el organismo no especificó si todas eran por el clima de violencia o por otras razones. A un mes de las elecciones, esta cifra ya significaba 63 renuncias más que las que se dieron en el anterior proceso electoral estatal, en 2015.

Extorsión y cobro de piso por hacer campaña.

“A esa candidata de allá le pidieron 4 millones de pesos para dejarla hacer campaña. Pero es cabrona y les dijo que no”, contó un integrante de Morena señalando a una de sus compañeras de partido, que aspira a un puesto de elección popular.

Sin embargo, al preguntarle con la grabadora encendida, ella se puso seria, fijó la vista y dijo que eso no había pasado.

Es una constante entre políticos locales. Contestar que ya no está tan peligroso como “antes”, que han hecho campaña tranquilos y que no tienen miedo porque no le deben nada a nadie. Aunque su rostro se tense al hablar.

“Es que no podemos decir, pues, porque eso nos perjudica”, confesó después la candidata, pidiendo que no haya entrevista ni se diga su nombre.

-¿Y cómo hacen contacto estos grupos, por teléfono?, se le preguntó.

“Van a la casa de uno… Uno vive aquí, todos saben dónde…”

Operadores de distintos partidos en la región se quejan del control que los grupos del narcotráfico ejercen sobre la política local. Con los cargos federales no se meten y los candidatos pueden ir a hacer eventos, explicaron, pero en las campañas locales, el narco “da permiso” de hacer campaña a unos u otros, dependiendo de si pagan o si creen que puede convenir a sus intereses.

Las extorsiones a candidatos son solo una extensión a la realidad que vive cada día la población y las empresas del lugar, sean del tamaño que sean.

Cuando el mitin de Morena terminó, los que no alcanzaron aguas regaladas por la campaña buscan refrescarse de los más de 40 grados que impone el sol. Pero una Coca-Cola se ha vuelto ahora un bien de lujo. Una botella de 600 mililitros cuesta 16 pesos. El doble de lo que costaba hace tres meses.

Altamirano era la sede de una embotelladora del popular refresco, hasta que decidió cerrar apenas el 23 de marzo pasado, después de que a principios de año comenzara a recibir “constantes amenazas y agresiones por parte del crimen organizado, así como afectaciones a las instalaciones de la empresa”, según informó en un comunicado.

El hecho saló a los medios de todo el país y se coló en la política nacional. Margarita Zavala, antes de renunciar a su candidatura presidencial independiente, utilizó la planta de Altamirano como uno de los primeros símbolos para su campaña presidencial, que en parte se basó en el mismo discurso de guerra contra el narco que tuvo su marido, el expresidente Felipe Calderón.

Escoltada por alrededor de 50 agentes entre policía estatal, federal, gendarmería y del Estado Mayor Presidencial, llegó hasta la fachada, Zavala pronunció un discurso, habló con algunos pobladores, y salió de la misma manera.

Los calentanos se quedaron con sus Cocas a 16 pesos. Aunque saben que el problema no es solo que no haya embotelladora –como no la hay en tantos puntos del país en los que no se paga más cara–. El problema, comentaron, es que además los negocios tienen que pagar una especie de impuesto al crimen organizado, o comprarle al proveedor al que esos grupos indican.

Así, en un municipio en el que 58% de los 41 mil habitantes viven en pobreza, según datos de 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población paga un peso más por garrafón de agua, o el kilo de pollo a casi 100 pesos, cuando en el resto del país promedia a 80.

“En Altamirano se paga por vivir”, dijo resignado un residente local.

Una maldición.

En 2017, el año más violento del que se tenga registro en el país, Guerrero fue el estado con más homicidios dolosos: 2,529 en total, casi siete al día.

El gobierno del estado, junto con los partidos políticos, elaboró en febrero pasado un mapa de riesgo por la presencia de grupos del crimen organizado o conflictos con autodefensas y civiles armados.

El mapa marcó 18 municipios en color rojo, cuatro de ellos en la Tierra Caliente: Zirándaro, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso –donde en noviembre asesinaron al precandidato a alcalde de MC, Ángel Vergara Chamú–, y Pungarabato –cuyo alcalde perredista fue ejecutado en julio de 2016, siete meses después de tomar posesión en el cargo–.

De acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral hasta el 2 de junio Guerrero ha sido el estado con más políticos o candidatos asesinados, 23 en total, 8 de los cuales (35%) eran priistas. Aunque según un Atlas de Riesgo Electoral elaborado por ONGs se eleva hasta en 45 el número de actores políticos que han sido víctimas de atentados o desapariciones y 60 que han recibido y denunciado amenazas, intimidaciones y otros tipos de violencia que no ha implicado su vida.

Uno de los últimos casos ocurrió el 8 de mayo. Abel Montúfar era candidato a diputado local por el distrito 17, que incluye los municipios de Ajuchitlán, Totolapan, Zirándaro y Coyuca, este último, del que ya había sido alcalde. Su auto fue interceptado después de hacer campaña todo el día, y su cuerpo apareció con un impacto de bala en el pecho en la carretera que une Altamirano y Coyuca.

Después del asesinato, el candidato a alcalde por el PRI, Francisco Chávez, no quiso registrarse, y su suplente, Ramiro Gómez Pineda, también presentó su renuncia. Hubo solicitudes de seguridad, pero ningún otro candidato recibió escoltas.

El rival perredista de Montúfar, Fidencio Ixta Rojas, fue uno de los que pidió seguridad al gobierno. Pero ésta nunca llegó. Acompañado solo de sus choferes y ayudantes, mientras recorre esa misma carretera en la que encontraron a Montúfar, Ixta recordó el rosario de muertes y levantones que han sucedido en los últimos dos años contra personalidades de la región.

Poncho Soto, del PRD, de Pungarabato, fue el primero que mataron, como a los 7 meses de su gobierno. Después desaparecieron a Catalino Duarte, que fue presidente municipal de Zirándaro, diputado local de este distrito, el 17, y diputado federal 01; entregó como diputado federal y como a los 7 meses lo desaparecieron ahí en Coyuca de catalán. Después, mataron a Cecilio Pineda, un reportero muy activo en la región. Después matan al suplente del diputado local, a Modesto Carranza. Después matan a Eli Camacho, quien había sido presidente municipal de Coyuca y diputado local por este distrito, también”, dijo en entrevista con Animal Político.

“Y pues ahorita en campañas, al presidente con licencia y candidato del PRI, Abel. Pero para esto, mataron también al precandidato por Movimiento Ciudadano en Ajuchitlán del Progreso en septiembre del año pasado, Ángel Vergara. Su mamá decidió agarrar la candidatura, dice ella: “voy a terminar el sueño de mi hijo”, y ahí anda, queriendo ser presidenta municipal. Ella ya fue presidenta del DIF porque otro hijo de ella fue presidente municipal, que también se encuentra desaparecido…

-¿O sea que a un hijo lo mataron y al otro lo desaparecieron?

“Sí, al que desaparecieron fue presidente municipal. Y también está desaparecido otro presidente municipal de ahí. Como a los 3, 4 meses de entregar el cargo, los desaparecen. ¡Pareciera que es una maldición estar en el poder!”.