En su afán de impulsar sus carreras
políticas a toda velocidad, la dupla que se apoderó de la candidatura
presidencial del PAN –Ricardo Anaya y el dirigente de este partido, Damián
Zepeda– aprovechó el esquema de corrupción creado por Luis Videgaray como
secretario de Hacienda a fin de obtener el apoyo panista al Pacto por México
del presidente Peña Nieto. Y aunque las denuncias de sus correligionarios al
respecto no prosperaron en instancias partidistas, las presentadas ante la PGR
por probables delitos federales siguen vigentes.
Los “moches”, el mecanismo de
corrupción creado en la Cámara de Diputados al calor del Pacto por México, está
bajo investigación de la fiscalía de delitos electorales de la Procuraduría
General de la República (PGR) con dos prominentes imputados: el candidato
presidencial Ricardo Anaya y Damián Zepeda, presidente del Partido Acción
Nacional (PAN).
La PGR atrajo la investigación
iniciada por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y la sumó a otra denuncia que
se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) contra Anaya y Zepeda Vidales por el presunto desvío de
recursos públicos a empresas “fantasmas”, que a su vez habrían financiado
campañas políticas, como la de éste a la alcaldía de Hermosillo, en 2015.
Según la
investigación de carácter penal, “Damián
Zepeda Vidales desvió recursos públicos federales otorgando de manera irregular
licitaciones a empresas supuestamente fantasmas, para luego aterrizarlas en
apoyo a campañas políticas en el proceso electoral 2014-2015”.
La investigación, iniciada en febrero
por la fiscalía especializada de la PGR, incluye las declaraciones
ministeriales de dos miembros del PAN: Alejandro Arturo López Caballero,
expresidente municipal de Hermosillo, y Marcos Evaristo Noriega Muñoz, titular
de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) de
ese ayuntamiento.
Ambos testificaron que Zepeda, en complicidad con
Anaya, les propuso que el ayuntamiento, a través de CIDUE, asignara diversas
obras a empresas contratistas que él determinara, porque éstas, con los
recursos públicos obtenidos, financiarían campañas como la de él a presidente
municipal y la de Noriega Muñoz a diputado, a lo que se negaron los dos.
De acuerdo con la carpeta de
investigación FED/FEPADE/UNAI-SON/0000054/2018, con las conductas de Anaya y
Zepeda se podrían haber cometido delitos del fuero local y también federal, por
lo que se solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) información sobre los
gastos de campaña del PAN en Sonora para la elección de 2015, y a la Unidad
Especializada de Análisis Financiero de la PGR se le pidió “acreditar el flujo
de dinero y a qué cuentas se destinaron, haciendo un cruce de movimiento
bancarios”.
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