Padres y
madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto un posicionamiento claro y
público frente a la sentencia del Poder Judicial de la Federación que ordena la
creación de una comisión especial investigadora, en la que tengan participación
preponderante sus representantes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH).
En
conferencia de prensa, después de cuatro días de difundida la sentencia del
Primer Tribunal Colegiado del Circuito Décimo Noveno, el director del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón añadió que a unos días de que se lleven a cabo elecciones,
es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien al respecto del
ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia
le corresponderá implementarla al próximo gobierno.
“Hasta ahora dos de los candidatos,
Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, han hablado de mecanismos
especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora a la luz de
la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”, dijo Patrón Sánchez.
Acompañados
de Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez
(Centro Prodh), así como de Vidulfo Rosales y Humberto Guerrero, del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de Fundar Centro de Análisis e
Investigación, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en
Iguala en septiembre de 2014, hicieron
un reconocimiento a los “valientes magistrados” por la sentencia que reconoce
múltiples irregularidades además de indicios de tortura contra algunos de los
indiciados.
A la sentencia inesperada se sumó
esta semana la difusión del informe Mecanismo especial sobre Ayotzinapa, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que confirmó
irregularidades en el caso y refrendó la inviabilidad de la versión oficial que
sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas
vaciadas en el Río San Juan.
“El basurero de Cocula quedó
sepultado y la verdad histórica fue hecha pedazos”, celebró María Elena Guerrero
Vázquez, madre de una de las víctimas, quien recordó que tanto la sentencia del
tribunal como el informe del Mecanismo, conformaron que “nosotros teníamos razón”.
Mario César
González Contreras, exigió al presidente
Enrique Peña Nieto que “acate el resolutivo del poder judicial y muestre
voluntad de garantizar que va a ser posible que ponerse la comisión de
investigación de la verdad y la justicia ordenada en la sentencia”.
Al señalar que si del agotamiento de
la sentencia los inculpados son liberados, “será problema de la Procuraduría
General de la República (PGR) por armar un caso sobre torturas”, agregó.
González
Contreras también puntualizó en que Peña
Nieto debe poner las bases para la operación de la comisión, “antes de que se
vaya, tiene la oportunidad con ello de tener un poquito de dignidad”.
Blanca Nava destacó que la sentencia da “nuevas
esperanzas”, toda vez que la sentencia recomienda la participación de
organismos internacionales y de manera particular el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI).
Al destacar
que para las familias “la única
reparación del daño es que regresen nuestros hijos”, Nava admitió que para los
padres y madres resulta esperanzador ver que “existen personas que si quieren
llegar a la verdad y hacer su trabajo, como esos valientes magistrados”.
Cristina
Bautista agradeció por su parte a los
relatores de la CIDH, Esmeralda Arosamena y Luis Ernesto Vargas, por su informe
anual, en el que se marcan líneas de investigación que tendrá que seguir la
nueva comisión de investigación.
El vocero de
los padres, Felipe de la Cruz, puntualizó
que “una vez más se confirma que nunca existió la verdad histórica” y que el
resolutivo judicial confirma que “la justicia es lenta, pero llega”.
Vidulfo
Rosales destacó que una vez que el
tribunal notifique a las partes la sentencia, el Ministerio Público tendrá diez
días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes
del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio al orden
de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden en el
caso de los inculpados es una investigación por las denuncias de tortura y una
reposición de procedimiento, sobre un caso que fue construido sobre montajes, y
una vez que ello ocurra, se podrá dar lugar a la creación de la comisión, en
los siguientes diez días”, apuntó Rosales.
Humberto
Guerrero explicó que la sentencia “no le
quita al ministerio público sus facultades de investigar, pero si le impone
contrapesos a través de la actuación de la CNDH y la representación de los
padres y madres, toda vez que los magistrados determinaron que la PGR tenía un
conflicto de interés en el caso”.
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