Un adulto mayor que trabajó y ahorró
para su retiro tiene derecho a 5 mil 564 mensuales en promedio, mientras que
uno que trabajó en la informalidad vive con 536 pesos mensuales en promedio,
revelan cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).
Esa proyección no es alentadora si se
compara con las cifras de empleo informal actuales: 30 millones de personas
laboran en esa condición, lo que es el 56.7 por ciento de la población ocupada,
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Y el problema es aún mayor para las
nuevas generaciones, ya que los trabajadores que cotizaron antes del 1 de julio
de 1997 tendrán acceso a una mejor pensión de beneficio definido, subsidiadas
con recursos fiscales. Pero, los trabajadores que iniciaron su vida laboral
posterior a julio de 1997 no tendrán acceso a dichas pensiones y al subsidio,
además tendrán que pagar con sus impuestos el creciente gasto pensionario de la
generación anterior, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Los
beneficios de la seguridad social representan derechos laborales adquiridos con
cierto grado de estabilidad en el tiempo –salud, trabajo, pensión y un ingreso–
y es el derecho básico de toda la población y es hoy el derecho con más rezago
en todo el país.
El Coneval,
en su Evaluación Estratégica de Protección Social, detectó que la protección social en México está fragmentada y es
desigual en su nivel de acceso desde 2012.
Estas son las cifras de seguridad
social en la administración de Enrique Peña Nieto: 55.8 por ciento de la
población, es decir, 68.4 millones de personas, carecen de seguridad social.
El Consejo
explica que aunque hay programas
sociales para cubrir ese derecho, hay una fragmentación en la cobertura, ya que
no benefician a toda la población; que hay fallas en la coordinación entre
entidades y dependencias para entregar los beneficios a la población vulnerable
y en condiciones de pobreza y además, no se cuentan con los instrumentos
eficaces para la población vulnerable en áreas urbanas.
La seguridad social se financia
principalmente con aportaciones “tripartitas”, explica Coneval en su estudio:
trabajador o trabajadora, empleador y gobierno, “sobre todo de los dos
primeros”.
El Gobierno Federal y algunos
gobiernos estatales crearon programas no contributivos, como el Programa de
Apoyo al Empleo, el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), el
programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el Pensión
para Adultos Mayores (PAM)– y el Seguro de Vida de Jefas de Familia a nivel
federal.
En lo que se refiere a pensiones,
dentro del esquema contributivo se encuentran las otorgadas por la seguridad
social, principalmente a través del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), y los esquemas especiales de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y regímenes estatales.
Estas pensiones están ligadas a una relación laboral.
De acuerdo
con Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad
del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), existe una visión incompleta del problema, ya que se debe procurar que
la seguridad social esté en las personas y no en el empleo de éstas,
“desacoplar la seguridad social del trabajo y concentrarla en la persona”.
“Eso no se ha entendido en las
reformas que se han intentado. Ha habido varias propuestas al respecto, por ejemplo,
Enrique Peña Nieto como candidato manejó la idea de una seguridad social
universal. Cuando llegó al gobierno realizó una importante Reforma Hacendaria,
pero no destinó los recursos para financiar la seguridad social realmente
universal no contributiva. Se quedó muy lejos y seguimos sufriendo las
consecuencias de posponer el problema de universalizar la seguridad social”, comentó De la Torre en entrevista
con SinEmbargo.
Agregó que el hecho de la situación
económica complicada que vive el país le da muy pocos márgenes de maniobra en
las cuestiones fiscales y frente al endeudamiento de los últimos años no hay
oportunidades para financiar proyectos ambiciosos como la seguridad social
universal, pero que con un saneamiento de las finanzas públicas se podrían
obtener ingresos adicionales para plantear “el respeto a los derechos sociales,
en particular el de salud y el de una pensión digna”.
LOS NÚMEROS
DE CONEVAL.
Para Coneval, uno de los objetivos
principales de los esquemas de seguridad social es ofrecer a las y los
trabajadores protección económica y de salud ante la vejez, la discapacidad y
la muerte, así como ante la maternidad, enfermedades y accidentes que ocasionen
incapacidad temporal para trabajar.
Para 2016, el IMSS registró un gasto
de 67.2 millones de pesos por concepto del pago de 276 mil 053 jubilaciones y
pensiones, de los cuales 214 mil 903 (77.8 por ciento) fueron jubilaciones por
años de servicio, mientras que 35 mil 196 fueron pensiones otorgadas
directamente a las o los trabajadores que representan 12.8 por ciento del
total. También se otorgaron 25 mil 954 pensiones por fallecimientos, que
significan el 9.4 por ciento del total.
Lo anterior,
revela que para 2016 poco más de 90 por
ciento de las personas que recibieron una pensión por el IMSS estuvo
directamente relacionada con su edad.
Actualmente,
26.0 por ciento de las personas mayores
de 65 años no tienen algún tipo de pensión o programa de apoyo económico.
En lo que se
refiere a pensiones contributivas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en
2016 sólo 31 por ciento de las personas mayores de 65 años estaban cubiertas y
los deciles más bajos eran los más desprotegidos, es decir, los que presentaban
mayor condición de pobreza.
Por otro lado, el 60.2 por ciento de
los adultos mayores en el decil 10 –los de más ingresos y poca o cero condición
de vulnerabilidad– contó con una pensión, el porcentaje era de sólo 1.9 para el
decil con menores ingresos.
Un adulto mayor con pensión
contributiva recibió 5 mil 564 pesos en promedio al mes; mientras que un adulto
mayor beneficiario de programas de apoyo no contributivos recibió 536 pesos en
promedio, “lo cual refleja la fragmentación y diferenciación en la cobertura y
beneficios del sistema de protección social”, puede leerse en el estudio.
La situación se agudiza en la
población indígena donde ocho de cada diez personas nunca han contribuido a la
seguridad social, lo que significa que no contarán con una pensión o jubilación
contributiva al final de su vida laboral –con las prestaciones sociales que
esto implica– y podrían depender solamente de los programas sociales y
pensiones no contributivas.
LA
INFORMALIDAD.
Otro factor que aborda el estudio de
Coneval es la informalidad y sus consecuencias.
“La intermitencia entre el mercado
laboral formal e informal, es decir el tránsito de trabajadores y trabajadoras
entre estos dos sectores, afecta la densidad de cotización”, señala.
El promedio de los cotizantes al IMSS
es de 42.9 por ciento, lo que sugiere que en promedio las y los trabajadores
pasan más de la mitad de su vida laboral en la informalidad.
Para 2017 el salario promedio de cotización al IMSS
fue de 334.21 pesos (4.2 salarios mínimos), mientras que, para diciembre de
2016, 36.5 por ciento de las y los cotizantes trabajadores al IMSS, lo hacían
con uno y dos salarios mínimos.
“Aun cuando las y los trabajadores
logren cumplir con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para
tener derecho a recibir una pensión, el bajo nivel salarial de cotización puede
llevar a que no acumulen los recursos suficientes para obtener una pensión
financiada totalmente por su cuenta individual, y serán sujetos a recibir una
Pensión Mínima Garantizada como lo estipula el artículo 170 de dicha Ley”, agrega el estudio.
Para el
investigador del CEEY, las cifras de
Coneval muestran que se está ante un problema que corresponde a la acumulación
de población que ha estado fuera de la formalidad y que llega a la edad de
retiro sin manera de financiar su vida y que sobre todo llama la atención la
enorme desigualdad que hay entre lo que recibe una persona que sí tuvo acceso a
una seguridad social formal, respecto a los que están sujetos a pensiones que son
por completo proporcionadas por el gobierno y que no pudieron tener ahorro de
su retiro.
“Las políticas de formalización de
empleo de este gobierno son absolutamente insuficientes. En once años se ha
reducido la informalidad en uno o dos puntos porcentuales, pero prácticamente
comenzamos con un 60 por ciento de la población ocupada en la informalidad. A
este ritmo nos tomaría 80 años o 120 años acabar con la informalidad y no es
posible que confiemos en que ese tipo de políticas nos lleven a resolver el problema
porque se necesita un enfoque absolutamente diferente, en el que se pueda
proporcionar la seguridad social de forma universal”, concluyó De la Torre.
En este
sentido, datos de la Consar, muestran
que el envejecimiento poblacional que se vive en México –y que es una tendencia
mundial– incrementó la tasa de dependencia, definida como el número de personas
de 65 años o más sobre el número de personas en edad de trabajar entre 15 y 64
años.
“En 1950, la población mundial de
adultos mayores era de 128.81 millones de personas, representando 5.08 por
ciento de la población total y la tasa de dependencia era de 8.4 por ciento, es
decir, por cada 100 personas de 15 a 64 años había 8.4 adultos mayores. Se
estima que en 2050, 15.82 por ciento serán adultos mayores, equivalentes a
1,546.06 millones, con una tasa de dependencia de 25.2 por ciento. En 1950 en
México los adultos mayores representaban 3.47 por ciento de la población (971
mil personas), con una tasa de dependencia de 6.4 por ciento”, informó la Comisión en un comunicado
de prensa.
Y agrega que para 2050 se estima que
este porcentaje aumente a 18.79 por ciento (30.87 millones de personas) y la
tasa de dependencia sea de 29.22 por ciento.
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